Informe de INDH: población cree que pueblos originarios son violentos y rebeldes

UN TOTAL de 1.585.680 personas, correspondiente al 9% de los habitantes en el territorio nacional, pertenece a algún pueblo originario, según detalla la encuesta Casen 2015. Sin embargo, la población, en general, no parece tener una buena imagen de ellos. Al menos así lo muestra el Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile 2017, elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que establece que la ciudadanía cree que los pueblos originarios no se caracterizan por ser personas trabajadoras (63,1%), ni agradables (71,7%), ni humildes (65,7%), ni educadas (73,4%), ni solidarias (69,3%); y que parte de sus integrantes tienden a ser violentos (81,6%), rebeldes (82,9%), flojos (69,1%), extraños (65,2%) y desagradables (67,4%). Cifras que sorprenden, pero a la vez resultan preocupantes y plantean el desafío de cómo revertir estos estereotipos para que no exista discriminación.

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"Los datos que levantamos en el informe plantean temas concretos acerca de las percepciones que hay en torno a los pueblos indígenas y que tienden a ser negativas. Al analizar las cifras, se establece que son bastante generalizadas, sobre todo cuando se habla de pueblos en particular, como los mapuches", dice Dhayana Guzmán, jefa subrogante de la Unidad de Estudios de INDH. Añade que a ello se suma que más de la mitad de la población los considera responsables de las situaciones violentas que experimentan, percepción que se agudiza en los segmentos socioeconómicos altos y medios, así como en las zonas norte y sur. "O sea, 60,9% cree que hay un grado de responsabilidad en la situación en que se encuentran ya sea pobreza o analfabetismo. Como país tenemos que empezar a hacernos cargo de ello", agrega Guzmán.

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Sin embargo, los resultados no parecen sorprender "porque reflejan, en parte, el prejuicio y la discriminación que aplicamos a los pueblos originarios y, desde un tiempo a esta parte, también contra los inmigrantes centroamericanos", dice Mauricio Campusano, director ejecutivo de VincularLAB, laboratorio de vinculación para empresas y personas.

Rodrigo Cerda, economista de Clapes, en su artículo titulado "Situación socioeconómica reciente de los mapuche: 2009-2015", analiza los ingresos ocupacionales de los mapuches de nuestro país y especialmente de aquellos que viven en la Región de La Araucanía. El autor concluye que los ingresos de los mapuches se encuentran por debajo del promedio nacional -lo que se traduce en tasas de pobreza y de indigencia más altas que el promedio nacional-, situación que se explica, principalmente, por las brechas en educación existentes entre mapuches y no mapuches que, si bien se han ido cerrando con el paso del tiempo, todavía son de enorme magnitud. Además, en 2015 la población mapuche percibía ingresos de $330.000, en promedio; cerca de $140.000 menos que el chileno no mapuche promedio. La brecha entre ambos ingresos promedio llega al 30%, aunque se ha ido cerrando con el paso del tiempo (en 2009 era 38%).

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El informe del INDH también hace referencia a la discriminación arbitraria por motivos de "raza" o la pertenencia étnica en ámbitos diversos como el laboral, que puede expresarse en un salario menor o exclusión de un puesto de trabajo por su nacionalidad o rasgos físicos. En ese contexto, la Casen 2015 reporta que el 19,3% de los hogares de origen indígena declaró que algún miembro del hogar fue discriminado o tratado injustamente en los últimos 12 meses, en comparación con el 14,6% de hogares no indígenas que declara lo mismo. Respecto de los motivos de dicha discriminación, los principales son el nivel socioeconómico, la ascendencia indígena y la apariencia física.

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"Hay mucho desconocimiento respecto de la realidad indígena actual", señala Isabel Aninat, investigadora del Centro de Estudios Públicos. Por ejemplo, sostiene, el Estado ha mantenido políticas enfocadas en el mundo rural, como es el caso del programa de educación intercultural bilingüe. Sin embargo, hoy los indígenas urbanos son la mayoría. El libro "El pueblo mapuche en el siglo XXI. Propuestas para un nuevo entendimiento entre culturas en Chile" publicado por el CEP, señala que la migración de los mapuche a la ciudad no es un fenómeno reciente. Naturalmente, esto presenta desafíos importantes para los mapuches y las políticas públicas. Por un lado, los migrantes experimentan una suerte de dualidad", ya que realizan su vida diaria en la ciudad, pero sienten nostalgia, sentimiento que los mantiene vinculados a su comunidad. Esta paradoja también está presente en las cifras: por una parte, la encuesta CEP al pueblo mapuche revela una percepción de pérdida de la cultura ancestral cuando las personas se mudan a la ciudad (más acentuada entre aquellos que viven en zonas rurales) y, por otra parte, cuando la pregunta refiere a la percepción personal, un 76,5% expresa que la vida en la ciudad es un obstáculo para la reproducción de la cultura y del "ser mapuche". Ahora bien, el Estado promulgó la Ley Indígena y el informe de Nuevo Trato y Verdad Histórica con el fin de generar una nueva relación entre el pueblo mapuche, el Estado y la sociedad como un todo. En ese esfuerzo los logros son escasos.

Aninat detalla que en ese marco, el proyecto de ley del ministerio y el proyecto de pueblos indígenas debieran ayudar a una mirada distinta a las políticas públicas. "En todo caso, los cambios culturales siempre son lentos y muchas veces hay aspectos simbólicos que ayudan".

En su informe, el INDH recomienda al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de Desarrollo Social, diseñar políticas públicas para el pueblo mapuche que promuevan el diálogo intercultural y fomenten la paz en las zonas en conflicto. Así, se cumpliría "con lo establecido en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, en especial lo relacionado con el pleno goce de los derechos humanos y libertades fundamentales".