Duras acusaciones entre Tianqi y Cascadas marcan audiencia en el TDLC por acuerdo con la FNE
En la cita, que duró cuatro horas, tanto SQM como un grupo conformado las sociedades Cascadas, Conadecus y el economista Manuel Cruzat , manifestaron su rechazo al acuerdo.
"Presiones políticas", "incesto corporativo" y medidas "insuficientes", fueron algunas de las duras frases que marcaron la audiencia que se desarrolló ayer en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Esto, en el marco de la revisión del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y Tianqi, para que esta última adquiera el 24% de las acciones que Nutrien, ex Potash, posee en la minera nacional.
En la cita -que duró cuatro horas- tanto SQM como un grupo conformado por Pampa, Potasios e Inversiones Global Mining (Cascadas); además de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) -representada por el estudio Bravo- y el economista Manuel Cruzat Valdés manifestaron su rechazo al acuerdo. Mientras, la FNE, Tianqi y Nutrien (ex Potash y quien vendió el 24% de SQM a Tianqi) lo defendieron.
En el caso de SQM, su abogada María Isabel Díaz apuntó a que el mencionado acuerdo -que limita acceso a información comercial por parte de Tianqi y establece restricciones a nivel de directorio- es insuficiente y las medidas propuestas no mitigan los riesgos. En su opinión, no se tomó en cuenta la estructura del gobierno corporativo de SQM, que establece que las decisiones del negocio deben ser tomadas en el directorio y no en los comités, que es donde se restringe la acción de Tianqi según el acuerdo.
De igual modo, indicó que el plazo de duración de éste (seis años, con una revisión al cuarto) es insuficiente.
Otra de las dudas que planteó fueron los riesgos asociados a decisiones que se podrían celebrar en el marco de una junta de accionistas, donde Tianqi, con una eventual participación de 24%, podría generar fracasos en temas estratégicos. Asimismo, alertó que el diseño del acuerdo no está en línea con lo que dicta la Ley de Sociedades Anónimas y las responsabilidades, que a través de ella, se adjudican a los directores.
"No es el procedimiento adecuado. La Ley de Sociedades Anónimas los obliga (a los directores) a conocer toda la información, por lo que el acuerdo está basado en un incumplimiento", aseveró.
"Hay un riesgo con competencia desleal, al poder (Tianqi) acceder a información de su competencia", manifestó, toda vez que indicó que en caso de que la firma china reciba información sensible de SQM por error, no tiene la obligación de reportarlo a la FNE.
Si bien, la presentación del abogado de las firmas que forman parte de las denominadas cascadas -que en conjunto poseen el 31,9% de SQM- José Clemente Coz, estuvo en línea con lo expuesto por Díaz, éste fue más allá al señalar que las medidas planteadas se reducen a buenas intenciones, por lo que criticó que el incumplimiento de alguna de ellas, no implica una sanción para Tianqi. Asimismo, afirmó que existe un "incesto corporativo" al integrar a la competencia en el directorio de la minera nacional.
"Se le ha regalado un acuerdo a Tianqi para entrometerse en el directorio de un competidor", afirmó, criticando a la vez que el acuerdo no restringe la entrada de ex directores, ex ejecutivos y ex administrativas de Tianqi como directores de SQM.
Tianqi y Nutrien
A su turno, el abogado de Tianqi, Claudio Lizana, acusó que la FNE recibió "presiones políticas importantes" en el marco de la investigación de la operación y señaló que existió una campaña de desprestigio frente a una transacción que sólo considera una participación minoritaria.
Sin embargo, su ponencia se centró, en que la actual administración de Corfo no se presentó como parte de los alegatos, siendo que la ex administración -liderada por Eduardo Bitran- hizo la denuncia.
"Creemos que la nueva administración no valida este proceso o está satisfecha con la actual situación (…) En ausencia de la denuncia de Corfo, esta investigación no habría sido hecha por la FNE", dijo, descartando los riesgos de coordinación detectados por ésta última.
En ese sentido, planteó que dudaba de la jurisdicción de la FNE en esta materia, desde la perspectiva de que el mercado relevante es el mundial y no el chileno. Por su lado, el representante de Nutrien, José Miguel Huerta, advirtió que sería imprudente que el acuerdo no se cumpla ya que faltaría a la seguridad jurídica necesaria para llevar adelante importantes negocios.
El fiscal Nacional Económico (s), Mario Ybar, en tanto, descartó las presiones políticas acusadas por Lizana y defendió el acuerdo, catalogándolo como suficiente en el marco de los principios de la libre competencia.
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