Beneficio tributario a transportistas costará US$183 millones al Fisco

Con un voto en contra y una abstención, la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó ayer el proyecto que extiende el reintegro del impuesto al diésel por cuatro años más. Debido a que el Ejecutivo lo calificó con discusión inmediata, es probable que la iniciativa sea votada hoy por la sala de la Cámara de Diputados para que la próxima semana sea vista por el Senado.

En términos generales este articulado mantiene los actuales porcentajes de devolución del tributo pagado por concepto de combustible a las empresas de transporte de carga que parten en 80% para aquellos contribuyentes con ingresos anuales hasta 2.400 UF para ir descendiendo hasta llegar a un 31% para ingresos superiores a las 20 mil UF. El incremento de este tramo, que en la ley llega al 25% tendrá un costo de US$183 millones desde este año hasta diciembre de 2022.

El único voto en contra correspondió al diputado Giorgio Jackson (RD) quien criticó el Informe Financiero-" es bastante pobre"-, la fórmula aplicada y el beneficio, "¿cuál es el sentido del subsidio a personas jurídicas, que en algunos llega hasta la exención del pago? ¿Está bien focalizado el presupuesto, no se podría haber ocupado ese monto en construir salas cuna?".

Asimismo, el diputado Pepe Auth manifestó su disconformidad con mantener este impuesto a los combustibles para algunos sectores.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, no se refirió al fondo de los cuestionamientos, pero admitió que revisaron otras fórmulas para el reintegro pero que en suma eran más costoso.

Visión experta. Si bien este proyecto logró mayoría en el Congreso, no así entre los expertos. En este escenario, el exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt dijo que no se justifica la devolución. "No hay una justificación técnica - económica, porque en el fondo si el impuesto se justifica por temas de contaminación, entonces no habría que devolverlo, sobre todo en el caso de los vehículos que son los que más contaminan. Las razones para mantenerlo son más políticas", aseguró.

En esta línea, Jorratt sostuvo que lo lógico, dado el objetivo de este gravamen, es que el impuesto al diésel fuera más alto que el de las gasolinas y no al revés.

"El impuesto que se puso en la reforma tributaria (anterior) que es a los automóviles a petróleo apuntó a corregir esa distorsión, pero sólo respecto a los automóviles particulares", dijo, al mismo tiempo que señaló que hoy, con la nueva reforma tributaria del gobierno, hay una oportunidad para revisar el impuesto y corregirlo.

Una visión similar comparte el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José Yáñez, quien indicó que "acá hay un principio de tributación que no estamos respetando y que es que el impuesto no debe discriminar entre actividades económicas. El principio de no discriminación es lo más importante, ya que permitirían eliminar erosiones en la base de los impuestos, porque eso hace que no se recaude lo que se debería".

Respecto a cuáles son las posibles soluciones, Yáñez comparte que actualmente existe la posibilidad de revisar el impuesto en el proyecto tributario que se está discutiendo en el Congreso, pero además es partidario de igualar el impuesto al diésel con el de la gasolina. "Algunos estudios hablan que la tasa del petróleo diésel debería ser del orden de la misma que afecta a la gasolina, ya que esa tasa es cuatro veces de la que tiene el diésel, eso también incluiría mayores recursos al fisco", agregó.

El académico de la DCS de la U. de Chile, Javier Jaque, si bien aseguró que el beneficio tributario se justifica, reconoció que existen distorsiones. "Este beneficio se justifica, pero genera distorsiones, porque sólo va dirigido a un sector en particular, siendo que otros sectores también podrían reclamar esta exención", sostuvo Jaque.