Gobierno responde a Asech tras emplazamientos por compromisos sobre Fogape y Pago a 30 días: apunta al TC
Desde el gremio expresaron preocupación por los atrasos en medidas que inyectan liquidez a los emprendedores y consideran que “a nivel de discurso se dice una cosa, pero luego eso no se traduce con sentido de urgencia en la implementación medidas de apoyo al sector”.
Tras el emplazamiento al Gobierno que realizó el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Marcos Rivas, el Ministerio de Economía salió a responderle al gremio de pequeñas y medianas empresas.
El líder de la agrupación gremial, que reúne a 52 mil micro, pequeños y medianos empresarios a nivel nacional, pidió que el Ejecutivo pase de los ‘dichos a los hechos’ y poner en práctica dos medidas que consideran clave para la inyección de liquidez a las pymes, como son el nuevo Fogape y las modificaciones a la Ley de Pago a 30 días.
“Existe profunda molestia, angustia y también frustración, entre los emprendedores y las pymes por lo que consideramos una falta de prioridad del gobierno hacia nuestras demandas. A nivel de discurso se dice una cosa, pero luego eso no se traduce con sentido de urgencia en la implementación de medidas de apoyo al sector”, reclamó Marcos Rivas, presidente de Asech.
Ante ello, Rivas realizó un emplazamiento directo a la autoridad. “Hago un llamado al Gobierno a cumplir los acuerdos y pasar de una vez de los ‘dichos a los hechos’, demostrando con acciones tangibles que los emprendedores y las pymes somos una prioridad real”, dijo el dirigente en un comunicado de prensa.
El dirigente gremial agregó que “aquí ha faltado empatía, sentido de urgencia y celeridad por parte del Gobierno para poner en marcha medidas que son fundamentales para inyectar liquidez a miles de micro, pequeñas y medianas empresas que necesitan de nuevos recursos para hacer frente a la actual crisis económica junto con bajar su carga tributaria y gastos financieros para poder seguir operando”.
Así, Rivas apuntó a que el nuevo Fogape, aprobado el pasado 19 de octubre, “aún sigue pendiente para ser ley”, y que, en el caso de las modificaciones a la Ley de Pago a 30 días,” el atraso es de meses respecto al primer anuncio del ministro de Economía”.
Cabe recordar que el titular de la cartera, el ministro Nicolás Grau, se reunió con gremios de emprendedores en abril, instancia donde comprometó cambios a la legislación sobre pago a proveedores.
Sobre este último punto, la Asech realizó una propuesta con siete puntos identificados por la asociación para que la normativa se traduzca en una mejora tangible y urgente en el flujo de recursos hacia los emprendedores y las pymes.
De hecho, según el último ranking de pagadores realizado por la Bolsa de Productos en conjunto con la Asech, el plazo de pago promedio a las pymes fue de 49 días en el tercer trimestre de 2022. Ante esto, el vicepresidente de la Asech, Jorge Welch, afirmó que “la Ley de Pago a 30 días es ‘letra muerta’ y no está operando”.
Gobierno apunta al TC y a correctos incentivos
Luego de conocerse los emplazamientos de la Asech, desde el Ministerio de Economía entregaron una respuesta por escrito.
En primer lugar, señalaron que la promulgación del proyecto que establece un nuevo Fogape “tiene un artículo cuyo contenido, de acuerdo con la Constitución vigente, es materia de Ley Orgánica Constitucional”, por lo que “debe pasar por un control preventivo obligatorio de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional”.
Al respecto, agregan que dichos tiempos de revisión “no dependen del Ministerio de Economía, ni del Gobierno, pues el Tribunal Constitucional es un organismo autónomo”, y afirman que tras ser visada por el tribunal “seguirá el curso normal de promulgación y publicación que siguen todas las leyes”.
Por otra parte, respecto a las modificaciones comprometidas para el Pago a 30 días, desde la cartera liderada por Nicolás Grau señalaron que si bien buscan promover “cambios muy sustantivos, en acuerdo con los representantes de Mipymes”, reconocieron que el estudio de los cambios “ha requerido más tiempo de lo proyectado, ya que deben modificarse procesos que son complejos en los flujos de las empresas y del Estado, cuidando establecer correctamente los incentivos”.
“No queremos proponer cambios que no incidan realmente en la reducción de los tiempos de pago”, remarcaron desde Economía.
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