Corfo sube el tono en conflicto con SQM y pide informe en derecho para fiscalizar acuerdo

"Fiscalizar como perros", esa es la consigna que tienen en Corfo respecto del acuerdo que se firmó con SQM por el uso del Salar de Atacama. Esto, luego de que se conociera que Julio Ponce Lerou asesorará al directorio de la empresa.

Polémica que además se incrementó tras la negativa de SQM a entregar información a Corfo respecto de los contratos de los hermanos Ponce y del acta en la que se aprobó la asesoría, algo que motivó al organismo a ampliar la solicitud a las sociedades Cascada.

"Que nos respondan de esta forma es indigna", sostuvo el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel ante diputados en su presentación en la Comisión de Minería.

Considerando lo anterior, la Corporación preparó una batería de nuevas diligencias para verificar el cumplimiento de los contratos que regirán hasta el 2030.

Así, se encargó un informe en derecho para que se determine, de forma jurídica, los temas de gobiernos corporativos que están involucrados, de incumplimientos contractuales en otras materias que se puedan dar y si los contratos son, en su conjunto, un único y mismo cuerpo. Esto último como consecuencia de que Corfo firmó con SQM tres contratos: uno de proyectos; otro de arriendo; y un tercer acuerdo unilateral con Pampa.

"SQM alega en su carta que estos tres instrumentos no son integrantes de un solo elemento jurídico. En nuestra visión, más bien personal, considero que sí es parte de un solo instrumento", dijo la fiscal de Corfo, María Elina Cruz.

Como segunda medida, Sichel indicó que oficiará a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para que determinen si hubo una falta del rol fiduciario de los directores independientes de la minera no metálica al momento de aprobar la contratación de los hermanos Ponce Lerou. En esa calidad hoy están Laurence Golborne y Alberto Salas.

"En esto ha sido enfático el Presidente de la República con nosotros, nos ha mandatado a fiscalizar duramente", comentó el vicepresidente ejecutivo en el Congreso.

Por su parte, la fiscal se refirió en más detalle a la respuesta de SQM respecto de los antecedente requeridos por Corfo para aclarar el rol de Ponce como asesor: "No hay ninguna norma que nos permita requerir información obligatoria (...) lo que sí tenemos es que si consideramos que por la no entrega de información se incurre en un incumplimiento, podemos activar las sanciones por la cual tenemos que recurrir a los arbitrajes", comentó.

Costos

Uno de las preguntas que recibió Sichel en la Comisión del Senado fue el costo que tendría para el Estado terminar de forma unilateral el contrato en el salar de Atacama.

"Uno podría ver cuánto deja de percibir el Estado y cuánto debe pagar como cláusula anticipada y los temas de expropiación están en la Constitución, no nos corresponde a nosotros la tasación real, pero el piso mínimo que debería indemnizar el Estado son US$23 mil millones. En el caso de SQM son US$18 mil millones y con Albemarle otros US$5 mil millones", sostuvo.

En otro plano, la fiscal reconoció que están negociando con Albermale otro punto en que el contrato suscrito tampoco fue claro: sobre el precio de venta respecto del 25% de la producción que cada empresa debía destinar a consumo interno para imprimirle valor agregado.

La licitación para ese 25% de Albermale está adjudicada a tres firmas, pero no hay acuerdo sobre qué significa el concepto "precio preferente". "El contrato habla de precio de mercado más bajo en exportaciones. En ese caso nosotros consideramos que debieran aplicarse los precios a los que ellos venden a sus empresas relacionadas (de transferencia), en cambio ellos encuentran que es el precio a terceros, que es más alto. Eso estamos discutiendo", manifestó Cruz.