El duro fin de año de Richard Von Appen

Finalmente, el viernes concluyó el segundo paro portuario más largo de la historia del país. Tras 36 días, los trabajadores eventuales del Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS) alcanzaron un acuerdo con el gobierno en pos de mejorar sus condiciones laborales.

TPS, eso sí, se mantuvo al margen. El acercamiento lo sellaron los dirigentes liderados por Pablo Klimpel, con la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) y los ministros de Transportes y Trabajo. La firma ligada a Ultramar -del Grupo Von Appen- no fue invitada a la mesa, según señalan cercanos a la compañía, y decidió no respaldar el acuerdo.

Solo ofreció desde el viernes anterior -y de manera unilateral-un crédito de $ 550 mil, aguinaldo y una giftcard de $ 250 mil a los eventuales que se reintegraran. Nada más.

El resto de lo acordado: $ 1,1 millones en capacitaciones, vendría de manos del gobierno. Con ello, se cerró un mes de tensión entre la empresa privada y el Ejecutivo; 36 días que tuvieron en la palestra al Grupo Von Appen y más específicamente al presidente de la compañía, Richard von Appen, quien optó por guardar silencio durante todo el proceso, con la excepción de un par de declaraciones que entregó el miércoles.

En el entorno del gobierno existe molestia ante una persona que calificaron de intransigente, amenazando desde el comienzo con evaluar la concesión que mantienen del Terminal 1 desde 1999, y que nunca había sido objeto de paralizaciones. Para Von Appen, el problema siempre fue de orden público, teñido de hechos de violencia que ellos no tolerarían.

Las diferencias entre ambos se acentuaron en los últimos días, cuando el gobierno habló de que el puerto estaba paralizado, siendo desmentido por TPS. Asimismo, Trabajo convocó el viernes a una conferencia donde se daría a conocer el acuerdo entre -se leía- "la empresa TPS y los sindicatos de trabajadores portuarios eventuales de Valparaíso"; en circunstancias que TPS no lo respaldó ni participó de él.

Aquí la historia del mes más complejo de Von Appen, que tiñó la relación con el gobierno, hoy agrietada.

Ricardo Ariztía abrió los fuegos. En la cabecera de la mesa, el presidente de Ultramar, Richard von Appen, y al medio, el Presidente Sebastián Piñera. El lunes, el Mandatario expuso ante los empresarios en la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). El paro portuario se tomó parte de la cita. Y la pregunta provino justamente de Ariztía. Piñera -revelan asistentes a la reunión- habría sido enfático en señalar que esto era un conflicto entre privados, instando a Von Appen a que lograra "una solución rápida".

La respuesta de parte del empresario fue automática: acá no había un problema laboral, sino de orden público, emplazando al Presidente a resolver el tema, tal como lo había hecho el miércoles anterior con Chuquicamata, donde trabajadores bloquearon el acceso y fueron rápidamente repelidos por carabineros. "Tenemos diferentes visiones", habría sido la respuesta de la máxima autoridad. La tensión se apoderó del ambiente, cuentan asistentes; tensión que traspasó la sede de Monseñor Sótero Sanz y que tuvo a uno de los principales grupos empresariales del país en el ojo del huracán y a Richard von Appen viviendo sus minutos más complejos. Era el día 31 de paralizaciones.

Las barricadas, bombas molotov, destrozos y piedrazos teñían la escena en el plano de la capital de la V Región. Desde el día 1, la actitud de Von Appen fue clara: "No conversaremos mientras no cese la violencia". Y así fue. Mientras en la calle las protestas se intensificaban y otros puertos amenazaban con sumarse, el empresario apeló a su característico pragmatismo, digno de su herencia alemana.

El 20 de noviembre Von Appen notificó a la EPV del estado de fuerza mayor, suspendiendo sus operaciones para no poner en riesgo la seguridad de su personal; ese mismo día presentaron un recurso de protección contra tres dirigentes, y en paralelo se comenzó a diseñar todo un operativo para volver a trabajar sin riesgo. Nunca hubo diálogo con los trabajadores paralizados. Las afueras se convertían en un campo de batalla.

Richard von Appen asumió la presidencia de Ultramar en 2005, luego de que su padre, Wolf von Appen -de un extremo bajo perfil-, decidiera dar un paso al costado. El empresario lidera un holding que opera en 17 países, con 16 terminales portuarios, más de 14.000 trabajadores, etc. Reconocido por ser más abierto y cercano que su padre, Richard Von Appen fue parte del grupo de los cinco que levantó la candidatura de Bernardo Larraín Matte como presidente de Sofofa. En algún momento incluso sonó el propio Richard como carta para liderar el gremio, bajo la bandera de un recambio generacional en la entidad.

Hoy, todas las miradas y dardos apuntan hacia él: los trabajadores lo emplazaron constantemente para subir la oferta, y el gobierno lo tildó de intransigente. Incluso, el diputado UDI Osvaldo Urrutia sentenció a PortalPortuario.cl: "Yo quiero decirle al Grupo Von Appen que Valparaíso no es Mejillones, que aquí no se puede estirar el chicle hasta cuando ellos quieran, lo que están haciendo es peligroso y riesgoso para la imagen no solo de Valparaíso, sino también del país y para nuestro comercio exterior".

En total, TPS tiene 220 trabajadores permanentes y 440 eventuales -que se suman en temporada alta (verano) y se repliegan en el invierno-. Estos últimos fueron el foco del conflicto. Exijían mejores condiciones laborales y bonos millonarios. La proporción de trabajadores eventuales sobre el total, es la más alta de la industria, cerca de un 67%. Puerto Central -dicen en el sector- alcanzó una relación similar, hasta el paro de 2014, cuando el número de permanentes comenzó a aumentar.

El 28 de noviembre, a las 15.30 horas, Von Appen se subió a una van con un grupo de trabajadores en las cercanías del Puerto. Había decidido probar él mismo si el sistema logístico que habían ideado para intentar operar funcionaba.

Es que desde el 16 de noviembre -tras contactos diarios con la gobernadora de Valparaíso, María de los Ángeles de la Paz, y el intendente, Jorge Martínez-, Von Appen y su equipo de TPS -gerenciado por Oliver Weinreich-, además de Carabineros, habían estructurado toda una logística para ingresar al puerto sin ser atacados por los manifestantes.

Turnos de 24 horas compuestos por tres altos ejecutivos de la compañía -los segundos harían el trabajo habitual- monitorearían minuto a minuto las mejores rutas de acceso. Se determinaría el personal necesario, se le iría a buscar, se coordinaría un punto de encuentro con Carabineros y se generaría una escolta hasta entrar. Una detallada labor de coordinación, con vans con vidrios polarizados y con refuerzo.

El primer turno, a las 7 horas del 28 de noviembre, ingresó. No se sabe si por despiste de los huelguistas o porque cedieron. A las 15.30, la van de Von Appen también lo logró.

Quienes compartieron con el empresario aseguran que estuvo encima del tema todo este mes. Aún más, precisan que desde el 28 estuvo un par de días viviendo en el terminal para ver cómo funcionaba todo.

Eso sí, sin tener contacto con la calle, porque su mirada siempre fue la misma: "No negociaría con la pistola en la cabeza" y con quienes, además, han estado amenazando a su personal. Y menos con personas que no son dirigentes, como es el caso de Pablo Klimpel, que no preside ningún sindicato, y que tampoco trabaja en TPS.

Su discurso apuntaba a que ceder a presiones redundaría en la sustentabilidad de la compañía, ya que pagar hoy se traduciría en tener que pagar todos los años.

"Hay un tema de presiones que va más allá de la plata", explican cercanos. Y añaden que para él era un asunto de orden público que no le competía a TPS resolver.

Sus preocupaciones estaban en el interior del terminal, no afuera.

Aún más, internamente dijo sentir un hostigamiento del gobierno y que su sensación apuntaba a que el Ejecutivo debía tener una actitud más dura y no responsabilizar a la empresa privada. Para Von Appen hubo un cambio de actitud: mientras en Chuqui los carabineros actuaron de inmediato, en Valparaíso esperaron tres días.

Todo subió aún más de tono con la negativa de Von Appen de transar las llamadas listas negras, que implicaba no volver a trabajar con quienes hubiesen hecho destrozos.

En el sector empresarial saltaron las voces críticas que llamaban a flexibilizar la postura, en medio de un conflicto que amenazaba con extenderse y radicalizarse hacia otros puertos, y con el riesgo de la celebración de Año Nuevo en ciernes.

Es que el recuerdo del 2013 resonó en algunas cabezas. Ese año, los Von Appen vivieron una situación similar. Un conflicto por el establecimiento de media hora de colación en el Puerto Angamos, en Mejillones -de Ultraport-, terminó en una paralización nacional de 21 días.

En la oportunidad, Ultraport publicó un inserto, calificando a los trabajadores paralizados como "violentos" y apuntando al gobierno -también al mando de Sebastián Piñera-, por negociar con quienes debían estar en tribunales. En esa oportunidad, los Von Appen también estuvieron en las primeras planas. Hoy se repetía la historia.

El 10 de diciembre, tras levantar el estado de fuerza mayor -y volver a operar-, TPS se sentó a conversar con sus dirigentes durante tres días. En una mesa estuvo el gerente general de TPS, Oliver Weinreich; de Ultraport, Diego Uribe-Etxeverría, y los presidentes de los sindicatos de Estibadores, Roberto Rojas; de los Auxiliares de Embarque, Marcelo Olguín; de Suden, Osvaldo Quevedo, y de Uniport, Luis Flores.

El miércoles 12, Richard von Appen participó de la instancia, con la finalidad de mejorar el crédito de $ 200 mil y la giftcard de $ 50 mil que habían propuesto inicialmente. El viernes se subió a un préstamo de $ 550.000 y a una giftcard de $ 250 mil. "Y pese a eso nos tratan de intransigentes", habría dicho Von Appen.

Para él, esto era un esfuerzo mayor: "TPS ya hizo su oferta".

Desde el gobierno el malestar era creciente . Es que la postura de los Von Appen no era atendible, dicen; menos cuando durante dos semanas no se hizo nada para intentar aplacar las manifestaciones.

La amenaza en torno a quitarles la concesión estaba desde prácticamente el día 1, es que lo de Mejillones aún estaba en el radar, y hoy no los ven como unos socios gratos.

El 5 de diciembre, la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) les remitió una carta, instándolos a cesar el estado de fuerza mayor, ya que estaban operando con normalidad. Y que de no ser así, se pondría en riesgo la concesión. Ese día comenzaron las bombas molotov; fue la primera jornada de gran radicalización. TPS les respondió con un libro repleto de fotos.

La tensión ya era evidente. El 7 de diciembre el gobierno sacó al presidente de EPV, Raúl Celis, por diferencias respecto del origen del conflicto, e instaló a Raimundo Cruzat con el mandato de resolver esto ya. Y él operó como intermediario con los trabajadores. TPS no apareció.

El 14 de diciembre, EPV les mandó una nueva carta. "Hemos constatado que desde el 16 de noviembre hasta la fecha ha bajado su actividad comercial y su nivel de ocupación. Creemos que puede ser debido a una situación laboral que tengan sus trabajadores, por lo que le pedimos que nos manden un plan de trabajo", decía.

Y la respuesta fue en la misma tónica. "Efectivamente, eso es lo que ocurre con los eventos de fuerza mayor, y que nuestro plan de trabajo es seguir trabajando y que esperamos que nos resguarden el orden público para poder seguir haciéndolo". Y punto.

La intransigencia que se le atribuye a Von Appen, llevó a que el gobierno se hiciera parte de la problemática. El equipo de "emergencia" fue liderado por la ministra de Transportes, Gloria Hutt. Y en él participó, además, el titular del Trabajo, Nicolás Monckeberg. Quien habría estado mediando y convocando habría sido el DC Mario Livingstone, quien asesora a Trabajo en temas sindicales. TPS no fue convocado a participar de ninguna de las dos instancias donde se sellaron preacuerdos, señalan conocedores.

Von Appen, en tanto, se reunió con todos quienes lo llamaron. Esta semana se juntó con la ministra Hutt. La tónica de la conversación fue consistente a lo que ocurrió en las últimas semanas. La secretaria de Estado le planteó que era un conflicto entre privados, a lo que Von Appen respondió que no era asunto de ellos, que no estaba en sus manos resolverlo. Se reunió también con Monckeberg y con el ministro de Agricultura, Antonio Walker.

Los avances fueron menores. Tanto es así, que el Ejecutivo debió meterse la mano al bolsillo para complementar la oferta hecha por Von Appen, propuesta que el miércoles fue rechazada, encrispándose nuevamente los ánimos.

Conocedores precisan que la idea del gobierno era que se votara en urna, ya que -estimaban- con ese mecanismo la propuesta se aprobaría sin dificultad; el problema fue que el sindicato no dejó que se votara así, sino que tuvo que ser a mano alzada, lo que generó un aplastante rechazo a lo propuesto.

"Hubo una primera etapa de intransigencia de la empresa en el sentido de no recibir a las directivas de los sindicatos de trabajadores eventuales", señaló Hutt tras el rechazo. "Pedimos la mayor responsabilidad y, además, abandonar posiciones de intransigencia, tanto a la empresa como a los trabajadores", añadió.

Von Appen le respondió directamente: "Nuestra empresa fue saqueada, rompieron la puerta principal, cerca de 30 personas entraron a destruir y a romper". "Sí, somos intransigentes con gente que ha violentado, que ataca nuestras oficinas y a nuestras personas, ahí sí somos intransigentes", enfatizó.

El conflicto en Valparaíso permeó a todo el empresariado. Es que más allá del temor de que esto dañara la imagen del sector privado, había una cierta preocupación de que este problema derivara en un cambio en la legislación laboral en materia portuaria, donde los trabajadores eventuales son necesarios.

Existe concordancia de que el bloqueo es un tema puntual, y no puede derivar en modificaciones que rigidicen la industria. Ese aspecto se tomó el consejo de la Sofofa el miércoles pasado, al cual Richard von Appen asistió, dispuesto a dar su visión de lo ocurrido.

Asistentes precisan que los exportadores -puntualmente Ronald Bown- manifestaron su preocupación, alegando un daño a los envíos y a la credibilidad del país y llamando a la creación de instancias de solución de controversia pacíficas.

Y Von Appen habló. Planteó que solo un pequeño grupo de eventuales armó el conflicto, y que esto obedeció más que nada a pugnas de poder entre organizaciones de trabajadores. De hecho, cercanos explican que todos los años TPS conversaba conlos eventuales, con la finalidad de consensuar una ayuda ante la baja en invierno, y que ahora todo avanzaba bien, hasta que "descolgados" generaron el conflicto.

"Ultramar se relaciona bien con organizaciones sindicales de sus trabajadores, los que no participaron en paralizaciones", habría dicho Von Appen, reiterando que TPS nunca había tenido una paralización en los 18 años que lleva a cargo de la concesión. Empresarios, sin embargo, ya le habrían hecho ver previamente que la gran cantidad de eventuales era una bomba de tiempo.

Von Appen ha insistido una y otra vez que aceptar "chantajes ilegales" daña la institucionalidad de Chile.

En el sector privado hubo concordancia con eso. Y, de hecho, surgieron voces críticas que cuestionaron la pasividad del gobierno, y la responsabilidad que se le adjudicó a TPS, empoderando a los trabajadores en paro.

Pero, más allá de ello, sí encontraban que la movilización ya llevaba demasiado tiempo y que Von Appen debía flexibilizar su discurso por el bien del país.

El empresario, sin embargo, nunca pensó en cambiar su actuar. El terminal operaba y existían trabajadores eventuales descolgándose, por ende, su apuesta era el desgaste. Finalmente, el conflicto terminó y Von Appen no modificó su visión. TPS quedó al margen de la negociación final.