¿Qué institucionalidad debe resguardar la protección de datos personales ?

La existencia de un órgano que reúna el resguardo para la protección de datos personales y del acceso a la información pública es uno de los anhelos del Consejo para la Transparencia.

El presidente de la institución, Marcelo Drago, insiste en que es el Consejo la institucionalidad llamada para cumplir dicho rol, porque ya cuenta con la supervigilancia de uno de estos derechos junto a toda una estructura que a sus 10 años de creación ha funcionado correctamente .

¿Por qué tiene que quedar la tutela de la protección de datos en el Consejo para la Transparencia?

-La experiencia internacional apunta a que exista una sola institucionalidad que se haga cargo del derecho de acceso a la información pública y del derecho de la protección de datos personales. En un encuentro internacional en Hong Kong a fines de septiembre de este año, se mostró una encuesta de 78 autoridades de protección de datos personales, en que 38 compartían las dos competencias. Estamos hablando de casos como Inglaterra, Australia, México y Argentinas. Entonces, ese es el estándar internacional y no es otro. Creo que falta abrir mucho más este debate.

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¿Cuáles serían los beneficios para el país que esta la institucionalidad quede en el Consejo?

-Primero, el Consejo para la Transparencia es un órgano que ya está probado y hemos visto que funciona bien, Segundo, porque como ya lo mencioné la experiencia internacional apunta a tener las dos competencias unificadas en una sola autoridad para evitar los conflictos, litigiosidad y poder tener los criterios uniformes. Y tercero, porque los costos son más bajos.

En ese sentido, ¿cuáles serían los costos si el Consejo se hace cargo?

-De hacernos cargo, los costos que implica no son muy distintos a los que está planteando el Ejecutivo. El Gobierno señala un costo cercano a los $1.400 millones. Nosotros planteamos un costo similar, cercano a los $1.500 millones. Pero sumado a eso, hay un aprovechamiento de economía de escala e infraestructura.

¿Y qué cambios deberían hacerse al interior del Consejo?

-Se requerirá rediseñar el Consejo para la Transparencia para poder absorber esta responsabilidad, tanto a nivel estructural como a nivel de órgano decidor. Cuando se estaba viendo el ante proyecto de ley , el Consejo hizo una propuesta que contemplaba subir el número de consejeros de los actuales cuatro a seis para constituir dos salas con tres consejeros cada una, una que vea los casos de acceso a la información y otra que vea los casos de protección de datos. También se analizó otra propuesta que planteaba la existencia de cinco consejeros en una sala que tenían delegados independientes para la protección de datos, por un lado, y para el acceso a la información pública, por otro lado, donde el Consejo directivo resolvía en pleno.

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¿Y los consejeros tendrían que ser de dedicación exclusiva?

-Con ese rediseño institucional, los consejeros tendrían que tener dedicación exclusiva y con otro esquema de inhabilidades que mejoraría el trabajo de todos.

Uno de los principales impulsores de la idea de actualizar la legislación existente en materia de protección de datos personales ha sido el presidente de la Comisión de Constitución del Senado,Felipe Harboe. El parlamentario PPD, que presentó una moción en enero y que fue sumado al proyecto de ley que ingresó con posterioridad el Ejecutivo, revela los avances y aclara las dudas sobre la insitucionalidad de la futura Age ncia de Protección de Datos.

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¿Qué cambios se han realizado a la Agencia de Protección de Datos para garantizar mayor nivel de autonomía?

-En primer lugar, en el proceso de nombramiento del director de la Agencia de Protección de Datos interviene el Sistema de Alta Dirección Pública, el que debe velar por el carácter eminentemente técnico de los candidatos. Luego de ello, la ADP debe proponer una terna de postulantes al Presidente de la República, quien deberá nominar a uno de ellos, el cual además debe ser ratificado por el Senado, es decir, intervienen dos poderes del Estado, el Ejecutivo y Legislativo, más el sistema ADP. Luego, el proceso de remoción del director también incorpora un elemento que no lo haga depender de la autoridad de Gobierno. Las causales de remoción están establecidas en la Ley para que el jefe de Estado no la lleve a cabo a su antojo y además, dicha remoción tiene que ser también validada por un informe de la Corte Suprema. Con ello se garantiza que la autoridad elegida no tenga dependencia directa del Presidente de la República.

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De acuerdo al proyecto original, la Agencia de Protección de Datos sólo iba a sancionar a las empresas privadas ¿Esto continúa así?

-El procedimiento va a ser exactamente igual para órganos públicos y privados.

¿Y cómo se efectuará sobre los órganos públicos?

-En este caso, la Agencia de Protección de Datos aplicará una sanción y el encargado de hacerla cumplir como corresponda será la Contraloría.

El Consejo para la Transparencia ha solicitado ser el tutor de este derecho ¿Por qué con el Ejecutivo no se tomado esta alternativa?

-La evidencia nos señala que en países en donde a los encargados del acceso a la información pública se les encomienda la función de la protección de los datos personales se desnaturaliza su misión original, dada la creciente economía basada en los datos. Creo que el Consejo para la Transparencia lo ha hecho muy bien y creo que encomendarle una labor que puede significar de acuerdo a los estudios de la Uniiversidad de Chile entre un 60% y 80% de incremento de carga laboral puede poner en riesgo la eficacia y eficiencia que han mostrado hasta hoy.

¿Cómo se puede lograr la coherencia entre ambas autoridades sin estar unidas?

-Tenemos una norma de coordinación aprobada que establece que en el evento en que haya una información que corresponda en materia de transparencia, la Agencia de Protección deberá enviarla al Consejo para la Transparencia, y viceversa.