Una serie de mesas técnicas, al menos siete, son las que se han ido formando en los últimos 12 meses en el Congreso, con representantes del gobierno y de los parlamentarios, para intentar llegar a pactos técnicos y así destrabar reformas clave en donde faltan consensos políticos. Todas ellas han logrado acuerdos en temas relevantes, lo que no implica que luego hayan sido incorporados por completo en los proyectos en cuestión.

Así, por ejemplo, en julio del año pasado empezó a sesionar un comité técnico para apoyar a los senadores de la Comisión de Salud en su labor por sacar adelante una ley corta de isapres, tras el fallo que dictó la Corte Suprema por la tabla de factores. Los técnicos terminaron su labor en octubre tras emitir un informe que zanjó varios temas donde no había consenso entre el gobierno y la oposición. Algunos de esos asuntos fueron incorporados en el proyecto de ley, y otros no.

La Comisión de Salud del Senado también convocó en octubre del año pasado a un comité técnico para que entregue las primeras directrices sobre una reforma a la salud. Los senadores dieron 60 días a los expertos para evacuar un informe con recomendaciones. Ello, considerando que en la ley corta de isapres se estableció que antes del 1 de octubre de este año se deben ingresar proyectos de ley que materialicen la promesa de una reforma sanitaria. En paralelo, el mes pasado la misma comisión formó un comité con diez especialistas para discutir esos cambios, en una suerte de presión adicional al Ministerio de Salud.

En temas tributarios, en el primer trimestre de este año sesionó un grupo de trabajo con equipos técnicos de diputados de la Comisión de Hacienda y asesores tributarios del Ministerio de Hacienda. Ahí se abordaron dos temas: el de cumplimiento tributario y el de impuestos a la renta. En esa instancia se fijaron criterios y principios que se pretendía buscar con ambos proyectos y se definió el marco general de las propuestas. A partir de eso se entregó un informe que finalmente fue la base para votar en la Cámara de Diputados el proyecto de cumplimiento tributario.

La segunda mesa técnica en materia tributaria es la que actualmente trabaja en las indicaciones del proyecto de cumplimiento o antievasión que está en su segundo trámite constitucional en el Senado, compuesta por asesores de los senadores de la Comisión de Hacienda y del gobierno. Tiene un plazo de vigencia de dos semanas, por lo que se espera que la próxima semana finalice su trabajo.

Por su parte, en las reformas previsionales que se han tramitado en el Congreso, es usual que se generen mesas técnicas de trabajo, y durante la tramitación de este proyecto no ha sido la excepción. Así, en mayo se formó una mesa técnica con representantes de cada uno de los senadores de la Comisión de Trabajo, además de representantes del gobierno, quienes el mes pasado emitieron su informe final con acuerdos y recomendaciones. En los temas que no pudieron llegar a consensos, entregaron una guía sobre el modo en que se deberían abordar. Ese ha sido un documento que ha guiado desde entonces la discusión del proyecto y el foco que quieren poner los senadores y el gobierno hacia adelante.

Actualmente también está vigente la mesa técnica del subsidio eléctrico, que encabeza el Ministerio de Energía y conforman los asesores de los diputados y senadores de las comisiones de Minería y Energía de cada Cámara, y en la que además participan como oyentes gremios y expertos en regulación del sector eléctrico. Se proyecta que dicha instancia sesione hasta septiembre. Antes, por este mismo tema, las comisiones de Minería y Energía del Senado tuvieron una mesa técnica con el gobierno para definir los detalles de la Ley de Estabilización, la que estuvo vigente entre octubre y noviembre de 2023.

Son distintas las razones que dan los expertos, parlamentarios y analistas, respecto de por qué se ha producido este boom de mesas técnicas en el Congreso desde el año pasado. Algunos creen que se debe a la falta de acuerdos políticos, en medio de un Congreso fragmentado; otros estiman que esto también es reflejo de que se están revalorizando los técnicos en el debate.

El senador Juan Luis Castro (PS), que ha tenido representantes en varias mesas técnicas en el último año, esto es, en ley corta de isapres, reforma de salud, tarifas eléctricas y transición energética, comenta que “siempre ha habido algún tipo de mesa técnica de apoyo a proyectos de ley o iniciativas de gobierno, pero es cierto, se ha sobreutilizado esa instancia de apoyo, incluso a veces se le ha dado caracteres sobredimensionados respecto del alcance de incumbencia en el mundo político, y yo creo que más bien tiene que ver con la falta de acuerdo”.

Castro agrega que “se va dejando de lado el acuerdo político para una definición, y se le entrega a los técnicos que resuelvan problemas que no son de los técnicos, que son problemas políticos, y por eso muchas mesas fracasan, porque proponen, pero está divorciado de lo que la correlación de fuerzas políticas pueda hacer. Entonces, sin desvalorizar, yo creo que hay un sobreúso de las mesas técnicas y no siempre con la utilidad que todos quisiéramos”.

El abogado y exsuperintendente de Valores y Seguros, Alejandro Ferreiro, cree que “las mesas técnicas suponen un esfuerzo del mundo político por buscar acuerdos. Se confía en que si técnicos de distintas visiones coinciden sobre materias complejas, los distintos grupos políticos podrían confiar en ello y usarlo de base para avanzar en temas sensibles y técnicamente complejos”.

El también exregulador de las isapres y las AFP, así como exministro de Economía en el primer gobierno de Michelle Bachelet, señala que ello “supone, me parece, un reconocimiento a la importancia de llegar a acuerdos y al valor de la opinión experta en temas complejos. También conlleva, me parece, un reconocimiento de la debilidad técnica del Parlamento y de los asesores parlamentarios para ofrecer el apoyo técnico que se busca externamente”.

A juicio del director y socio fundador de Criteria, Cristián Valdivieso, este auge de las mesas técnicas responde a que “se han revalorizado los técnicos, que estuvieron muy desvalorizados durante el estallido social. Después se empezaron a valorizar a propósito de la pandemia y de la importancia de poner la técnica por sobre, o al menos en paralelo, a la política”.

Valdivieso explica que “veníamos de un tiempo donde la política había cuestionado mucho la técnica, e incluso había insistido en que la técnica siempre se oponía a lo que los políticos querían, por lo tanto (argumentaban que los técnicos), estaban afectando la relación de los políticos con los ciudadanos. Parte de eso se vio con los retiros de fondos de pensiones, y después al ver los efectos (que esa medida produjo), de alguna manera los técnicos se vuelven a validar. Lo mismo pasó para la pandemia”.

El ejecutivo de Criteria agrega que “ahora, con la política tan fraccionada, tan polarizada”, los políticos no están conversando y “de alguna manera los técnicos se han transformado en una especie de delegados de los políticos, que aparecen para poder negociar entre ellos y tratar de poner criterios técnicos sobre la mesa. Creo que ambas cosas, la polarización que hoy día hay en la política, y la revalorización de los técnicos, están detrás de esto”.

Si bien Valdivieso estima que los técnicos hoy “no tienen tanta incidencia como podrían tener”, sí “están volviendo a tener más incidencia de la que tuvieron durante un determinado tiempo, sobre todo más credibilidad. Y posiblemente su rol es más relevante de lo que parece, porque la discusión siempre la concentran los políticos, pero sobre la base, probablemente, de ciertos criterios técnicos”.

En tanto, la exministra del Trabajo durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, así como exmiembro de la Comisión Experta del proceso constitucional, Alejandra Krauss, asegura que tiene “una buena valoración del aporte que los expertos realizan en relación a materias que por su complejidad política y técnica, se pueden destrabar a través de estas comisiones político/técnicas. Estas comisiones tienen en general la particularidad que, siendo integradas por expertos técnicos, también han sido designados por los partidos políticos. A través de su trabajo se entregan elementos y propuestas desde la mirada técnica, que nunca es neutra, y que en muchos aspectos y temas permiten destrabar las decisiones políticas, muy ideologizadas”.

El investigador y coordinador académico del Centro de Estudios Públicos (CEP), Sebastián Izquierdo, plantea que “desde el estallido social y durante el proceso constitucional, la técnica -entendida como la consideración de antecedentes académicos y evidencia empírica- fue subvalorada en el debate público y legislativo. Hoy, sin embargo, observamos un cambio significativo: el debate legislativo se ha enriquecido con una mayor integración de estos elementos. Un claro ejemplo es la creación de comités técnicos transversales, que proporcionan herramientas esenciales a los decisores políticos. Esto es muy positivo, ya que los políticos necesitan esta perspectiva técnica para construir acuerdos en un entorno político fragmentado y con pocos incentivos para la colaboración”.

Izquierdo añade que “los comités técnicos conformados en el último tiempo han sido sumamente exitosos. Cada una de estas mesas ha logrado acuerdos entre posiciones técnicas muchas veces divergentes, cediendo y alcanzando consensos que se han reflejado en documentos públicos. Aunque es cierto que algunos temas no se han podido abordar, esto no se debe a la falta de consenso técnico, sino a la necesidad de consensos políticos, lo cual destaca los límites de la tecnocracia. Los informes de estos comités están a la vista y muestran su valioso trabajo. La inquietud sobre por qué estos consensos no se han materializado en proyectos legislativos, recae más en el poder de la discusión legislativa que en los técnicos”.

Además de las mesas técnicas, también ha habido al menos tres firmas de protocolos de acuerdo entre el gobierno y parlamentarios.

El último fue el protocolo de tramitación que acordó esta semana el Ejecutivo con los senadores de la Comisión de Trabajo para despachar el proyecto previsional del Senado en enero de 2025, donde además se incorporaron los lineamientos generales que va a introducir la iniciativa.

Pero no ha sido el único. Previo a eso, en octubre del año pasado, el gobierno con la Comisión de Minería y Energía del Senado, en el marco de la discusión sobre mitigaciones a las alzas en las cuentas de la luz y la creación de un subsidio que proteja a las familias vulnerables, establecieron un protocolo para conformar una mesa técnica para alcanzar los acuerdos que permitieran el pronto despacho del discutido proyecto de transición energética.

Más recientemente, hace un par de semanas, en el marco del proyecto de cumplimiento tributario que aborda materias para reducir la evasión y la elusión, los senadores de la Comisión de Hacienda y el gobierno firmaron un protocolo de acuerdo que permitió destrabar la tramitación de la iniciativa, a partir de lo cual ahora el Ejecutivo está trabajando en las indicaciones en conjunto con la mesa técnica.