Constructoras inician ajustes de personal y recurren a figura de la suspensión de contrato

La cuarentena obligatoria decretada en siete comunas de la Región Metropolitana forzó a detener la mitad de las obras de edificación en curso en Santiago, lo que corresponde a cerca de 290 faenas, donde cumplen sus funciones entre 130 mil a 150 mil trabajadores. Esto, porque el rubro de la construcción quedó fuera del instructivo de sectores que seguirán funcionando bajo este régimen sanitario, entre los cuales se cuenta a la minería y la banca.

Y frente a la expectativa de que esta medida se extienda más allá de siete días -como lo señalan varios actores de la industria-, empresas del rubro han iniciado la notificación a sus empleados de la suspensión del vínculo laboral y, asimismo, el pago por los días no trabajados durante marzo.

Uno de los casos que se conoció a fines de la semana pasada fue el de la constructora Moller y Pérez-Cotapos, que mediante un comunicado interno informó a sus colaboradores que para “paliar los efectos de esta crisis” se determinó pagar los sueldos correspondientes a marzo, sin aplicar descuentos por días no trabajados por la cuarentena, pero que a contar de abril “la fuerza mayor implicará suspender totalmente los derechos y obligaciones del contrato de trabajo, lo que afectará las remuneraciones”.

La empresa explicó que, mientras tanto, seguirá pagando todo lo que implican las leyes sociales (pensiones, salud y seguro de cesantía), hasta reiniciar la construcción de los proyectos. También señaló que “esta situación es propia de la industria, que depende de los estados de avance y de pagos para el financiamiento de las obras”.

Es así como los casos se han repetido, en forma generalizada, en otras empresas del sector, principalmente en aquellas que tienen obras en ejecución en las siete comunas con cuarentena total. Una de ellas es Constructora ISA, que también informó a sus trabajadores la semana pasada sobre esta suspensión de contrato, particularmente a aquellos que se desempeñan en faenas emplazadas en estas comunas. Trabajadores de Besalco también reportan una medida similar adoptada por la empresa.

Desde Besalco explicaron que “la crisis sanitaria generada por el coronavirus nos ha impuesto el desafío de que todas las medidas que adoptemos contribuyan a resguardar la salud de nuestros colaboradores, pues ellos son nuestra prioridad. En ese contexto, en estos momentos nos encontramos realizando un análisis diferenciado en cada una de nuestras obras, de acuerdo a criterios tales como sus fechas de término, decisión de continuar por parte del mandante y posibilidad efectiva de continuar trabajando con medidas estrictas de seguridad. Sobre esa base, estamos examinando un conjunto de diferentes medidas, según sea el caso específico. No se trata de una sola medida”.

Aunque se repiten los casos de trabajadores del rubro que no serán remunerados por los días no trabajados, los reclamos también apuntan que incluso, en algunos casos, sólo se les informa verbalmente sobre la suspensión del vínculo laboral mientras dure la cuarentena y que se les pide esperar una notificación mediante correo certificado.

En el caso de Moller, la empresa aclaró que esta suspensión de contrato “solo afecta a los trabajadores que realizan trabajos en las obras de las siete comunas, no a quienes trabajan en obras en otras comunas que no tienen cuarentena obligatoria o a quienes realizan teletrabajo”. Sin embargo, el teletrabajo no es algo que se dé en todas las constructoras.

Trabajadores de otras empresas, que piden anonimato, cuentan que no se les ha dado oportunidad de hacer teletrabajo, incluso pudiendo hacerlo, ya que su labor no tiene solo directa relación con las faenas.

La explicación de las empresas para adoptar este tipo de medidas, es que el avance de obras es clave para que los mandantes y los bancos liberen los recursos. Frente a la actual emergencia sanitaria, la detención de las obras en las comunas con cuarentena obligatoria impide cumplir con las metas de avance de las obras, ante lo cual los mandantes y financistas no liberarían los pagos correspondientes a las constructoras. A nivel general, entre 60% y 70% los proyectos se financian con deuda.