Diputados aprueban proyecto que crea nuevo royalty al cobre y al litio, pero gobierno hace reserva de constitucionalidad

Pese a contar con informe negativo de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la sala de dicha instancia parlamentaria aprobó, por 91 votos a favor, 36 en contra y 15 abstenciones, un proyecto de ley que crea un nuevo Royalty a las ventas de cobre y litio.

La iniciativa fue presentada en 2018 por diputados de oposición, y fue aprobada por la comisión de Minería y Energía de dicha instancia, pero fue rechazada en la comisión de Hacienda, con el voto en contra del oficialismo más el diputado DC José Miguel Ortiz que, no obstante, votó a favor en sala.

El debate comenzó este martes, pero no se votó allí por fallas en el sistema telemático, considerando que varios diputados participaron de la sesión de forma remota.

Al haber sido objeto de indicaciones, la iniciativa debe volver a la comisión de Minería y Energía de dicha instancia parlamentaria.

El debate estuvo marcado por fuertes críticas de diputados de oposición al mecanismo de tributación minera vigente. Según el diputado PS Marcos Ilabaca, el impuesto actualmente vigente, que se paga respecto a las utilidades, recauda menos debido a que las empresas, según expuso, elevan los costos para pagar menos impuestos.

“¿Han dicho algo sobre cómo van generando un sistema de gastos para disminuir las utilidades estas empresas? ¿Alguien ha dicho algo respecto a las empresas relacionadas que inflan muchas veces los costos para generar menos utilidades y así pagar menos costos?” expuso el diputado.

Este tema fue objeto de álgido debate en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, instancia en la que el presidente del Consejo Minero -gremio que agrupa a las mayores mineras del país, entre ellas Codelco- llamó a los parlamentarios que tengan alguna prueba al respecto realicen las denuncias correspondientes. En respuesta, el presidente de la comisión, el diputado PC Daniel Núñez, lo acusó de “prepotente”.

“Esas empresas privadas, que ni siquiera son chilenas, se llevan toda la plata, todo el sueldo de Chile, hacia afuera. Eso no es digno. Esos recursos no solo deberían estar usándose para compensar el impacto medioambiental, sino que también para permitir el desarrollo del país”, agregó la diputada (PC) Camila Vallejo.

Sin embargo, el gobierno insistió, como lo ha hecho en instancias anteriores, hizo uso de la reserva de constitucionalidad del proyecto, debido a que crea un tributo, facultad que, según la Carta Fundamental, está entregada al Ejecutivo.

“Este es un proyecto de ley que es inconstitucional, porque busca que la Cámara de Diputados ejerza atribuciones que corresponden a la creación de un tributo, que es exclusiva del Presidente de la República. Nuestra Constitución entrega esa facultad al Ejecutivo. Sobre esto ya se refirieron varios constitucionalistas. Como gobierno estamos obligados a actuar bajo la institucionalidad vigente”, aseguró el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

“El debate corresponde a elevar los tributos de la minería. Pero la minería tiene un impuesto variable, que aumenta o disminuye conforme varía el precio del mineral. Este aumento del cobre permite crear un margen mayor, y de acuerdo con nuestra legislación, la tasa marginal sube y la recaudación aumenta. Este sistema ya es capaz de capturar las alzas de precios”, agregó Cerda.

Dado que el proyecto no solo grava las exportaciones de cobre, sino también de litio, el gobierno aseguró que hoy las empresas productoras de este mineral ya entregan recursos en torno al 40% al Estado, considerando impuestos y regalías a Corfo.

El ministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, reforzó ese punto.

“El litio en Chile ya paga al Estado, de cada 100 pesos de precio del litio, entre el 40% y el 45%. Eso lo recauda el Estado vía contratos de Corfo e impuestos. Es el porcentaje más alto que cualquier país del mundo. Además, aunque la demanda proyectada de litio va a aumentar en los años que vienen, las proyecciones que nosotros tenemos, es que Chile va a seguir perdiendo participación de mercado, y va a pasar desde el 37% que tenía en 2016, a probablemente menos del 20% en el año 2030″.

Los cuestionamientos del gremio que reúne a la mayor parte de las empresas mineras, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), surgieron inmediatamente tras la decisión parlamentaria. El presidente de dicha entidad, Diego Hernández, dijo que los diputados se dejaron llevar por argumentos populistas.

“Es lamentable que los diputados y diputadas hayan preferido atender argumentos populistas y poco realistas, en lugar de argumentos técnicos que avalan el efecto negativo que tendría para el sector la aplicación de un royalty a las ventas”, dijo Hernández.

El presidente del gremio minero concurrió la semana pasada a la comisión de Hacienda de la Cámara Baja, donde planteó la necesidad de mantener el sistema de royalty actualmente vigente, que resulta más conveniente para el país, indicó.

“Esperamos que en los siguientes procesos de tramitación de este proyecto, de discutida constitucionalidad, prime la cordura y se mantengan las reglas para recuperar la inversión en este periodo post pandemia, ya que es fundamental enviar señales claras de seguridad jurídica a los inversionistas”, concluyó Hernández.

Por último, el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, agregó que si bien el debate es completamente legítimo, es necesario ser responsables y tener una mirada más allá de lo inmediato.

“Hemos sido claros en señalar que es legítimo que el país evalúe la carga tributaria de sus sectores productivos, entre ellos el de la minería. En este debate, importante para el país y fundamental para el futuro del sector, es necesario ser muy responsables, analizar con profundidad la competitividad de nuestra carga tributaria, sensibilizar los efectos de su incremento y tener una mirada de largo plazo. El país merece una discusión seria e informada y como Consejo Minero estamos empeñados en promover ese debate”, indicó Villarino.