Segundo retiro del 10%: Congreso despacha el proyecto y AFP se alistan para empezar a recibir solicitudes la próxima semana

Una intensa jornada se vivió este jueves en la Cámara y en el Senado por el proyecto del gobierno para retirar otro 10% de las AFP, que finalmente fue despachado del Congreso.

Pese a que aún faltan algunos trámites para que sea ley -toma de razón de Contraloría, promulgación, y publicación en el Diario Oficial- las AFP se están preparando para empezar a recibir las solicitudes tan pronto como el lunes 7 de diciembre, pero eso ocurriría solo si el proyecto se publica ese día en el Diario Oficial.

De todas maneras, entre este viernes y el fin de semana las AFP deberían empezar a informar a los afiliados cuánto es el monto que pueden retirar.

El despacho del proyecto del Congreso ocurrió luego de varios trámites que se realizaron ayer tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. En la mañana lo aprobó la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y fue despachado a sala sin cambios respecto a lo que se aprobó el día anterior en la Comisión de Trabajo.

Más tarde la iniciativa se aprobó en la sala de la Cámara de Diputados con 131 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones. De esta manera, el proyecto fue despachado al Senado nuevamente sin cambios.

Luego, la Comisión de Hacienda del Senado tuvo que votar la modificación que hizo la Cámara de Diputados sobre tributos, y los parlamentarios lo aprobaron, también sin modificaciones: las rentas de hasta $1,5 millones estarán exentas del pago de impuestos al retirar.

Así, la iniciativa se despachó a la sala de la Cámara Alta, y durante la noche de este jueves, el Senado aprobó las modificaciones hechas por la Cámara, por 41 votos a favor, y 1 abstención.

Pero la jornada no estuvo exenta de polémicas, principalmente por dos motivos: el fracaso del gobierno para lograr subir el plazo de los pagos; y luego se retrasó la votación en la sala del Senado, porque los parlamentarios se percataron que la Cámara aprobó un tema que no se le consultó a la Corte Suprema, y que sería obligatorio hacerlo según la Constitución.

Antes de que ocurriera cualquier votación, durante la mañana de este jueves acudieron para presentar el presidente del Banco Central (BC), Mario Marcel; el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, Joaquín Cortez; y el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías. Todos ellos pidieron subir el plazo para los pagos, pero eso finalmente no ocurrió.

Lo anterior, considerando que si bien el proyecto del gobierno establecía que los pagos se harán en dos cuotas iguales de 15 días hábiles cada una, los diputados el miércoles lo bajaron a 10 días hábiles para el primer pago, y otros 10 días hábiles para el segundo. Además, los parlamentarios definieron que si el pago es inferior a 35 UF, se deposite todo en una cuota.

El presidente del BC pidió más tiempo: “El tema de los plazos es un tema de prudencia y de responsabilidad respecto de los beneficiarios de esta medida, o sea, no sacamos mucho con acortar los plazos a un punto en el cual los riesgos en que haya problemas en alguna etapa del proceso, que haya una falla, signifique que haya personas que no puedan retirar los fondos en los plazos que les asignó la ley”.

Marcel explicó que el primer pago ocurrirá en diciembre, que “es el mes de mayor actividad y tensionamiento de todos los sistemas relacionados con la banca y sistema financiero (...) y, en general, este es un mes en el cual la demanda por liquidez es mucho mayor que en cualquier otro mes del año”.

Marcel también comentó que en el primer retiro del 10%, un cuarto de todos los fondos retirados, las personas luego los sacaron en efectivo. Esto significó que en el primer retiro hubo “algo más de US$4.000 millones girados en efectivo”, puntualizó Marcel. “¿Qué significa eso en términos billetes? Significa 250 millones de billetes”, añadió.

El superintendente de Pensiones comentó que si se paga en la primera cuota todos los montos de hasta 35 UF, tal como lo establecieron los diputados, el primer pago implicaría transferir recursos por US$12.700 millones, y en el segundo pago serían US$6.000 millones.

Es por esto que Macías dijo que “dado la gran demanda de efectivo que se produce en diciembre, no parece aconsejable concentrar dos tercios del dinero en la primera cuota del retiro”. Por eso pidió bajar el límite del primer pago a 30 UF, porque “le quitaría bastante presión al manejo de efectivo del sistema bancario”. Sin embargo, no eso no se cambió.

En el Senado se retrasó la votación en sala por un motivo especial: los diputados hicieron un cambio el miércoles en torno a la subrogación del retiro en caso de deudas por pensiones alimenticias, es decir, aprobaron que pueda existir retiro forzoso en estos casos. Los senadores se dieron cuenta que nunca se consultó este tema a la Corte Suprema luego de que los jueces los contactaron para decirles que esto podría traer problemas.

Hacienda ya había advertido a los diputados que, tal como ocurrió con la tramitación de la ley que creó el Consejo Fiscal Autónomo y la Modernización Tributaria, al darle nuevas atribuciones a los jueces, correspondía esperar que la Corte Suprema emitiera su opinión, según el artículo 77 de la Constitución. Sin embargo, los diputados lo aprobaron sin hacer ese trámite.

Al consultar este tipo de temas a la Suprema, la Corte tiene un plazo de 30 días para comunicar su decisión. Así, los senadores vieron que no había tiempo para esperar tal respuesta, y decidieron hacer una reunión de comité para tomar lo que llamaron una “decisión política” sobre ello. El acuerdo fue votar por separado este asunto en sala, y finalmente se aprobó, porque argumentaron que si hubiese sido rechazado, el proyecto habría tenido que ir a una comisión mixta, lo que retrasaba la iniciativa.

La Super de Pensiones tiene listo el borrador donde instruye a las AFP sobre el paso a paso del retiro, el cual probablemente sea publicado este viernes. Allí señala que las AFP deben permitir a los afiliados que lo soliciten estimar el impacto del retiro en su pensión. Esto, pese a que los parlamentarios rechazaron la idea de que las AFP tengan el deber de informar este efecto.