El martes el pleno de la Convención Constitucional aprobó una serie de artículos relacionados a derechos sociales, entre ellos, el derecho a la salud. Allí se contempla, por ejemplo, que el Sistema Nacional de Salud será de carácter universal, público e integrado y que “será financiado a través de las rentas generales de la nación”.

Con lo votado en el pleno, la Asociación de Isapres manifestó su molestia a través de una declaración pública. Así, la agrupación señaló que “la propuesta de la Convención Constitucional termina con un derecho que hoy tiene la población y obliga a todos los cotizantes a destinar su 7% a un único sistema estatal, sin posibilidad de elegir cuándo, dónde ni con quién atenderse”.

A ello le sumaron que lo aprobado obligaría, bajo su punto de vista, a los más de 3 millones de afiliados y pacientes a migrar al sistema público, “con los conocidos problemas que éste tiene para responder a su carga actual, y que derivan en listas de espera que hoy mantienen a más de dos millones de personas aguardando consultas y cirugías”.

“Consideramos que se ha tomado una definición riesgosa para las personas, que implica una transformación profunda del sistema, sin claridad de cómo será el proceso, la transición, los plazos ni de dónde se obtendrán los recursos necesarios. Pero lo más importante: sin ningún elemento que incorpore mejoras al sistema público, y sin certeza de qué pasará con los tratamientos de los miles de pacientes que hoy se atienden en el sector privado”, apuntó la agrupación.

En este contexto, dijeron, lo aprobado sería contrario a la opinión que han entregado diversos expertos en salud y exautoridades.

“Reiteramos, como lo hicimos ver a los convencionales, que las normas que están impulsando no apuntan a mejorar el sistema, sino que precarizan más la salud. Ello, pues se centran en imponer restricciones a la cooperación público-privada, en lugar de garantizar que se cumplan las expectativas de las personas que requieren una salud digna, mediante mejoras en el acceso y la calidad de las atenciones de salud”, señaló la Asociación.

La agrupación concluyó en su declaración que “hay que ser precisos: se tendrán que asumir los costos económicos, sociales y sanitarios de dejar a tres millones de pacientes a la deriva”, añadiendo además que expresan su “solidaridad con los afiliados, pacientes, y beneficiarios del sistema privado y con los millones de usuarios del Fonasa. Entendemos sus preocupaciones ante este verdadero salto al vacío que ha definido la Convención Constitucional”.

Con la votación de ayer, pasó al borrador de la nueva Carta Magna el artículo que establece que “toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental”.

Además, en el articulado se asegura que el Sistema Nacional de Salud será “de carácter universal, público e integrado” y se regirá por los siguientes principios: equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación. Además, “será financiado a través de las rentas generales de la nación”.

Asimismo, se aprobó el artículo que otorga al Estado la función exclusiva de “rectoría” del sistema de salud. En dicha función se incluye la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas de salud.

Sin embargo, en relación a la existencia y el funcionamiento de las isapres, no pasó al borrador de la nueva Carta Magna el inciso que permitía la existencia de seguros privados voluntarios, los cuales no podrían sustituir o duplicar el rol del Estado. De esa forma, dicho inciso volvió a la comisión para ser revisado nuevamente.