Columna de Joaquín Vial: “Presupuesto 2024 y futuro de las finanzas públicas”

El Informe de Finanzas Públicas aporta cifras que anticipan un futuro bastante estrecho para el Fisco. Para comenzar, la solicitud de endeudamiento por 19 mil quinientos millones de dólares es muy grande. Hay 7 mil millones para renovar deuda, pero quedan otras necesidades de caja por el 15 % de los ingresos fiscales. Pero 2025 y 2026 se ven peor: hay amortizaciones que más que duplican las de 2024. Como las tasas de interés han subido, renovarlas va a ser más caro y se van a comprimir los recursos disponibles para gastar. Hace 10 años, los pagos de intereses del gobierno eran el 0,6% del PIB. Hoy están en torno al 1% del PIB, y la Dipres estima que llegarán a cerca de 1,4% del PIB en 2028.

La proyección de ingresos fiscales muestra aumentos grandes en recaudación, incluso sin reforma tributaria. Ella supone ingresos tributarios cercanos al 20% del PIB en 2024, lejos la mayor desde 1990, con la única excepción de 2022, cuando la recuperación explosiva de la demanda interna y la sorpresa inflacionaria la abultaron mucho. Aun así, se proyecta un aumento de recaudación cercano al 6% real en, casi el doble del crecimiento de la economía.

En lo que respecta a los gastos hay muy pocas holguras, y se anticipan ajustes fiscales significativos, con aumentos mucho menores, e incluso nulos, desde 2025 en adelante.

Esas proyecciones son viables, pero muy exigentes si vemos la historia: en los 90 los ingresos tributarios fluctuaron en torno al 17% del PIB, para caer a cifras de 15-16% en la siguiente década. La reforma impositiva de Bachelet 2 permitió recuperar los niveles de 17- 18%. Pensar en cifras de recaudación cercanas al 20%, sin grandes cambios, excepto el nuevo royalty minero, no va a ser fácil.

Un panorama fiscal sin espacios para aumentos de gasto en 2026 y 2027, a pesar de suponer una recaudación elevada, es complejo y no deja margen para sorpresas o errores. Un pacto fiscal que haga viable un aumento acotado de impuestos, para financiar parcialmente algunos compromisos prioritarios del programa de gobierno, es urgente, pero no puede limitarse sólo al ámbito tributario. Hay que hacer ajustes de fondo en los gastos públicos.

En los últimos meses han surgido propuestas en este sentido como, por ejemplo, la de Felipe Larraín y Hermann González de Clapes UC, para reducir gastos innecesarios ya identificados por organismos internacionales. Otra se discutió en un seminario organizado por Horizontal en la UC. En ella el profesor Claudio Sapelli reiteró una propuesta que ya había adelantado antes: consolidar los más de 600 programas sociales del gobierno, en una sola transferencia monetaria que, con los medios actuales, se podría hacer de manera electrónica a una cuenta RUT. Con esto se aprovecha que hoy los beneficiarios de las políticas sociales tienen más capacidad para identificar sus necesidades, y se elimina el paternalismo estatal, ahorrando gastos de operación y control de dichos programas. Estos últimos suelen consumir una fracción relevante de los fondos asignados. La Subsecretaría de Evaluación del MDS, por otra parte, ya había hecho un aporte interesante a la discusión, sin compartir la propuesta necesariamente, al explicar los avances logrados en Registro Social de Hogares, que ya tiene datos que cubren más de 17 millones de personas. Esto permitiría identificar a los beneficiarios, sin necesidad de que deban postular al subsidio.

Un pacto fiscal podría acordar el comienzo de un piloto que incluya a todos los programas sociales que no están bien evaluados y que tienen costos de operación iguales o superiores al 10% de las transferencias que efectivamente reciben los beneficiarios. Esos fondos se podrían consolidar en un Subsidio Único Familiar (SUF) 2.0, que vaya directamente a las familias más pobres y a aquellas que están cerca de las líneas de pobreza. Con ello se podría ahorrar los gastos de operación y aliviar el peso de toda la maquinaria para controlar la ejecución de los programas tercerizados.

Para evitar una erosión gradual, pero inevitable de la solvencia fiscal, será necesario buscar nuevas formas de gestión pública, apalancadas en tecnologías ampliamente utilizadas en otras áreas, y que aún no se incorporan a la gestión pública.