Consejo Fiscal Autónomo alerta sobre impacto en las familias y empresas si no se comienza un ajuste gradual en el gasto público

El debate sobre el sobrecalentamiento de la economía y si era necesario mantener la universalidad de los beneficios sociales tiene presionada las finanzas públicas y por ello, diversos expertos ya lo han señalado: se debe comenzar a retirar el estímulo fiscal. Y ahora la alerta la entregó el Consejo Fiscal Autónomo.

“Informe sobre Desviaciones de las Metas de Balance Estructural” se llama el documento que analiza las perspectivas y entrega ocho recomendaciones para que Hacienda las implemente a la brevedad.

En su mensaje más claro advierte que la evolución de las finanzas públicas “vuelve imperiosa establecer un estricto compromiso con una senda realista pero exigente de consolidación fiscal”.

En opinión del Consejo, en caso de no hacerlo, “el país corre el riesgo de empeorar su calificación crediticia, incrementar las tasas de interés para los hogares y las empresas, encarecer el financiamiento de la deuda pública y contribuir a la generación de presiones inflacionarias a través de la prociclicidad de la política fiscal”.

Por todo ello, sostiene que al aumento del costo de endeudamiento también “asoman riesgos indirectos asociados a un menor crecimiento del empleo y la actividad económica, lo cual afectaría el bienestar de las familias”.

A juicio del Consejo, el complejo escenario fiscal, sumado a las dificultades en el cumplimiento de las metas estructurales tras la crisis financiera internacional de 2008-2009, hacen indispensable adoptar medidas “para recuperar la credibilidad de la regla fiscal”. Y para ello se necesita “generar un consenso transversal sobre la responsabilidad fiscal, que hoy se traduce concretamente en poder establecer y cumplir una senda de convergencia que ayude a lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

1) Actualizar las metas fiscales para 2021-2022, lo que debiese quedar plasmado en el Decreto que establece las bases de la política fiscal. El criterio para fijar las nuevas metas de balance estructural debe ser realista, pero exigente en definir una trayectoria de consolidación fiscal.

2) Iniciar progresivamente, desde 2021, la reversión de las medidas fiscales transitorias y concentrar las ayudas extraordinarias en los grupos de la población que más lo requieren, dándole continuidad a estas definiciones en el Proyecto de Ley de Presupuestos del sector público para 2022.

3) En caso de requerirse nuevas medidas de apoyo, conforme evolucione la situación sanitaria, estas debiesen ser financiadas con reasignaciones. Asimismo, se debiera contemplar una transición desde políticas fiscales de ayuda directa, hacia aquellas destinadas a fortalecer el empleo formal, todo esto con el objeto de apoyar la recuperación económica y evitar mayores presiones inflacionarias.

4) Monitorear y gestionar en el corto plazo los riesgos asociados a los pasivos contingentes que puedan gatillarse tras la crisis de la pandemia, por su eventual impacto adicional tanto sobre el déficit como en la deuda pública.

5) Considerando las condiciones financieras, conservar, al menos, un nivel mínimo de los fondos soberanos, en particular del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), para asegurar el acceso a liquidez en caso de nuevas emergencias. Asimismo, elaborar un plan que estime un nivel adecuado de ahorro prudencial e implementar gradualmente las acciones para alcanzarlo.

6) La administración entrante en 2022 debiese llevar a cabo un proceso creíble de consolidación fiscal, compatible con la sostenibilidad de las finanzas públicas, quedando esto reflejado en el Decreto que establecerá las bases de su política fiscal.

7) Para reducir el déficit estructural, además, debieran contemplarse aumentos en fuentes de financiamiento permanentes, ya sea a través de un mayor crecimiento tendencial, nuevos ingresos tributarios, reasignaciones y/o mayor eficiencia del gasto.

8) Fortalecer la institucionalidad fiscal, complementando en el corto plazo la regla de Balance Estructural con un ancla fiscal, definida como un nivel prudente y sostenible de deuda neta para un país emergente como Chile. Adicionalmente, incorporar cláusulas de escape explícitas, las cuales debiesen ir acompañadas de reglas de convergencia posterior. En este marco, también se sugiere establecer explícitamente que las metas de Balance Estructural deben ser cumplidas ex-post, de forma tal que, si se identifica un desvío del Balance Estructural respecto de las metas, este deba ser corregido.