El viernes 13 de diciembre, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) notificó al Ministerio de Relaciones Exteriores la sentencia que acogió parcialmente la demanda interpuesta por Interconexión Eléctrica (ISA) en contra del Estado de Chile por la negativa de este último a otorgar prórrogas razonables para la ejecución del Proyecto Cardones-Polpaico, una línea de transmisión de interés estratégico nacional.

La sentencia condena al Estado de Chile a pagar cerca de US$ 16,5 millones más intereses, lo que suma un total aproximado de US$ 20 millones, dicen quienes conocieron el dictamen. Sin embargo, originalmente la demandante había solicitado que se ordenara a Chile pagar a las Compañías ISA la suma de al menos US$ 230 millones por los daños sufridos debido a violaciones del Tratado y el Derecho internacional, según el texto de su demanda.

Desde la Cancillería explicaron a Pulso: “Recibimos el laudo, y es importante señalar al respecto que Ciadi acogió gran parte de los argumentos de Chile al ordenar pagar solo US$16 millones de los US$235 millones solicitados por los demandantes, es decir, cerca del 6% de lo reclamado. Además, ordenó a los demandantes a pagar el 80% de sus costas a Chile. Una vez que lo analicemos en detalle podremos referirnos en profundidad al tema”.

Sin embargo, Ciadi reconoció los graves hechos de violencia ocurridos en la zona de La Dormida, que afectaron la ejecución del Proyecto Cardones-Polpaico. Entre los eventos destacados, se incluyó un ataque en el que un grupo de personas destruyó materiales e incendió instalaciones utilizadas por las cuadrillas de trabajo de Interchile, obligando a suspender las labores en el área. Asimismo, se señaló que trabajadores de EDEMSA, contratistas de Interchile, fueron amenazados por encapuchados armados, quienes destruyeron herramientas y equipos, generando retrasos importantes en las obras.

El conflicto tiene su origen en la ejecución del Proyecto Cardones-Polpaico, una línea de transmisión de 753 kilómetros que fue concebida como una obra de interés estratégico nacional para la modernización del sistema eléctrico chileno. Adjudicado en 2012 a Interconexión Eléctrica (ISA) a través de su filial Interchile, el proyecto enfrentó múltiples dificultades durante su construcción, incluyendo retrasos en la obtención de permisos, conflictos sociales, actos de violencia y sabotaje, y obstáculos administrativos.

ISA argumentó que muchos de estos retrasos se debieron a eventos de fuerza mayor y a omisiones por parte del Estado chileno, como la falta de coordinación entre entidades públicas y la insuficiente protección frente a los actos violentos. No obstante, el Ministerio de Energía rechazó las solicitudes de prórroga presentadas por Interchile y aplicó multas millonarias por supuestos incumplimientos de plazos, las que ascendieron a más de US$ 80 millones.

La demandante, al no encontrar resolución en las instancias administrativas, llevó el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), argumentando que las acciones y omisiones del Estado chileno violaron el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Chile, afectando sus derechos como inversionista extranjero y generando daños económicos y reputacionales significativos.

ISA contó con la asesoría legal de los estudios Dechert (Francia) y Gutiérrez, Waugh, Jimeno & Asenjo Abogados (Chile), mientras que el Estado de Chile fue representado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y el estudio Three Crowns (Reino Unido).

En su contestación, el 18 de agosto de 2022, el Estado de Chile argumentó que los riesgos asociados al proyecto Cardones-Polpaico, incluidos los relacionados con los retrasos, actos de violencia y obtención de permisos, fueron asumidos íntegramente por la adjudicataria, ISA, de acuerdo con las Bases de Licitación. Chile destacó que el diseño, trazado y planificación del proyecto fueron decisiones autónomas y estratégicas de ISA, quien además subestimó el impacto de factores sociales, ambientales y operativos, optando por un trazado conflictivo que aumentó la complejidad del proyecto.

Además, Chile señaló que las demoras relacionadas con la tramitación de permisos, como la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y los permisos ambientales sectoriales (PAS Mixtos), se debieron a errores y omisiones de ISA. Entre ellas, se identificó la presentación tardía de solicitudes, la falta de cumplimiento de requisitos legales y errores en los documentos entregados, lo que atrasó los procesos administrativos. Asimismo, Chile subrayó que las autoridades competentes, incluyendo el Ministerio de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, prestaron constante apoyo al proyecto dentro del marco regulatorio aplicable.

En el escrito, el Estado rechazó que los actos vandálicos y los conflictos sociales en áreas como La Dormida constituyeran eventos de fuerza mayor. Argumentó que ISA era responsable de mitigar estos riesgos mediante una adecuada planificación y manejo comunitario, aspectos en los que falló. También destacó que, aunque Carabineros de Chile brindó apoyo y seguridad en las áreas afectadas, estos esfuerzos no eximen a ISA de su obligación de cumplir con los plazos y requisitos establecidos en el contrato.