Clínica Las Condes: Navarro cuestiona fallo que ordenó nombrar árbitro en pugna con Karlezi

Al rojo vivo se mantiene la pugna entre Auguri, family office de Cecilia Karlezi, con el directorio de Clínica Las Condes (CLC), por la designación de un árbitro solicitado por Karlezi para que conozca sobre las diferencias que ha tenido con los miembros de la mesa y el gerente general, Jaime Mañalich.

El pasado viernes, el 12° Juzgado Civil de Santiago rechazó los argumentos vertidos por Andrés Navarro (presidente), Francisco Silva, Carlos Schnapp, Alfredo Misraji, Jorge Rufs, Alberto Eguiguren, Jaime Mañalich, y (Fernando Cañas). Así, ordenó nombrar un árbitro para que conozca sobre el conflicto que surgió luego de que Karlezi acusara que ellos no quisieron investigar las razones por las que CLC registró pérdidas contables por más de $10.000 millones desde 2008 a enero de 2017.

Sin embargo, el martes 5 de febrero el abogado Francisco González, socio del estudio González & Rioseco, en representación de Navarro y compañía, apeló a la resolución emitida por el tribunal, donde pidió que se rechace la designación de un árbitro.

Junto con ello, acusó que "el fallo incurre en graves errores de hecho y de derecho". En ese sentido, cuestionó que, a su juicio, Auguri pide un arbitraje entre la sociedad y algunos miembros de la administración, lo cual es inarbitrable bajo la Ley de Sociedades Anónimas.

En paralelo, ayer la filial CLC Seguros informó que a raíz de un error tuvieron que realizar correcciones en los estados financieros que se han traducido en una rebaja de la utilidad acumulada atribuible a ejercicios anteriores por $1.712 millones. De este modo, los ajustes aplicados -al cierre de 2018- implicaron un deterioro de algunos indicadores regulatorios, entre ellos, un déficit patrimonial de $874 millones.

Pese a ello, la firma comunicó que cuenta con el total respaldo y compromiso financiero de su matriz, y que en una junta extraordinaria de accionistas celebrada el 4 de enero se aprobó un aumento de capital por $4.530 millones, "que supera con creces el requerimiento de los indicadores de solvencia regulatorios".