Luego de que se diera a conocer este viernes la solicitud de quiebra de la empresa constructora Claro, Vicuña, Valenzuela, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Antonio Errázuriz, lamentó la situación por la cual está atravesando la constructora, además de coincidir con la firma en los puntos que señalaron al anunciar su proceso de liquidación.

La firma con 65 años de historia -y que estuvo detrás de proyectos como el Estadio de Playa Ancha en la Región de Valparaíso y el Centro Cultural Gabriela Mistral en la Región Metropolitana- explicó que la solicitud de quiebra responde principalmente a dos motivos: “problemas estructurales de la Industria de la construcción” y “burocracia de los mandantes públicos para gestionar pagos”.

En esa línea, la caída del gigante de la construcción se condice con las advertencias que había emitido en el último tiempo la (CChC). A inicios de octubre Errázuriz afirmaba que los márgenes de las cerca de 700.000 empresas que conforman el rubro “no resisten un alza de precio de materiales de 37% en un año, a lo que se suma el encarecimiento del crédito y a la pérdida de dinamismo en la incorporación y venta de nuestros proyectos”.

El líder gremial además instó en su momento a “disminuir la burocracia y destrabar las iniciativas de inversión que están en curso; aprobar un reajuste extraordinario a los contratos de obras de infraestructura pública en ejecución y crear una línea de financiamiento especial y se mejore el mecanismo de reorganización judicial existente”.

Con todo, este viernes el gremio señaló mediante un comunicado que lamentan “la complicada situación por la que pasa una empresa de larga data en la industria de la construcción” y coinciden en los puntos que argumentó la empresa como motivos de su liquidación.

“Este escenario es consecuencia del alza de precios de los materiales que han afectado a proyectos sin opción de reajustar los precios, como también a las permanentes dificultades en la relación mandante-contratista especialmente con las empresas del Estado, con dificultades en obtención de recepciones, y en definitiva pagos oportunos por los servicios realizados”, dijo Errázuriz.

Errázuriz también apuntó a lo que se viene para adelante, afirmando que “es urgente trabajar en conjunto para desatar esos nudos arraigados en la burocracia estatal y así evitar que otras empresas puedan enfrentar escenarios tan difíciles como el tener que llegar a la quiebra, desmovilizando proyectos y dejando a personas sin su fuente laboral”.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, apuntó a la responsabilidad de la empresa por su situación. Así, el secretario de Estado aseguró que si bien desde el MOP se habría intentado acercar posiciones con la empresa, para buscar entre ambas soluciones que permitieran continuar con las obras, la empresa no habría concurrido a la invitación.

“Quiero desmentir categóricamente que la situación de esta empresa se debe a incumplimientos por parte del Ministerio de Obras Públicas”, agregó García, asegurando que “en los últimos meses, se realizaron pagos por más de $8 mil millones, y aún así Claro Vicuña mantuvo bajos niveles de rendimiento, incumpliendo con sus compromisos en las obras”.

En cuanto a los trabajadores, dijo el ministro, a septiembre había cerca de 450 personas prestando servicios en los contratos vigentes, “a quienes la empresa no estaba pagando sus sueldos”.

“Quiero ser claro: hay empresas que en esta crisis se la han jugado por llegar a soluciones en conjunto con el MOP para terminar las obras. Sin embargo, lamentablemente, hay otros casos donde se intenta responsabilizar y hacer pagar al Estado por crisis globales como la pandemia o el alza de los materiales desconociendo su propia mala gestión. Aquí las empresas tienen también la responsabilidad de tomar los resguardos oportunos, en los tiempos de bonanza, para enfrentar los momentos difíciles y así al menos poder compartir los impactos frente a una crisis”, aseveró García.

Finalmente, el titular de Obras Públicas puntualizó que la principal preocupación de la cartera es retomar los diez contratos vigentes que sostiene con la empresa, de los cuales, tres están cerca de terminar. “Para este propósito, ya estamos trabajando para ofrecer soluciones a todas las regiones afectadas por el abandono de obras de la empresa Claro Vicuña”, concluyó.