La presentación en sociedad de las bases de licitación para la Desaladora de Coquimbo se vivió este martes en el auditorio de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), donde se desarrolló una jornada de discusión sobre algunas de las dudas que tienen los interesados en el proceso para adjudicarse la construcción del proyecto clave para enfrentar la escasez hídrica de la Región de Coquimbo.

En paralelo a la tramitación del proyecto ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el 31 de diciembre se presentaron las bases de licitación que el Ministerio de Obras Públicas confeccionó para ejecutar el proyecto, cuya inversión referencial alcanza los US$260 millones. Durante este tiempo, cerca de dos decenas de empresas adquirieron las bases, por lo que en la previa existe un alto interés en la iniciativa. Sin embargo, en el evento organizado también por la Asociación Chilena de Desalación y Rehúso (Acades) se hicieron explícitas dos cosas: el interés real de que el proyecto sea exitoso, pero con reglas más claras para atraer la mayor cantidad de ofertas por parte de los interesados.

Así lo resumió el presidente de Acades, Alberto Kresse: “Queremos básicamente que sea exitoso, que cuente con alto interés, alta participación, y eso lo podemos manifestar en este evento. Queremos que se reciban montón de ofertas, para que exista competencia y que esto nos lleve a valores de mercado”, indicó, recordando que el caso de la Desaladora de Coquimbo “es la primera concesión que vamos a abordar con este modelo”.

En cuanto a las inquietudes de las empresas del sector, Kresse indicó que hay “algunos conceptos de las bases propiamente tal, cómo equilibramos los riesgos de la aprobación ambiental, de la obtención de permisos, de la gestión de terrenos, entre otros”, además de multas dentro del proceso que les interesa revisar, pero a ello agregó “otras inquietudes paralelas al proceso propiamente tal de licitación, que tienen que ver con toda la gestión ambiental del proyecto, con la integración del proyecto a la comunidad”. En esa línea, planteó la necesidad de que los habitantes de la región “hagan propio el proyecto”

Indicó que del éxito de este inédito proceso licitatorio depende la “validación del modelo de concesiones”. “Si nos va bien como país en este primer proyecto en particular, podríamos replicar y tener infraestructura en otros lugares de Chile”, expresó.

Algo en lo que coincidió el titular de la Dirección General de Concesiones, Juan Manuel Sánchez, quien cree que el proyecto puede transformarse en “una bala de plata” para poder hacer frente a la necesidades de infraestructura que permita hacer frente al problema de la sequía. A ello sumó la experiencia que significa para el MOP, y para la Dirección General de Concesiones, “llevar adelante un proyecto como la mayoría de los privados lo hacen”, de “someterse al rigor del sistema de evaluación ambiental”

A su turno, Luis Felipe Elton, jefe División de Desarrollo y Licitación de proyecto de la Dirección General de Concesiones, destacó las particularidades del proceso relacionado con la desaladora de Coquimbo, como un proyecto que “lo estamos haciendo entre todos”. “Este es un proceso super innovador para la Dirección General de Concesiones, ustedes saben que estamos acostumbrados a las carreteras, sabemos hacer aeropuertos, hospitales, cárceles, pero desaladoras no. Esta es la primera, y por lo tanto, esto lo estamos construyendo entre todos”, indicó.

Junto con remarcar que “es un proyecto que tenemos que llevar a buen término”, Elton reconoció que las inquietudes que han ido planteando distintos actores sobre aspectos específicos de las bases están siendo estudiados para incorporarlos en circulares aclaratorias, o incluso también hacer modificaciones al proceso. “Estamos revisando algunas cosas para hacer los ajustes que sean necesarios, para no dejar a nadie fuera”, planteó.

A continuación, detalló distintos aspectos, por ejemplo, relacionados a las expropiaciones que tendrán que realizarse para ejecutar el proyecto y que “el concesionario va a pagar las expropiaciones por un monto que está definido en las bases. Esta es una regulación bastante usual en el sistema de concesiones; paga el Estado de Chile si es que las expropiaciones salen más caras”, indicó.

Sobre la entrega de permisos ambientales, en particular de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) -ya en trámite-, Elton recordó que “la estrategia ha sido presentar primero un estudio de impacto ambiental que estaba prácticamente terminado (...) que incluye las obras de la planta desaladora, pero también las obras marinas del proyecto”, pero dijo que la esperanza de las autoridades es haber cerrado el proceso “en el segundo semestre del año 2026″.

Sin embargo, fue enfático a la hora de aclarar que el proceso establece que “la responsabilidad de obtener el permiso ambiental completo es del Ministerio de Obras Públicas, el Director General de Concesiones es el representante legal, es el titular del estudio de impacto ambiental que está actualmente en evaluación”.

Sobre la recepción de ofertas técnicas en julio, programada para el 10 de julio, afirmó que “es una fecha inamovible” y que la apertura económica se realizará, con las empresas que pasan la evaluación técnica, en agosto, por lo que la adjudicación del proyecto está estimada para diciembre.