La Corte de Apelaciones de Santiago desestimó el recurso de amparo económico presentado por el abogado Juan Francisco Sánchez Silva en contra de Codelco, Salares de Chile SpA, Minera Tarar SpA y la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). Este fallo aborda una de las disputas más relevantes sobre la legalidad de la participación del Estado en la explotación del litio y establece un precedente en la interpretación de las atribuciones legales de Codelco en esta materia.

A inicios de noviembre de 2024, el abogado Juan Francisco Sánchez presentó un recurso de amparo económico ante la Corte de Apelaciones de Santiago, cuestionando la legalidad de la creación de Salares de Chile SpA y Minera Tarar SpA, filiales de Codelco destinadas a la explotación del litio.

Según el recurso, estas entidades fueron constituidas “sin que una ley de quórum calificado lo autorice”, lo que vulneraría las disposiciones constitucionales sobre las actividades empresariales del Estado. Sánchez argumentaba que “este amparo económico se dirige en contra de la creación -en una notaría- de la Empresa Nacional del Litio, denominada ‘Salares de Chile SpA’, burlando todos los requisitos y limitaciones que la Constitución y la ley imponen a la actividad empresarial del Estado”.

El abogado también denunció que, mediante estas filiales, se asignaron derechos mineros en el Salar de Atacama sin licitación pública, en contravención al artículo 9 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. “Codelco asignó y transfirió sus derechos en Tarar a Salares de Chile SpA, que pasó a ser su matriz”, señala en su presentación. Asimismo, el recurso critica el acuerdo firmado entre Codelco y SQM en mayo de 2024, acusando que esta operación se estructuró de forma contraria a la normativa vigente y sin el consentimiento de los accionistas minoritarios de SQM, lo que, según Sánchez, es fundamental para la legalidad de la operación.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago en su sentencia de este 20 enero de 2025 rechazó el recurso de amparo económico al concluir que la normativa vigente sí autoriza a Codelco a participar en la exploración y explotación de litio. “El Estado, por medio de su empresa Codelco, se encuentra autorizado, por ley de quórum calificado, para desarrollar y participar en actividades para la exploración, explotación y comercialización de litio”, consignó el laudo.

El dictamen de 20 páginas fue dictado por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones, presidida por el ministro Hernán Crisosto, en forma unánime.

El tribunal fundamentó su decisión en el Decreto Ley N° 1350 de 1976, que define el objeto de Codelco e incluye expresamente la explotación de minerales no ferrosos como el litio. “El legislador quiso dotar a Codelco de un objeto amplio relativo a la minería, con el solo límite de la exploración y explotación de metales ferrosos”, señala el documento. Además, la Corte determinó que el recurso era extemporáneo, ya que se presentó fuera del plazo legal de seis meses establecido en la Ley N° 18.971.

Aunque el recurso fue rechazado por razones procesales, el tribunal de alzada capitalino decidió emitir un pronunciamiento de fondo dada la relevancia del caso.

“Si algo queda claro es que el legislador otorgó a Codelco amplias facultades para ejercer actividades relacionadas con minerales no ferrosos”, concluyó el tribunal. La resolución también indicó que las filiales Salares de Chile y Minera Tarar no constituyen la anunciada Empresa Nacional del Litio, sino que responden a una estrategia estatal distinta.

El caso tiene implicancias significativas en el debate sobre el papel del Estado en la industria del litio, especialmente en el marco de la Estrategia Nacional del Litio impulsada por el gobierno de Gabriel Boric. Según esa estrategia, Codelco y otras entidades públicas jugarían un rol central en la explotación de este recurso estratégico, en asociación con empresas privadas como SQM.

El abogado Sánchez Silva adelantó a Pulso que recurrirá a la Corte Suprema para zanjar el conflicto.