CUT recurrirá a la Contraloría para revisar legalidad de nuevo listado de empresas estratégicas

A principios de julio el Ministerio de Economía hizo pública una nómina de tres entidades que están solicitando ingresar al listado de empresas sin derecho a huelga, más conocidas como empresas estratégicas. Se trata de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación Chilena de Seguridad y Servicios Clínicos Médicos Domiciliarios San Juan de Dios.

Este nuevo proceso fue rechazado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que en ese momento advirtió que se estaba vulnerando el Código del Trabajo, tras las modificaciones que se realizaron con la Reforma Laboral, por lo que correspondería realizarlo en 2019.

Por el contrario, desde el gobierno señalaron que "la posibilidad de que las empresas soliciten ser incluidas en tal listado es anual. Por lo tanto, lo que dura dos años es la calificación de la empresa, no la posibilidad de otras compañías de pedir dicha calificación, cuando no la tengan, anualmente".

El nuevo artículo 362 del Código del Trabajo (antes 384) señala que la calificación de encontrarse la empresa en alguna de las situaciones señaladas (que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional) será efectuada cada dos años, dentro del mes de julio, por resolución conjunta de los Ministros del Trabajo y Previsión Social, Defensa Nacional y Economía, Fomento y Turismo, previa solicitud fundada de parte, la que deberá presentarse hasta el 31 de mayo del año respectivo.

Por este motivo, que según la CUT obligaría al gobierno ha realizar el listado cada 2 años, es que la multisindical recurrirá a la Contraloría para que revise la legalidad del proceso abierto a principios de mes.

"Vamos a llevar el tema a Contraloría porque nosotros creemos que este es un tema que está totalmente zanjado en la Ley, que no requiere un asomo de interpretación y por lo tanto nosotros creemos que si no ponemos una voz de alerta ante estas situaciones vamos a seguir viendo a un gobierno y una Dirección del Trabajo que hoy se transforma en un brazo armado en favor al empresariado", dice la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa.

Para la presentación la multisindical solicitó reunión con el Contralor, la cual se debería concretar en los proximos días.

Argumentos de la presentación

La última calificación de este tipo de empresas se hizo el 28 de julio de 2017, fecha en que se determinó las firmas y corporaciones que se encontraban en algunos de los supuestos previstos por el artículo 362 del Código del Trabajo, estableciéndose un listado de 102 empresas y corporaciones.

En este contexto, y con el nuevo proceso la CUT además sostiene que se están vulnerando artículos de la Constitución. Así lo plantea el asesor jurídico de la multisindical, Josue Vega, quien sostuvo que "es evidente que el procedimiento de calificación de empresas estratégicas iniciado hace un par de semanas es improcedente e ilegal y excede las facultades otorgadas a la administración, vulnerándose el artículo 362 del Código del Trabajo y los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de La República".

En este contexto, Vega explica que sostener que la duración de dos años a que hace referencia el artículo 362 se refiere al efecto y no al procedimiento, como lo afirman las actuales autoridades encargados de efectuar la calificación, "es torcer la correcta interpretación de la Ley, pues ni del tenor literal, ni de otras normas sobre la materia, ni de la historia de la Ley, se desprende que se haya efectuado ese distingo".

Al mismo tiempo, Vega señala que hay un pronunciamiento de la Corte Suprema mediante un oficio de febrero de 2015, remitido a la Cámara de Diputados, donde sostuvo en lo pertinente que: "el artículo 363 de la reforma en estudio (laboral), consagra la manera como se determinaran las empresas que no pueden acogerse al derecho de huelga, señalando que dicha calificación se hará de forma bianual, a través de una resolución conjunta de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, Defensa Nacional y Economía, Fomento y Turismo".

Otro de los argumentos que utilizará la Central tiene que ver con el proceso judicial aún en curso, ya que en la Corte de Apelaciones de Santiago hay 15 casos de sindicatos (22 a nivel nacional), en su mayoría de empresas eléctricas, que están solicitando excluir a sus empresas del listado de aquellas firmas que no tienen derecho a huelga. Ese proceso ya lleva más de un año, por lo que de acuerdo a este nuevo proceso abierto por el gobierno, no se justificaría llevar los casos a la justicia.