Las universidades públicas (estatales y no estatales)

EN LA COLUMNA titulada "Lo público y lo privado en la educación superior", publicada el martes 5 de diciembre en PULSO, el rector de la Universidad del Bío Bío (UBB), Héctor Gaete, se refiere al modo en que nos definimos las instituciones que conformamos la Red de Universidades G9, como "universidades públicas no estatales", y se pregunta por qué usar una negación o, incluso, por qué seguir un camino, a su juicio, de simulación de identidad.

Ello nos permite reiterar nuestra visión sobre el uso de los conceptos "público", "privado" y "estatal", como lo hemos explicado en otras múltiples ocasiones. Partiendo de la base de que coincidimos plenamente con él cuando señala que para alcanzar el desarrollo necesitamos de la alta calidad de todas las instituciones de educación superior en sus territorios, sin distinción de su naturaleza jurídica, sí vemos con preocupación cómo en la discusión de la reforma en tramitación en el Congreso se hace uso de estos conceptos.

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Lo público es un adjetivo de diversas acepciones y entre ellas podemos nombrar algunas relacionadas al tema que nos convoca: lo que afecta a los ciudadanos; que es accesible libremente o lo que está destinado a lo público. Sin embargo, en la discusión, a veces influida por marcos ideológicos, algunas visiones asumen lo público como si fuera un atributo exclusivo de "lo estatal", lo cual claramente ya hemos demostrado conceptualmente y con hechos no sucede así.

Especialistas y políticos ya han reconocido lo anterior, sosteniendo que "lo público supera lo estatal" (Fulvio Rossi), que "la universidad pública no es monopolio estatal" (José Joaquín Brunner), o que "se pretende inferir que la universidad pública sería de propiedad estatal, una corporación de derecho público y que sólo ofrece bienes públicos, pero tal situación es hoy inexistente" (Rigoberto Parada).

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Este último autor llega a esta conclusión al analizar en profundidad tres dimensiones -la de propiedad, de legalidad y la económica- que son combinables entre sí y revelar que una universidad pública (estatal o no estatal) genera ampliamente bienes públicos, esto es, no se enfoca en producir con preeminencia beneficios privados apropiables.

Continuar afirmando simplistamente que el Estado detenta un monopolio público, es desconocer la historia de nuestro país e ideologizar un debate que ya está caracterizándose en exceso por una gubernamentalización de la educación superior. Es evidente que esto causa abiertamente un daño que no se condice con la búsqueda genuina del mejoramiento del sistema de educación superior chileno.

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A lo largo de la historia, las universidades públicas no estatales de la Red G9 hemos aportado, solidaria y subsidiariamente al desarrollo social, tecnológico, económico, cultural y moral de las regiones y del país en su conjunto. Nuestro quehacer ha obedecido a un compromiso, rol y vocación pública, entregando evidentes bienes públicos, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida y la movilidad social a través de la educación.

Como Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) asumimos esta vocación pública, formando personas con competencias socio-emocionales y éticas-valóricas; generando y transfiriendo conocimiento, en constante vinculación además con el entorno.

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En la discusión de los sucesivos proyectos de reforma del sistema de educación superior, que apoyamos como un vehículo para el desarrollo del país y el acceso de los jóvenes a la formación terciaria de calidad, no hemos visto plasmado un reconocimiento claro a este rol público. Por el contrario, observamos elementos y tendencias que pretenden radicar la verdadera educación y valoración del aporte al desarrollo del país, única y exclusivamente en las universidades estatales.

El trato preferente que el Gobierno ha impuesto a través de una ley de fortalecimiento propia y de fondos públicos garantizados, resulta discriminatorio entre las universidades del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (Cruch).

Confiamos en la rigurosidad, cordura y sensatez de los políticos que tienen a su cargo los próximos pasos legislativos de la normativa, que sabrán reconocer en la diversidad de proyectos educativos el aporte público que cada uno de ellos hace al desarrollo del país.

*El autor es abogado, magíster en administración de empresas y rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC).