Debuta norma que otorga un rol clave al Estado para definir trazados de líneas eléctricas

Las comunidades y la creciente conciencia ambiental están teniendo cada vez más un rol protagónico en la industria energética. La línea de transmisión Cardones-Polpaico es un ejemplo de ello, ya que no ha logrado concluirse por oposición ciudadana.

Para compatibilizar esto con las necesidades del país de desarrollar nuevas líneas de transmisión, El gobierno anterior creó el estudio de franja, procedimiento incluido en la ley de transmisión que busca definir alternativas de localización para proyectos mayores. Su debut ya está en marcha, con la evaluación de dos líneas de transmisión en el sur. Pero además, próximamente enfrentará una prueba de fuego: la megalínea paralela a Polpaico-Cardones, que costará US$1.100 millones y que será la primera en el país en corriente continua.

"Este es un instrumento que busca incluir criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones respecto a la localización de proyectos de transmisión. De esta manera, tomará en cuenta los efectos sobre el paisaje, el medio ambiente, las comunidades y otros criterios requeridos para un desarrollo sustentable. Además, promueve procesos de participación ciudadana oportunos e inclusivos, que buscan considerar de manera temprana los intereses de las comunidades, aplicando herramientas como la Evaluación Ambiental Estratégica", señaló la ministra de Energía, Susana Jiménez.

Pese a ello, las empresas tienen dudas, sobre todo pues temen que podría alentar la especulación, complicando más los proyectos en vez de facilitarlos.

Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas, manifestó que "las franjas son o deberían ser bastante anchas de manera de que no se pueda identificar exactamente un terreno específico que de lugar a es especulación en los precios. Sin embargo es un tema de preocupación que deberemos trabajar en conjunto".

El ex director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Andrés Romero, uno de los impulsores de la medida, dijo que "esperamos que resulte bien, pero al menos en términos de diseño establece un estándar que es bastante alto. Es hacer una evaluación ambiental estratégica. No hay varita mágica para evitar la judicialización o que las comunidades se vean afectadas, pero sí es muy valioso introducir a la autoridad en esto".