Columna de Cristián Piera: “Salvataje sí, pero para los pacientes”

Tras años de discusión, en que los parlamentarios han podido escuchar a los actores del sector salud, a los mejores expertos y analizar una serie de estudios, la llamada ley corta de isapres llega a su etapa final sin lograr cumplir con su objetivo: acatar los fallos de la Corte Suprema y dar sostenibilidad al sistema.

Solo resta la comisión mixta en la tramitación legislativa como última posibilidad para llegar a acuerdos. Son apenas unos días hasta que se cumpla el plazo final -12 de mayo- para dar cumplimiento al mandato judicial, a menos que la autoridad pida una nueva prórroga a la Corte Suprema.

En este largo período, como muchos otros actores, hemos intentado aportar con argumentos. Esta vez, me gustaría centrarme en el más importante, que a veces queda oculto por el bosque del debate político. Aquí se trata de salvar a los pacientes, no a las isapres, ni siquiera a las clínicas o los médicos, aunque todos son parte de la solución.

Las personas saben lo que se avecina, porque ya lo están viviendo. Cada vez es más común que deban pagar la totalidad del examen, el procedimiento o incluso la cirugía que necesitan, para luego tramitar reembolsos que se dilatan en el tiempo. Esto podría implicar que en algunos casos las atenciones se posterguen, con las conocidas consecuencias para la salud de los pacientes. No es lo mismo detectar un cáncer en una etapa temprana o cuando está avanzado.

Aquellos que tienen enfermedades crónicas también conocen mejor que nadie lo que se avecina si su isapre colapsa. Al tener una preexistencia será difícil encontrar otra isapre y la continuidad de su tratamiento quedaría en manos de Fonasa, que ya enfrenta largas listas de espera. Sin ir más lejos, el año pasado, 44 mil personas murieron esperando una atención.

Sin embargo, para lograr evitar una crisis que afectará principalmente a las personas es necesario asumir medidas incómodas para algunos sectores.

La primera y más importante es que la deuda de las isapres, como la calculó la Superintendencia de Salud, es impagable si se quiere evitar el colapso, por lo que es necesario asumir alguna de las fórmulas que propusieron los expertos, las que disminuyen ese monto. No es un perdonazo a las isapres, es un salvataje a los afiliados de éstas.

Tampoco es posible terminar simplemente con las preexistencias, una meta que creo todos compartimos. Antes, hay que crear un fondo de compensación de riesgo, para que el traslado de pacientes entre isapres no afecte la estabilidad de la institución que los reciba, al concentrar a personas con tratamientos de alto costo. Esto sin duda debe ser una de las prioridades de la reforma que el sector espera hace más de 15 años.

También es indispensable que los afiliados aporten íntegramente su 7% a salud. Nuestro sistema es deficitario y necesita solidarizar esos recursos.

Y, por último, los prestadores y los profesionales de la salud no pueden seguir financiando el retraso en el pago de las isapres, porque pueden ver comprometida su subsistencia, que las personas requieren.

En este momento crucial, es imperativo que pongamos a las personas en el centro de nuestras decisiones. Esto no solo implica abordar las necesidades inmediatas de los pacientes, sino también pensar en cambios estructurales a mediano y largo plazo para mejorar nuestro sistema de salud. No podemos seguir dilatando esta discusión que es indispensable para dejar atrás dramas como las listas de espera o la falta de trasparencia en la oferta de las isapres. Entre ellos, un plan único de salud, un fondo de compensación de riesgos que permita la libre movilidad de los afiliados, un nuevo sistema de licencias médicas, junto a un mayor énfasis en la eficiencia de todos los actores y un enfoque centrado en la salud preventiva. No afrontar estos temas tiene y tendrá consecuencias crecientes en el tiempo.