Atochamiento en el sistema judicial pone presión sobre más de un millón de causas civiles que ingresaron en el año de la pandemia

Como parte de las medidas para enfrentar el contexto de emergencia sanitaria derivada del Covid-19, el primero de abril del año pasado, el gobierno promulgó la Ley 21.226. En lo sumo, esta normativa establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, tanto para las audiencias, como para las actuaciones.

Allí, entre otras materias, la legislación establece que los periodos probatorios quedarán suspendidos hasta 10 días hábiles después de haber finalizado la vigencia del estado de catástrofe, que frente al complejo escenario sanitario, ya se extendido dos veces.

Aquello, que en su momento se tomó como una medida para proteger la salud de las personas y contener la diseminación del virus, a la fecha, ha generado daños colaterales, uno de ellos, la acumulación de las causas en el Poder Judicial lo que podría generar atochamiento una vez finalizado el estado emergencia.

Si bien no se cuenta con una estadística precisa que permita cuantificar cuántas de estas causas en periodo probatorio se mantienen suspendidas, lo que sí se sabe es que, el año pasado, según datos del Poder Judicial, ingresaron 2.665.396 causas, de las cuales, el 32%, es decir, 1.085.250, son de competencia civil.

Para dimensionar la magnitud del atochamiento, y solo considerando los juzgados civiles de Santiago, desde el Poder Judicial cifran entre 200 y 300 las causas detenidas hasta septiembre del año pasado, cantidad que para marzo de este año, se estima haya crecido considerablemente, dicen desde el organismo.

Ante esta situación, los primeros en encender las alerta son los abogados, los que advierten sobre los perjuicios económicos que esto podría traer a los demandantes, los que a su vez, concuerdan, también han perdido tiempo por la dilatación de los procesos como consecuencia de lo anterior.

Jorge Baraona, socio de Baraona & Cia, pone el ejemplo de una pequeña empresa, él dice que el hecho de que una pyme no pueda conseguir en un Tribunal el pago de las facturas que se le debe, o el cumplimiento de los contratos por lo que recibe una cantidad dinero, termina afectando sus flujos lo que la conduce a no poder pagar lo que debe.

Sostiene que los montos que se arriesgan por esta suspensión son casi imposibles de cuantificar, así como la cantidad de causas suspendidas. En todo caso, asegura que este tipo de situaciones no distingue por tamaño de empresas y que actualmente son muchas las afectadas. “Se genera así un círculo vicioso de no pago, que puede terminar afectando a los distintos sectores de la economía y, por cierto, a los consumidores”, agrega.

Alvaro Awad, director de Litigios Civiles de Contreras Velozo, va más allá y dice que “sin una justicia estatal rápida se deja en indefensión a quienes participan del intercambio de bienes y servicios”.

Por eso mismo, insiste en lo necesario que es una modificación de la normativa, donde “podría establecerse que la regla por defecto sea la continuación normal de los juicios, incluidos sus períodos probatorios, salvo que una parte demuestre que las restricciones sanitarias le impiden obtener la prueba necesaria para defenderse. Esta solución permitiría obtener justicia oportuna para los demandantes y, al mismo tiempo, cuidar el derecho de los demandados que se encuentren impedidos de probar sus defensas”.

En el Poder Judicial reconocen que la pandemia por sí sola generó una carga extra que no han podido responder, a lo que se le sumaría la suspensión de los términos probatorios. Frente al escenario, desde la corporación señalan que se han llevado a cabo iniciativas que permitan acelerar la carga, a modo de despejar el terreno para cuando se reanuden los periodos probatorios.

Sobre esto, la ministra de la Corte Suprema Gloria Chevesich asegura que “hay decisiones relativas a la gestión interna del Poder Judicial, y en eso estamos trabajando, y otras tienen que ver con soluciones legales, y en el parlamento se están tramitando proyectos de ley para el fin señalado, que abordan la modificación de plazos y procedimientos, por ejemplo, y además se requiere generar fuentes de financiamiento para reforzar la dotación de los tribunales”.