La Polar reactiva juicio contra ex ejecutivos y pide congelar bienes de Alcalde, Farah y Grage

Un plan que deje sin margen de acción a sus ex ejecutivos se autoimpuso La Polar en tribunales civiles a fin de obtener algún grado de indemnización por los perjuicios ocasionados tras el escándalo financiero.

La Polar solicitó decretar una medida prejudicial precautoria sobre una serie de bienes de Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Santiago Grage, su ex presidente, ex gerenta de Administración, y ex gerente de finanzas, respectivamente.

Tal es el interés de La Polar de acceder a la cautela de los bienes inmuebles de los demandados que incluyó una tasación respectivamente para cada uno de ellos. Es el caso de Pablo Alcalde, quien según la multitienda registra dos casas, una de ellas en la comuna de Lo Barnechea y otra en Zapallar. Ambas suman un valor de $779 millones.

El caso de María Isabel Farah es particular. La ex ejecutiva acumula a su haber seis departamentos distribuidos en distintos puntos de la capital. Todos suman una tasación que alcanza los $508 millones. Respecto a Santiago Grage, La Polar apunta a un departamento de la comuna de Independencia, cuyo valor de tasación fiscal asciende a $13.325.535.

A dos años de interpuesta la demanda de La Polar por $46.381.793.561, el objetivo actual de la compañía es que el tribunal acoja la petición y se prohiba a los demandados celebrar actos o contratos respecto a dichos bienes.

Esto último más aún debido a que los antecedentes de los demandados son graves, según el escrito elaborado por los abogados Macarena Oyarzún y Sergio Yavar.

“A los graves hechos que se imputan en nuestra demanda y la enorme verosimilitud de los mismos (…) se suma una infinidad de demandas civiles de indemnización de perjuicios interpuestas contra los demandados, por varios miles de millones de pesos, las cuales ciertamente merman nuestras expectativas de poder cobrar las sumas de dinero reclamadas en este procedimiento”, consigna La Polar a través de sus representantes.

Historial

Según La Polar, a los demandados “no les bastó cometer innumerables ilícitos de carácter civil y penal, causándole enormes perjuicios a su empleadora llevándola incluso al borde de la quiebra, sino que en una actividad totalmente reprochable y temeraria, enajenaron todos sus activos o constituyeron usufructos a favor de familiares”.

En efecto, los demandados “liquidaron sociedades conyugales que tenían más de 30 años de antigüedad y cambiaron y constituyeron sociedades”, algo que “sólo se detuvo una vez que se decretaron medidas precautorias en sede penal”.

El 25 de enero de 2011, Pablo Alcalde tras 34 años de matrimonio, en la notaría de Raúl Undurraga, sustituyó el régimen de sociedad conyugal por el de separación total de bienes con su cónyuge María Inés Lagos Salas. Posteriormente a los pocos días de estallado el escándalo, procedió a la liquidación parcial de la comunidad con su cónyuge.

En dicha cita quedó constancia que los activos ascendían a $11.998.784.143. “Todos los activos que se liquidaron sólo le fueron adjudicado a la mujer. Absolutamente nada se le asignó al señor Alcalde, manteniéndose la comunidad de los bienes no liquidados”, remata el escrito.

En tanto, La Polar explica que el 28 de junio de 2011, María Isabel Farah constituyó usufructos respecto de sus seis propiedades, algunos de ellos de carácter vitalicio a favor de su hija, Katherine D Angelo, de su hermana, sobrinos y otros.