Los senadores de la Comisión de Salud del Senado siguen analizando el proyecto de ley corta que presentó el gobierno y que si bien busca evitar una caída de las isapres, también pretende fortalecer Fonasa mediante la creación de una nueva Modalidad de Cobertura Adicional (MCA). En una sesión que se realizó este martes, el presidente de la Comisión, el senador Juan Luis Castro (PS), comentó que el comité técnico que apoya a los parlamentarios en este proyecto, entregará su informe a fin de mes.

El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Aseguradores, Jorge Claude, llegó este martes hasta dicha instancia para exponer sobre los temas que le generan inquietud a la industria en lo que respecta a la creación de la MCA. En ese sentido, fue enfático al señalar que tal como está el proyecto, esta modalidad “no es viable”.

Antes de empezar a exponer, Claude hizo una precisión inicial: que hablaría del proyecto tal cual se conoce hoy, “sin embargo, debo comentar que hemos tenido importantes reuniones con el director de Fonasa y su equipo técnico, en las cuales hemos ido planteando las inquietudes que tenemos y por qué creemos nosotros que la modalidad de cobertura complementaria tal cual está, no sería viable, de manera de aportar antecedentes para que Fonasa evalúe y estudie si es posible introducir algunas indicaciones que pudieran cambiar esa situación”.

Sobre los aspectos técnicos de la ley corta, Claude recordó que el primer punto es quién entra. “Ahí se dice que pueden entrar a uno de los esquemas de esta MCA los afiliados y sus cargas de los tramos B, C Y D, que voluntariamente paguen una prima”. Y precisamente en ese punto radica uno de los “problemas técnicos del diseño de la MCA”, que ve la industria, según puntualizó el ejecutivo.

Al respecto, argumentó que “en seguros siempre existe el problema de la selección adversa, y en este caso nos preocupa especialmente la inscripción voluntaria, porque el comportamiento del ser humano lo conocemos, una persona podría inscribirse, recibir todas las atenciones de salud que necesite, y luego retirarse y no seguir contribuyendo a la mutualización de los riesgos respecto de las otras personas (...) Al final esto puede producir una selección adversa, de que al final puedan ir quedando cada vez menos personas, y que son las personas que tienen mayor propensión a tener enfermedades”. También dijo que “podría haber un problema de sobre uso”.

En cuanto a la adjudicación, Claude recordó que “el proyecto de ley habla que debe haber unas bases de licitación, o sea, habrá una licitación, que no vemos ningún problema en que haya una licitación, y el valor de la prima va a ser la variable con la cual se va a adjudicar esa licitación”.

Sobre ese punto, dijo que uno de los problemas técnicos que ven, entre ellos, “de asimetría de información entre los aseguradores y los asegurados. Tal cual está previsto hoy día, al menos la primera vez no habría ninguna información respecto de las personas que estarían entrando a esto. De hecho, es probable, no estamos seguros, pero eventualmente se podría licitar antes de saber cuál va a ser el grupo asegurado, y eso dificulta mucho hacer una evaluación objetiva previa del riesgo, y por lo tanto, para las compañías poder establecer en qué condiciones podrían concurrir a esto”.

Asimismo, señaló que “es necesario saber si las bases de licitación van a tener una prima o rango de prima prefijada. A nosotros en general no nos gustan las fijaciones de precio, creemos que cuando hay 59 compañías compitiendo no es necesario fijar los precios, porque la competencia lleva a la optimización”.

Por otro lado, Claude dijo que “también nos preocupa poder disponer de información sobre la red y aranceles previos a la licitación, para cuantificar de una manera adecuada el seguro”.

Entre las inquietudes, el ejecutivo de la industria planteó que “la fiscalización de la Superintendencia de Salud podría producir un conflicto de competencias con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que funciona muy bien, y que de hecho, nos aprieta bastante, tanto por el lado de la solvencia como de conducta de mercado”.

Adicionalmente, señaló que “también nos preocupa la fórmula de reajuste a la prima, especialmente el penúltimo punto que aparece en el proyecto, que es la posibilidad de que Fonasa prorrogue los contratos vigentes. Esto, si una licitación se declara desierta, probablemente es porque han perdido mucho dinero las compañías que están con contrato vigente, que se los prorroguen es un inhibidor para entrar desde el principio”.

El director de Fonasa, Camilo Cid, dijo que “efectivamente estamos teniendo una mesa de trabajo con ellos muy fructífera (...). Creemos que ha aportado bastante a esta discusión, de hecho, nosotros nos encontramos preparando una indicación como fruto de este trabajo”.

“Los prestadores estamos en alerta. Después del tercer fallo, hoy día internamente a nivel del gremio hemos determinado que nuestra situación es bastante crítica, porque efectivamente el nivel de deuda que tiene que hacer frente el sistema asegurador para responder a los fallos, es una cifra gigantesca. Y que desde el punto de vista de la contabilización de dicha deuda, de no existir una solución, se declararían en insolvencia o en default estas isapres de aquí a diciembre de este año”.

Así de tajante fue el presidente de Clínicas de Chile, Gonzalo Grebe, en la presentación que hizo este martes ante los senadores de la Comisión de Salud, refiriéndose al fallo GES que dictó hace dos semanas la Corte Suprema, donde dejó sin efecto el alza del precio GES de las isapres.

“Hemos trabajado ya con una incertidumbre muy larga y falta de certeza jurídica. Y esta alerta es porque de no haber una solución, el riesgo del funcionamiento del sector es absolutamente real que implicaría una caída del sistema asegurador”, comentó.

En esa línea, habló de que hay que tener en cuenta tres elemento. Primero, dijo que “aquí hay una crisis de liquidez de los prestadores privados, hay garantías insuficientes (...) Segundo tema, tiene que ver con una disminución de la oferta privada, porque producto de esta crisis de liquidez, van a haber prestadores que no van a poder seguir operando, y la alternativa sería seguir colapsando, seguir aumentando la demanda del sistema público. Y el tercer elemento tiene que ver con la crisis sanitaria que se produciría por la incapacidad del sistema público de hacer frente a toda esta demanda”.

Bajo este escenario, Grebe afirmó: “Vemos con gran preocupación la falta de conciencia del problema de salud pública inminente que enfrentaremos, y creemos que debe haber una intervención urgente para enmendar el rumbo, ya que la salud de las personas está en juego”.