Diputados defienden ley de protección de datos ante el Tribunal Constitucional

Tres diputados presentaron hoy ante el Tribunal Constitucional un téngase presente como respuesta a los reparos presentados ante la entidad por la Asociación de Bancos e instituciones financieras, la Asociación Gremial de Cooperativas de Ahorro, y de gremios de Empresas Fintech, además del Ministerio Público. Las agrupaciones consideraron que las sanciones son excesivas.

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Los parlamentarios Leonardo Soto, Luis Cuello y Daniel Manouchehri, respondieron: “Lo único desproporcionado en todo este proceso es la reacción de parte de la elite empresarial chilena para atacar el régimen de sanciones de esta nueva ley (...) No tiene nada de desproporcionado, ni de escandaloso, el sistema de sanciones aprobado. De hecho, es moderado. Que las empresas internacionales no lloren en Chile mientras afuera pagan gustosa sus sanciones”, dijo Soto.

El legislador recalcó que las multas consideradas en la ley se mantienen lejos de los niveles más altos en las leyes chilenas. “En nuestro país, las multas en la ley de libre competencia, en la ley del medio ambiente o en ciberseguridad, son mucho más altas que las de esta nueva normativa y los gremios empresariales no las cuestionaron”, expresó, apuntando a que la máxima sanción en protección de datos es la mitad de la que corresponde en ciberseguridad.

Las sanciones interpuestas a las empresas que incurran en infracciones pueden llegar hasta las 20.000 UTM (U$1.418.000). En caso de reincidencia pueden multiplicarse por tres.

Los diputados aseguraron que las sanciones contenidas en la nueva legislación aprobada por el congreso a finales de agosto están en línea con las regulaciones de otros países del mundo, aunque se mantienen por debajo de la Unión Europea, Corea del Sur, Estados Unidos y Brasil.

“¿Qué les molesta? Nos parece impresentable que estos gremios empresariales arremetan en contra de las sanciones más altas de la nueva ley, defendiendo los intereses de aquellos que van a cometer reiteradamente abusos o violaciones gravísimas con los datos personales de niños, niñas y adolescentes, o con información biométrica, o del perfil biológico de las personas. De eso estamos hablando”, declaró Soto.