Comisión Europea veta el reparto de dividendos tras una eventual nacionalización de empresas

La Comisión Europea ha fijado este viernes las normas y directrices por las que los gobiernos de la Unión Europea podrán ayudar a las empresas afectadas por la crisis del coronavirus. A finales de abril, Bruselas dio luz verde a la posibilidad de que los Estados entrasen en el capital de sus compañías, ya fuesen grandes o pequeñas, cotizadas o no cotizadas. Este viernes, el organismo que preside Ursula von der Leyen aclaró que la adquisición de participaciones estará sujeta a la prohibición de repartir dividendos y a las recompras de acciones, bonos y adquisiciones.

Bruselas adoptó esta medida a razón de que una eventual nacionalización de las empresas que penden de un hilo reducirá el riesgo que para la economía de la Unión supone un "número significativo de insolvencias y quiebras". Además, gracias a este mecanismo, se preservaría la continuidad económica durante el brote inicial de la pandemia y durante la recuperación posterior, que la Comisión prevé larga y dura.

Esta semana, la Comisión presentó sus previsiones económicas de primavera, en las que hace un balance de la situación macroeconómica de la Unión y vaticina cuánto durará el impacto de la crisis del coronavirus.

La recesión de la economía española será una de las más notables de Europa, según las previsiones de Bruselas. En 2020, la caída del 9,4% del PIB solo será superada por Grecia (-9,7%) e Italia (-9,5%). Pese a todo, ningún país de la zona euro conseguirá esquivar el crecimiento negativo, llevando la media de la región al -7,7% y la del continente al -7,4%. Alemania, por ejemplo, caerá un -6,5%, Francia, un -8,2% y Portugal y Países Bajos lo harán un -6,8%.

Para 2021, prevé la Comisión, el PIB de la zona euro crecerá un 6,3% y el de Europa un 6,1%. España (7%) superará a Bélgica (6,7%), Alemania (5,9%), Italia (6,5%) o Austria (5%). Se quedará por debajo, sin embargo, de Grecia (7,9%) o Francia (7,4%).

La propuesta inicial de Bruselas de permitir una nacionalización eventual del tejido productivo generó varias dudas en muchos de los socios, recelosos de que esta posibilidad crease distorsiones y asimetrías en el mercado interior. El Gobierno de España, por ahora, se ha mostrado contrario a adoptar este tipo de medidas.