Hasta ahora y según los datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, son más de 35 mil los reclamos que han interpuesto los usuarios de servicio eléctrico por alza el cobro de las cuenta de la luz.

Esto, luego que a principio de semana cientos de estos denunciaran a través de Twitter inexplicables alzas en el servicio.

Ante la irregularidad, y luego del proceso de revisión que se inició a partir de esto, el regulador formuló cargos contra las cinco eléctricas (Enel, Saesa, Frontel, Luz Osorno y Edelaysen) por cometer errores en los procesos de facturación de sus clientes, durante los meses en que emitieron boletas con consumos estimados.

Tras todo esto, las eléctricas arremetieron contra de decisión de la Superintendencia, la que respondió tajantemente durante toda la semana. Es por eso que, en medio de todo este contexto, cabe la pregunta ¿qué arriesgan estas cinco eléctricas que fueron señaladas por el regulador?

Esa es precisamente la interrogante que en conversación con Pulso TV resolvió el Superintendente de Electricidad y Combustible, Luis Ávila, quien sostuvo que la normativa vigente contempla la imposición de multas si es que se determinase alguna falla.

“Si se confirma el cargo, eso puede dar origen a sanciones en dinero. La capacidad que tiene la Superintendencia señalada en la Ley va de 1 UTM (50.322 valor a julio) a 10 mil UTA (603.864 valor a julio)”, dijo.

En estos términos, y si se partiera de un supuesto en el que se comprobara que algunas de estas eléctricas incurrió en alguna irregularidad, esta se arriesgaría a pagar de multa $6.000 millones.

En este sentido, explicó que la definición del monto responderá a varios factores, entre ellos “la cantidad de clientes que han sido afectados, si ha existido un beneficio o no a la compañía”.

Ávila, además detalló todos los pasos que debe pisar el regulador antes de imponer alguna infracción a una de estas empresas.

Según indicó, el primer paso del proceso sancionatorio a una empresa que se determine no ha cumplido con sus normativa es la formulación de cargo, “esto lo que busca es reprocharle a la empresa las faltas”.

En este proceso, todas las empresas disponen de un plazo de 15 días para entregar los antecedentes que ellos consideren pueden servir para reducir o eliminar su responsabilidad.

Luego de esto, explica el regulador, “viene la parte concursiva, donde la Superintendencia debe, además de consignar el reproche, tomar los antecedentes presentados por la compañía, los pondera y hace un análisis técnico jurídico para finalmente pronunciarse respecto a si se confirma o no el cargo lo que podría dar origen a sanciones”.