Cambios considerables en las contribuciones a las pensiones propone la reforma de la administración de Jair Bolsonaro en Brasil. De acuerdo con el proyecto presentado esta semana, el porcentaje del aporte de los empleados variará mucho más en función del salario, unificando los criterios para el sector privado y público.

Actualmente, para los empleados de empresas privadas hay tres rangos salariales, con cuotas fijas de 8%, 9% o 11%, mientras que los empleados públicos aportan 11% sin distinción. Con la reforma solo el salario mínimo tendrá una cuota fija de 7,5% para ambos sistemas y luego vienen siete segmentos salariales con una contribución variable.

Como muestra la tabla, el segundo de los rangos de sueldo va entre 998 reales y 2.000 reales (equivalente a 175.000 y 352.560 pesos chilenos), donde el aporte va desde 7,5% hasta 8,5%. En el caso de los trabajadores del sector privado, el último segmento al que aplican es el que va entre un salario de 3.000 y 5.839 reales. Esto debido a que la última cifra (equivalente a $1.029.299) es el máximo de jubilación al que pueden aspirar, por lo tanto, lo que reciben en su salario superior a ese umbral está libre de contribuciones.

Para los empleados públicos, en cambio, la pensión puede seguir creciendo conforme al salario. De esta manera, los que están en la séptima banda salarial, es decir, que ganan sobre 39.000 reales ($6.874.920), tendrán que aportar entre 16,8% y 22%.

Para Thomaz Favaro, economista de Control Risks, estos cambios tienen sentido, particularmente la mayor exigencia de contribuciones a los empleados públicos. Detalla que actualmente el régimen general, bajo el que opera el sector privado, contribuye una media anual de 6.623 reales por trabajador, mientras que el gasto para el Estado es de un promedio de 17.403 reales, en tanto, entre empleados estatales el aporte es de 38.685 reales mientras que el gasto llega a 101.710 reales.

En ese marco, para el éxito de la reforma "va a ser crítica la evaluación del lobby y la influencia de los empleados públicos", asegura Favaro.

Lo que se mantendrá, por el momento, es el destino de los aportes. Las contribuciones de los trabajadores de empresas privadas irán al Instituto Nacional de Seguro Social y las del sector público, al Régimen Propio de Providencia Social.

Si bien la reforma crea la figura de capitalización individual. Basándose en el modelo chileno, se plantea esta alternativa exclusivamente para los nuevos cotizantes, con fondos administrados por entidades públicas y privadas y asegurando siempre la pensión mínima del mode lo general.

Sin embargo, en el proyecto no se detalla el esquema regulatorio e institucional para su funcionamiento, entre otros detalles. De hecho, el secretario de pensiones del Ministerio de Economía, Leonardo Rolim, explicó que la validación del sistema dependerá de aprobación de un proyecto de ley complementario.

Para Fabio Giambiagi, economista brasileño experto en seguridad social, este es "un tema para el futuro", tal como lo plantearon las autoridades, que se refirieron a la capitalización individual en solo dos artículos del proyecto. "Me niego a que se trate lo accesorio cuando lo que está en juego son otras prioridades, como el cambio paramétrico, es decir, que personas que se jubilan a una edad precoz tengan obligatoriamente que postergar la jubilación", sostuvo Giambiagi.

Consultadas por PULSO, las clasificadoras de riesgo tuvieron una positiva opinión de la reforma, aunque destacaron los riesgos que corre en el Congreso.

Samar Maziad, de Moody's, sostiene que si tras la discusión parlamentaria hay un ahorro mucho menor al anticipado, de 1,1 billones de reales (millón de millones), eso "pesaría sobre la confianza de los inversionistas y la recuperación económica".

Su opinión es compartida por Shelly Shetty, de Fitch, dado que su juicio "persiste la incertidumbre de su aprobación y posible dilución por el carácter impopular de la reforma y un Congreso fragmentado".