Realismo con renuncia: El inevitable y doloroso ajuste al programa social y económico del gobierno

Cambios en la medida de lo posible. La recordada frase del expresidente Patricio Aylwin y que el propio Gabriel Boric reivindicó hace cuatro meses en la inauguración de la estatua del exmandatario, hoy se repite con frecuencia en el mundo oficialista.

Si el triunfo del Rechazo el 4 de septiembre fue un duro golpe para la pretensión de hacer o iniciar gruesas transformaciones durante los cuatro años de gobierno, el reciente rechazo a la idea de legislar de la reforma tributaria ha obligado al oficialismo a aterrizar drásticamente sus expectativas de lo que es financiera y políticamente posible en lo que resta de la administración.

El rechazo a la reforma impositiva, que financia la mayor parte del programa de gobierno y que tendrá que ajustarse fuertemente para hacerla viable nuevamente en el Congreso, ha abierto el escenario para que el Socialismo Democrático instale el debate sobre cuáles son las prioridades del programa de gobierno, en medio de su creciente influencia en la coalición.

De hecho, la propia presidenta del PS, Paulina Vodanovic, llamó recientemente a “hacer una revisión crítica del programa de gobierno”, lo que se contradice con la dura defensa al programa original de gobierno manifestada por el Partido Comunista. “El gobierno tiene que hacer todos los esfuerzos por avanzar sin renunciar”, afirmó el líder del PC, Guillermo Teillier, a Radio Nuevo Mundo, luego del reciente cambio de gabinete.

Pero más allá del debate estratégico de los socios de coalición, al interior del gobierno entienden que es necesario explicitar un ajuste de las expectativas sobre lo que ya no es posible de hacer en los próximos tres años de gobierno, dada la estrechez financiera y el mayor empoderamiento de la oposición.

“En la situación actual es absolutamente claro que todo aquello en lo que no haya consenso, sencillamente no se va a poder hacer. El resto sería simplemente dar peleas más bien testimoniales”, afirma el socio de Impuestos de KPMG y excoordinador de Políticas Tributarias del Ministerio de Hacienda durante la segunda administración de Michelle Bachelet, Alberto Cuevas.

“El gobierno inevitablemente pasará de una agenda de transformaciones a otra de gestión. Es un cambio no menor. El gobierno entró con expectativas de implementar reformas estructurales de la mano de un nuevo texto constitucional. Esa ruta fracasó rotundamente. De ahí en adelante se agudizó la crisis económica, la crisis de seguridad pública y la crisis migratoria. Al cambiar las prioridades, también cambió la agenda”, complementa el analista político y académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales.

La minoría estructural con la que enfrenta su agenda legislativa, añade el experto, también hace imposible sacar adelante reformas que impliquen cambios radicales. “El gobierno tendrá que conformarse con lo que tanto criticó de los últimos 30 años: la gradualidad en el marco de reformas moderadas”, concluye Morales.

En medio del comienzo de los diálogos abiertos por Hacienda para consensuar un nuevo intento de reforma tributaria, el ministro Mario Marcel entiende que la nueva negociación con los empresarios y la oposición parte desde una posición más debilitada luego del rechazo a la idea de legislar de la reforma en la Cámara de Diputados. El inesperado traspié derribó las avanzadas y sigilosas conversaciones que tuvo Hacienda con el mundo empresarial y que aprestaban a sellarse en la tramitación del Senado. El plan original de Marcel apuntaba a ceder en puntos clave de la reforma en la Cámara Alta, eliminando el impuesto al patrimonio y suavizando el gravamen a las utilidades retenidas, entre otros.

Sin embargo, en el nuevo ciclo de conversaciones el ministro corre el riesgo de perder el corazón de la reforma y uno de sus grandes anhelos: la desintegración total del sistema (hoy es semi-integrado) para las grandes empresas y la inauguración de un sistema semi-dual en que tributan separadamente los ingresos del trabajo y los ingresos del capital, dado los reparos que provoca la medida en la oposición, confidencian cercanos.

Sin embargo, en la derecha matizan y aseguran que Marcel estaba preparado para una reforma menos recaudadora desde el inicio y que la ambiciosa propuesta original (de 5% del PIB) contenida en el programa de gobierno de segunda vuelta sólo apuntaba a calmar a los sectores más duros del PCy el Frente Amplio. “Marcel siempre supo que la reforma tributaria no iba a rendir lo que se estaba señalando. El monto inicial de recaudación siempre buscó tranquilizar a los sectores más duros de la izquierda y, particularmente, al PC. Es probable que la menor recaudación tampoco sea una renuncia tan grande para él como economista”, afirma el senador y miembro de la Comisión de Hacienda, José García Ruminot (RN).

Mientras la reforma enviada en julio del año pasado al Congreso recaudaba un 4,1% del PIB en cuatro años, variadas indicaciones situaban su nueva tasa de recaudación en un 3,6% del producto, incluyendo el royalty y los llamados impuestos correctivos o verdes.

Asesores oficialistas y de oposición coinciden en que la nueva reforma debiera basarse fundamentalmente en las medidas antievasión y antielusión, el proyecto de royalty a la minería, impuestos correctivos, medidas de ahorro fiscal y, eventualmente, ingresos estructurales derivados de la extracción del litio.

El coordinador macroeconómico de Clapes UC, Hermann González, reconoce que el gobierno deberá ajustar sus promesas de campaña, especialmente las maximalistas y refundacionales, y estima que es clave que la nueva propuesta tributaria logre consensos amplios, sea más acotada e incorpore estímulos al ahorro y la inversión.

Estima que el royalty minero, el proyecto de impuestos correctivos y las medidas para reducir la evasión y la elusión podría aumentar la recaudación en régimen en torno al 2,6% del PIB. “Si a esto sumamos algún esfuerzo en materia de revisión de gasto público y una fracción de los mayores ingresos por litio -lo que se considere estructural-, podríamos tener un monto significativo de recursos disponibles adicionales, sin necesidad de tomar medidas que ahuyenten los capitales, como el impuesto al patrimonio, o que afecten negativamente al ahorro, a la inversión o el desarrollo del mercado de capitales”, explica.

Para el excoordinador Tributario de Hacienda, Alberto Cuevas, en este nuevo escenario es posible llegar a acuerdos similares a los que se hubiesen pactado si el proyecto impositivo hubiera pasado al Senado y sugiere perseguir los focos de informalidad en la economía.

“La informalidad es actuar al margen de la ley y con ello se perjudica al final a toda la sociedad. Sugeriría avanzar en los aspectos en que hay mayor acuerdo técnico y político, de forma tal que se vayan convirtiendo pronto en leyes con altos niveles de consenso. Me refiero al royalty a la minería, a los impuestos correctivos, rentas regionales, normas para combatir la evasión y elusión tributarias, entre otras”, explica el abogado de KPMG.

El programa de gobierno de Gabriel Boric en materia de pensiones no sólo prometía eliminar las AFP, crear una institucionalidad pública a cargo de la administración de los recursos y destinar una parte del incremento del 6% en la cotización a reparto, sino también una Pensión Garantizada Universal (PGU)de $ 250 mil. El propio gobierno ha dicho que este último incremento depende de los recursos generados por la reforma tributaria.

En medio de un cada vez más lejano consenso entre el gobierno y la oposición sobre el rol del Estado y el destino del 6% adicional de cotización, en el gobierno entienden que deberán ceder fuertemente en su posición inicial si buscan evitar un nuevo fracaso en materia previsional.

“Espero que sí haya una reforma de pensiones, porque este es el tercer intento de reforma previsional y la actual cotización del 10% quedó corta hace mucho rato. Cuanto más pronto empecemos a subir la cotización, mucho mejor. De todas formas, los trabajadores quieren que el aumento de cotización vaya a sus cuentas individuales. Ahí debería haber un realismo con renuncia (del gobierno). En lo demás, deberíamos ser capaces de construir un acuerdo”, sostiene José García Ruminot.

En la misma línea, Hermann González, de Clapes UC, cree que es necesario aprobar una mejor reforma de la que ya está en el Congreso. “He escuchado muchas voces que dicen que una vez más no será posible llegar a un acuerdo para avanzar en una reforma de pensiones. Yo prefiero ser optimista, aunque entiendo que no será fácil, porque este es un asunto muy importante para las personas y porque en varios aspectos tenemos un diagnóstico compartido”, sostiene el economista.

Ha sido el propio gobierno el que lentamente ha buscado bajar las expectativas con una de las promesas más polémicas durante la campaña presidencial. El programa de gobierno asumía una condonación universal al CAE y crear un nuevo sistema único de créditos que sea transitorio, hasta alcanzar la gratuidad universal.

“El proceso de condonación del CAE, que puede tener diferentes mecanismos, estamos evaluando cuál es la mejor alternativa, pero para ello también se requieren más recursos. La primera prioridad hoy día es la reactivación educativa, porque Chile no puede permitirse que haya niños y niñas sin ir a la escuela”, dijo recientemente el Presidente Boric a TVN, en lo que es una señal sobre la complejidad de abordar financieramente una condonación universal.

El propio ministro Marcel ha situado la deuda total del CAE en unos US$ 7 mil millones, lo que aparece como inalcanzable para un Fisco que pretendía recaudar entre US$ 10 mil millones y US$ 12 mil millones con la reforma tributaria rechazada.

“El gobierno deberá priorizar y decirle al país cuáles son esas prioridades y cuánto cuesta su financiamiento. Más allá de que considero que la condonación del CAE era una mala política pública, los recursos de la reforma tributaria que se rechazó no contemplaban ingresos para ese fin. No confundamos a la gente: si no se cumple con la promesa de condonar el CAE, no será por el rechazo de la reforma tributaria”, afirma Hermann González, de Clapes UC. Con todo, el senador García Ruminot cree que aún es posible condonar a los sectores de menores ingresos.

En el mundo político también coinciden en que la otra promesa damnificada con el nuevo escenario político y financiero será la reforma a la salud. El programa de gobierno proponía crear un Fondo Universal de Salud financiado con el 7% de cotización obligatoria de todos, más aportes del Estado, lo que significaba la desaparición de las isapres tal como hoy se conocen. En el oficialismo reconocen las dificultades para abordar un cambio estructural de este tipo y aseguran que lo urgente hoy es evitar una crisis sistémica en el sector debido al fallo de la Corte Suprema que obliga a las isapres restituir los cobros en exceso por la aplicación de la tabla de factores entre otras materias.

Alberto Cuevas, de KPMG, cree que ningún sistema político está preparado para resolver todos los temas a la vez. “Se requiere gradualidad, pero al mismo tiempo avanzar en otros aspectos que no son necesariamente legislativos. Por ejemplo, en materia de salud, resulta esencial fortalecer medidas de gestión y destinar todos los recursos posibles para seguir acortando la brecha histórica y el deterioro de la salud de las personas que todavía se hace sentir como consecuencia de la pandemia. Que no se pueda avanzar tan rápidamente en una reforma estructural no significa que no se puedan hacer cosas importantes y urgentes, como reducir las listas de espera, especialmente en cirugías pendientes, seguir reforzando los cuidados contra el Covid, o enfrentar las secuelas de la pandemia en la salud mental de muchas personas”, concluye Cuevas.