Caso Cascadas: Aldo Motta es declarado culpable de manipular el mercado

Luego de más de dos horas de audiencia, la jueza del Cuarto Juzgado Oral en Lo Penal de Santiago, Isabel Espinoza, dictó su veredicto contra Aldo Motta Camp, ex ejecutivo de las sociedades que controlan SQM, en el denominado caso Cascadas.

La jueza consideró culpable a Motta de dos operaciones que implicaban manipulación del mercado bursátil y otra por abuso de posición dominante, mientras que fue absuelto de otras tres transacciones que involucraban entrega de información falsa al mercado y de la supuesta adulteración de actas de directorio.

Esto es un hito en el caso cascadas, dado que se trata de la primera sentencia en algún juicio oral del caso.  El juicio fue impulsado por la Fiscalía Centro Norte y acusaba al ingeniero comercial de efectuar una serie de operaciones irregulares en el mercado de valores. La tesis que el Ministerio Público buscó probar es que las operaciones de las sociedades cascadas fueron ficticias, engañosas y que se quiso instrumentalizar al mercado de valores.

Sin embargo, la jornada comenzó de forma positiva para el cercano a Julio Ponce Lerou, el dueño de las sociedades cascadas a través de las que controla SQM.

Lo anterior, pues en la primera parte del veredicto la jueza determinó absolver a Motta de las transacciones artificiales con títulos SQM-B por parte de Pampa Calichera, que supuestamente habrían generado utilidades ficticias entre 2009 y 2010. En este sentido, la jueza que está leyendo la sentencia sostuvo que "no es certero ni correcto indicar que hizo operaciones artificiosas", por el contrario, señaló que "racionalmente" realizó "operaciones beneficiosas para sus accionistas".

Pero a medida que fue avanzando la audiencia el panorama se le complicó. Esto, pues lo consideró culpable de tres operaciones, entre ellas, por las transacciones denominadas "pre Linzor" con acciones serie A de SQM, entre Pampa Calichera y Oro Blanco en diciembre de 2010. La jueza ha dicho que se trató de operaciones ficticias con falsas señales al mercado.

Adicionalmente, la jueza determinó que es culpable en calidad de autor y ejecutor de otras dos operaciones, entre ellas, la denominada arista Linzor, que involucró el traspaso ficticio de 5 millones de acciones con la intervención de un tercero que actuó como "palo blanco".

"No es sostenible que Aldo Motta no conocía las regulaciones del mercado" sostuvo la jueza, y añadió que, por lo tanto, "el acusado ha tenido conocimiento de la ilicitud" que implicaban las respectivas transacciones.

También señaló que los hechos demuestran que el grupo Pampa nunca tuvo intenciones de enajenar las acciones del grupo, pues Linzor nunca tuvo en su propiedad las 5 millones de acciones para luego venderlas, sino que fue comprando paquetes de esos títulos para luego venderlos a las sociedades cascadas. Todo ello da cuenta de operaciones ficticias, enfatizó.

La magistrado, además, estimó que es culpable por su desempeño en la operación mediante la que SQYA realizó transacciones de acciones de SQM en beneficio de Julio Ponce y en desmedro de los accionistas minoritarios.

En ese sentido, dijo que su actuar fue imprescindible para darle legitimidad aparente a la operación con el fin de que se llevara a cabo el plan fraguado para abusar de los mecanismos bursátiles.

En ese contexto, añadió que Motta tuvo acceso a información privilegiada en las conversaciones con el controlador que luego no informó al resto de los accionistas de las sociedades cascadas.

Luego de la lectura de la sentencia, se dio un espacio de cinco minutos para realizar una pausa. Tras ello, en la sala 701 del Centro de Justicia, donde se desarrolló la audiencia, las partes argumentaron a la jueza acerca de la pena que proponen para el acusado.

La fiscal que lidera el caso, Ximena Chong, pidió una pena de seis años de cárcel, junto a una pena accesoria que busca prohibir por un plazo de seis años que Motta se desempeñe como gerente o administrador de cualquier entidad fiscalizada por la CMF. Asimismo, explicó que en este caso no se dan los supuestos de colaboración en la investigación.

Por su parte, los abogados querellantes pidieron hasta 14 años de cárcel, mientras que la defensa del ingeniero solicitó considerar las atenuantes de irreprochable conducta anterior y de colaboración sustancial, por lo que estimó que la pena debería ser de solo 541 días. Sin embargo, la pena que se le impondrá recién se sabrá el 13 de enero próximo, cuando se lea la sentencia definitiva del juicio.