Alfredo Moreno: “¿Por qué las concesionarias debieran tener una ayuda sustantivamente superior a la de cualquier otra empresa chilena?”

Alfredo Moreno no pierde la calma ni sube el tono de voz. Pero su discurso es inamovible. El Ministerio de Obras Públicas enfrenta una serie de reclamos de empresas concesionarias que han visto reducidos sus ingresos por la pandemia y que quieren compensaciones de parte del Estado. Moreno responde que aquello no corresponde, que los contratos no consideran la imprevisibilidad y que el Estado también ha perdido ingresos. Con casi dos años en el cargo, Moreno, un ingeniero que ha sido presidente de los empresarios, canciller y ministro de Desarrollo Social, dice que la concesionaria del Aeropuerto de Santiago, el caso más emblemático de todos, quiere transferir sus pérdidas a los chilenos. Nueva Pudahuel, la concesionaria, invirtió US$ 1.000 millones en una ampliación que permitirá elevar la capacidad del terminal desde 16 a 38 millones de pasajeros al año y reclama más de US$ 400 millones en el Panel Técnico de Concesiones.

¿El MOP está en conflicto con las concesionarias?

No, para nada. Las discrepancias que tenemos son las usuales con los distintos concesionarios y se ahora han agregado las que tienen que ver con la pandemia, que básicamente son las autopistas urbanas, por el sistema tarifario, y los aeropuertos, que han sido muy golpeadas por la pandemia. Hay otro tipo de concesiones que no han sido afectadas, como embalses, hospitales, carreteras interurbanas, cárceles. Una buena parte de los aeropuertos, la mayoría, tampoco ha tenido dificultades porque tienen un sistema de plazo variable y si bajan los ingresos, se alarga el plazo. En los períodos que son buenos, se acorta el plazo, y obtienen al final un monto que es el mismo.

El MOP ha asumido que puede haber un aumento de la litigiosidad por la pandemia.

Pero concentrado en los que tienen afectación en sus ingresos.

¿Cuántas firmas están en esa situación?

Hoy tenemos dos autopistas urbanas con las que tenemos litigios en la comisión arbitral y tres aeropuertos, de los 11 que están concesionados.

Y la concesionaria del hospital Félix Bulnes.

Pero es un caso distinto: ha sido usado para efectos del coronavirus. No se afectan sus ingresos y ellos consideran que han tenido más costos y que deben ser compensados.

Y el Movistar Arena, otra concesión de plazo fijo...

Exacto, y se parece al aeropuerto: tiene ingresos bajos y tiene un plazo fijo de concesión.

¿Entonces es una litigiosidad acotada?

El sistema tiene un sistema para resolver diferencias y tiene siempre un cierto número de litigios. Voy a poner el caso del aeropuerto de Santiago, que es el que más ha salido en la prensa, tenemos 14 litigios anteriores, por distintas razones, y que se han resuelto en las comisiones y los paneles. Este es el número 15.

Pero es el más significativo.

Si duda es el más significativo. Vamos a tener algunos litigios adicionales porque algunos concesionarios pretenden intentar transferir la pérdida al Estado y nosotros consideramos que no corresponde. Hay una legítima contraposición de intereses (…) Con el aeropuerto de Santiago tenemos grupos de trabajo, en otros aspectos, no solamente en lo que se ha publicitado tanto, que es cambiar el contrato, sino que en cómo podemos trabajar, por ejemplo, para tener menos gastos en el aeropuerto, ya que hay menos pasajeros, o como podemos resolver de mejor forma los litigios anteriores de forma más rápida, para que tengan financiamiento. Cosas que sean de beneficio mutuo. A lo que no estamos abiertos es a transferir los costos desde quienes corresponde, que son los concesionarios y de acuerdo al contrato, al resto de los chilenos.

Pero esta no es una situación en la que tenga responsabilidad el concesionario.

No hay duda. Tampoco es responsabilidad del Estado de Chile ni tampoco de los chilenos.

¿No corresponde una posición menos inflexible de parte de la autoridad?

Este tema se discutió muchísimo cuando se hizo la nueva ley de concesiones el 2010 y quedó muy claro que los hechos imprevistos no generaban un cambio del contrato. Todos los que licitaron con esta ley lo tenían clarísimo. Hoy ni la ley ni las atribuciones que tienen los funcionarios públicos, incluido el ministro, podrían cambiar los contratos. Además, en la mayoría de esos contratos hay una repartición de ingresos, por lo tanto, ya hay una distribución del costo del problema. En el caso del aeropuerto de Santiago, tres de cada cuatro pesos de ingresos los recibe el Estado. Si el concesionario dice que ha tenido una tremenda baja en sus ingresos, el Estado ha perdido tres veces más. No hay ninguna duda que no es responsabilidad de los concesionarios ni de los chilenos ni del Estado de Chile.

¿Ustedes no tienen ánimo de negociar?

Tenemos ánimo de negociar todas las cosas que sean de beneficio mutuo, no de hacer cosas que sean beneficio para una parte y pérdida para los chilenos. Los concesionarios tienen además las mismas ayudas que el resto de las empresas. Ellos han estado haciendo uso del seguro de desempleo, tienen una parte importante de sus trabajadores suspendidos. La pregunta central es ¿por qué debieran tener una ayuda sustantivamente superior a la de cualquier otra empresa chilena, cuando hoy el Estado de Chile tiene tantas responsabilidades?

Pero ellos no piden pagos inmediatos, sino extender sus concesiones.

Ellos en su presentación ante el Panel de Concesiones estimaron su pérdida. Lo que le están solicitando al Estado de Chile son más de US$ 400 millones

¿Y le parece sobredimensionado?

En el caso de esa concesión uno debe mirar en el contexto del contrato. Ellos ya tienen cinco años en que tuvieron buenos resultados. Los flujos crecieron y todo fue en beneficio de la concesionaria. Y les quedan 15 años hacia adelante, que pueden ser buenos, o malos. Por lo tanto, el resultado final del contrato no se va a dirimir hasta mucho tiempo.

Nueva Pudahuel dice tener recursos hasta marzo de 2022. ¿No le preocupa que esté en riesgo de quiebra?

El sistema de concesiones y el contrato que ellos tienen establece los parámetros para esta situación. A mí, por supuesto me gustaría que a la compañía le fuera bien. Lamentamos esta situación, no solo para Pudahuel, sino para todas las concesionarias y para todo el país. Hay gente que lo ha pasado mucho más mal que esta concesionaria. Ellos son una compañía grande, importante en el mundo, hicieron un aporte de capital hace muy poco, de US$ 60 millones, sus accionistas acaban de comprar en Brasil la concesión de 7 aeropuertos, por siete u ocho veces el valor mínimo, tienen amplios recursos para mantener la concesión, esperar los próximos 15 años y obtener los beneficios de lo que viene hacia adelante.

¿El gobierno chileno ha sentido la presión del gobierno francés?

Hemos conversado con la compañía...

El canciller Andrés Allamand habló en Francia con autoridades de ese país.

Sí, y uno de los ministros franceses también me escribió a mí, pero es lo usual y lo normal en estas situaciones. Adicionalmente, tenemos un acuerdo de inversiones con Francia que establece que hay que tener conversaciones amistosas si el inversionista lo pide y es lo que se está desarrollando. El sistema tiene un mecanismo de solución de controversias y la concesionaria lo está usando.

Usted se muestra inflexible. La misma posición mostró en el puente del Chacao y terminó cediendo ante la concesionaria. ¿Es una estrategia de negociación?

Me gustaría corregirle. En el puente del Chacao, que pedía más de $ 200 mil millones, señalamos que íbamos a pagar solamente aquellas cosas que tuviesen como origen una solicitud del MOP que justificaran esas obras. Tuvimos una diferencia de opinión en un tiempo relevante, se dijo que se iban a ir de Chile, que esto era gravísimo, cosas no muy distintas de las que se dicen ahora, y el resultado práctico es que llegamos a un acuerdo absoluto respecto de qué cosas había pedido el ministerio, cosa que fue revisada por la Contraloría. Eso significó para el Estado ahorrarse la mitad del dinero que se estaba pidiendo. Somos inflexibles en una cosa: en cuidar los intereses de los chilenos. En eso somos y seguiremos siendo inflexibles.

¿La defensa del interés fiscal no puede dañar la relación de largo plazo con un sector estratégico?

Nunca va a dañar cuando se cumple lo que está convenido. Más aún: estamos haciendo una gran cantidad de licitaciones -esperamos licitar más de US$ 4.000 millones este año- y hemos tenido una gran cantidad de postulantes: hay un interés importante de los concesionarios del mundo. Aquí se reclama que no hay certeza jurídica. Aquí hay total certeza jurídica: aquí el que va a decidir no seré yo, será un tribunal establecido y que parece correcto y razonable a las dos partes, así lo aceptaron.

El Presidente anunció en octubre un plan de inversión en obras públicas por US$ 34 mil millones y la creación de 200 mil empleos. ¿Cuántos empleos se han creado?

Para poder lograrlo hubo que hacer un acuerdo con la oposición para tener los fondos. En segundo lugar, había que tener los proyectos. En 2020 el MOP batió el récord de licitaciones. El más alto había sido el 2011, lo superamos en un 24%, con licitaciones por más de US$ 3.000 millones. En los primeros meses hemos tenido tres veces el inicio de contratos de obras y ese es el ritmo al que debemos seguir. Hoy estamos con un 27% superior al del año pasado y tenemos que llegar a 57% a fin de año.

¿Y el empleo?

Nuestra estimación es proporcional al aumento de la inversión de 27%.

¿El MOP anuncia más de lo que puede ejecutar?

Mire, ejecutar las obras públicas y las obras privadas es sumamente difícil, hay que tener muchos permisos, medioambientales, municipales, de obras. Efectivamente, no es fácil ejecutar y el desafío es enorme: tenemos que superar cifras superiores a las de la historia.

En el tema del agua, los decretos de emergencia son medidas paliativas para una sequía que dura 12 años. ¿Y las soluciones estructurales?

Usted tiene toda la razón. Los decretos de escasez son medidas de emergencia que le dan atribuciones a las direcciones generales de agua para poder distribuir en mejor forma el agua escasa que pueda existir en una cuenca y privilegiar el consumo humano. Las soluciones de largo plazo pasan por una adaptación a la situación que estamos viviendo, es algo que tiene muchísimo más tiempo. La disminución paulatina, pero cada vez más acelerada, de la cantidad de lluvias en las zonas centro-norte y centro-sur del país, donde está el 80% de la población de Chile, en la última década se aceleró y cayó a un 40%. Y todos los pronósticos indican que continuará en esa misma línea: menos agua y más temperatura. Por eso creamos una mesa nacional del agua que estudiará todos los elementos, tenemos un diagnóstico común y para cada uno de los puntos de ese diagnóstico estamos trabajando. Entre ellas, el nuevo Ministerio de Obras Públicas y el Agua, y un plan de obras para tener nuevas fuentes de agua distintas para cada cuenca.

¿Cambiar de nombre al ministerio es un símbolo o tendrá efectos prácticos?

Tiene efectos prácticos. Esto es algo que detectó y propuso el estudio del Banco Mundial desde 2013. Todos los estudios han llegado a la misma conclusión y faltaba la acción: Chile tiene 43 instituciones que tienen que ver con el agua. El análisis es que es un sector demasiado desperdigado, donde no hay coordinación. Lo que tiene que hacer el Estado es ayudar a la comunidad a esta adaptación, que es dura, difícil, pero necesaria.

Usted tiene $ 30 mil millones bajo administración de terceros, según su declaración de patrimonio. ¿Está dispuesto a pagar el impuesto al patrimonio?

Yo estoy dispuesto a pagar todo lo que la ley establezca, la ley que se dicte.

Le pregunto su posición sobre una discusión pública. Juan Sutil y Carlo Solari se mostraron partidarios de que los que más tienen, paguen más…

Yo concuerdo con eso. Las normas siempre apuntan a que la tributación sea creciente para los mayores niveles de ingresos, pero eso no obsta a discutir cuáles son las mejores alternativas para cobrar los impuestos. En el caso del impuesto al patrimonio, la mayoría de los países que lo tenían lo han suprimido, no ha sido un buen instrumento, pero eso no quiere decir que no sea lo correcto que quienes más tienen, más deben pagar. Son dos cosas diferentes. El coronavirus lo vamos a superar, Chile y el mundo, pero va a quedar una secuela de gente sin trabajo, de empresas pequeñas, medianas, que tendrán muchos problemas, va a haber muchas dificultades y el Estado va a requerir recursos para afrontar todo eso y la discusión sobre cómo hacerlo va a ser relevante. Al mismo tiempo se va a requerir la inversión y el desarrollo de las compañías privadas, que son imprescindibles.

¿Dado eso, es inevitable una mayor carga tributaria?

Es lo que han señalado todos los expertos, entonces la pregunta importante es cómo se resuelve.