Comercio, Asech y pymes piden extensión de Ley de Protección al Empleo y gobierno lo definiría en septiembre

La duración de la cobertura de la Ley de Protección al Empleo podría cambiar de manera importante. Esto, porque en medio de la discusión legislativa se ingresó una indicación que, en lo concreto, apunta a extender este beneficio más allá de los plazos previstos inicialmente.

La modificación, que fue planteada por los parlamentarios de la Comisión de Hacienda del Senado, busca facultar al Ejecutivo para que “dentro del plazo de tres meses contado desde la publicación de la presente ley, y antes del término de la vigencia de las normas, el Ministerio de Hacienda, mediante uno o más decretos supremos, suscritos, además, por el Ministro del Trabajo, podrá extender, a partir del día de su vencimiento, la vigencia de los beneficios y prestaciones establecidas en la Ley de Protección al Empleo, en los términos y condiciones establecidas, por un período máximo de cinco meses”.

De materializarse este escenario, la Ley de Protección al Empleo, que partió en abril pasado y que extiende su vigencia hasta octubre próximo, podría entonces pasar a ampliarse por más tiempo e incluso hasta marzo de 2021. Eso, sin variación en la tasa de reemplazo, la que se mantendría en 55% tal como plantea el texto legislativo original.

Aunque aún le restaría saltar un par de vallas legislativas más en la Cámara, al contar con el patrocinio del Ejecutivo, es prácticamente una realidad que este elemento termine por despacharse junto con la ley.

Ante este escenario, desde la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), la Multigremial de Emprendedores y la Federación de Turismo (Fedetur), aunaron voces para solicitar al gobierno que de aprobarse esta indicación junto con el proyecto, haga uso de esta facultad.

Manuel Melero, presidente del comercio dice que “urge y así se lo hemos planteado al gobierno, que esto se prorrogue por más tiempo, al menos para nuestro sector y el turismo”. Respecto a cuánto más, señala que “es muy complejo saberlo y por eso debería ser por sector, pues el nuestro, por ejemplo, recién va a poder abrir en la cuarta etapa del Paso a Paso”.

Alejandra Mustakis de la Asech, y Juan Pablo Swett de la Multigremial, comparten el mismo sentido de urgencia respecto a la necesidad de extender los beneficios de esta ley. “Ojalá se pueda extender hasta tanto las pymes no puedan vender y recuperarse al 100%”, expresa Mustakis, a lo que su par gremial añade que “lo ideal sería que esto pudiera extenderse al menos 4 meses”. Por el lado del Turismo, Ricardo Margulis, sostiene que lo necesario, al menos para ellos, es que se amplíe hasta que se terminen las aduanas sanitarias y haya un libre desplazamiento dentro de Chile, y se abran las fronteras y puedan venir turistas extranjeros al país.

Sin embargo, del lado de la gran empresa la mirada es un tanto distinta. Desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), su presidente Juan Sutil, aunque valora la intención, es de la idea de empezar a cambiar el foco y encauzar las políticas públicas en función de la reactivación económica y no de la etapa de crisis.

En ese sentido, opta más bien por mirar hacia adelante y perfeccionar el subsidio a la contratación que planteó el Presidente Piñera en su Cuenta Pública, y adicional a eso, empezar a generar actividad, incentivar la inversión y, por consiguiente, apuntalar el crecimiento económico.

Desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) la postura es intermedia. Su presidente Patricio Donoso, recogiendo la visión del gran empresariado, pero también del mundo de la pequeña empresa, plantea más bien que esta eventual posibilidad actúe como complemento de las que salgan a relucir en la etapa de reactivación.

Una vez convertido en ley con la indicación, ya el gobierno contaría entonces con esta herramienta para utilizarla de estimarlo necesario. Sobre eso, fuentes del Ejecutivo señalan que, al menos en este minuto, lo más probable es que se haga uso de esta facultad, pero que la definición respecto a eso se tomaría en septiembre, faltando alrededor de un mes para que finalice la vigencia original de seis meses que indica la normativa.

En todo caso, las mismas fuentes indican que, aunque esta eventual extensión por hasta un máximo de 5 meses irrogaría gasto fiscal adicional, cuando se hizo el estudio para determinar si se iba a patrocinar esta indicación, se concluyó que este mayor desembolso estaría aún siendo cubierto por los US$2.000 millones que destinó el Ejecutivo para este programa.

Por una parte, esto se explicaría porque las proyecciones utilizadas inicialmente contemplaban un universo de beneficiarios de 2 millones y a la fecha son 710 mil los que han hecho uso de la ley.

Ahora, pese a que en términos fiscales la medida no se evalúa muy costosa, hay elementos que estarían puestos sobre la mesa y sujetos a evaluación. El primero sería el cómo conversa la extensión de esta medida con otros beneficios (IFE, Clase Media), que bien podrían extenderse también y significar más recursos, y el otro elemento que condicionaría su aplicación es que esta ampliación no se termine transformando en un desincentivo para la normalización de las empresas.