En su recta final, proyecto de servicios básicos agudiza molestia en empresas

Un polémico paso por el Congreso ha tenido el proyecto que beneficia a los clientes más vulnerables en el pago de sus cuentas de servicios básicos -electricidad, gas, agua y telefonía-. Esto, pues se discutieron dos iniciativas similares, una liderada por diputados y otra por senadores, donde ambas cámaras terminaron por rechazar la que provenía de la otra.

Por ello, esta semana la discusión llegó a Comisión Mixta, donde se presentaron nuevas indicaciones que incomodaron al Ejecutivo y a los privados.

En la industria energética hay preocupación por una indicación en particular, que plantea que la menor recaudación de estos meses deberá ser asumida por los tres segmentos (generación, transmisión y distribución). Esto fue cuestionado por el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, quien este jueves en la sesión explicó que sólo las distribuidoras debiesen asumir el costo.

“No pondría en riesgo el flujo de la cadena de pago, sobre todo de las compañías de generación que están renovando la matriz” dijo, y agregó, que las distribuidoras tienen en sus contratos considerados los riesgos de los clientes incobrables, mientras que las generadoras no.

“Si se interviene la lógica de los contratos de suministro, podemos afectar gravemente el desarrollo de esos proyectos de energía renovable”, dijo.

En tanto, en el sector de telecomunicaciones, el problema radica en que se busca aprobar una indicación que posterga el pago de las cuentas de telefonía. La subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, quien también expuso este jueves, aseguró que el prorrateo es inaplicable e incompatible con las telecomunicaciones. “Acá hay una diferencia muy grande. El mercado de telecomunicaciones es competitivo y no monopólico, como los otros dos”, dijo Gidi.

Para la industria sanitaria también se presentaron nuevas indicaciones y una de ellas es aumentar el límite de consumo mensual para beneficiar a más clientes. En el acuerdo entre el gobierno y privados que se concretó en marzo, los clientes que registren un consumo mensual inferior a 10 metros cúbicos (m3), podrán optar a postergar el pago de sus cuentas. Sin embargo, parlamentarios propusieron que el límite fuese mayor, incluso algunos, señalaron que no debiese haber uno. Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, fue más flexible, señalando que el límite del consumo de agua puede aumentar, señalando que 15 m3 sería razonable, pero que más allá de eso es olvidarse del problema de sequía que se vive. Otro tema que enfatizó fue en el financiamiento, pues en el proyecto no se establece aquello, lo que podría tener implicancias legales.

En la sesión el Senador Álvaro Elizalde (PS) señaló que las empresas de energías renovables no convencionales deben protegerse, pues muchas tienen espaldas reducidas. Respecto a la industria de telecomunicaciones, sostuvo que debe regularse por separado, porque no es lo mismo una empresa con un monopolio deje de percibir un pago por un tiempo a una que no.

Este jueves además fue enviada una carta de la Asociación de Empresas de Servicios Sanitarios a los parlamentarios que presiden la Comisión, en la que manifestaron su preocupación por el proyecto. En esta sostuvieron que “para no poner en riesgo las inversiones que permitan mantener el servicio, la cadena de pagos, así como hacer frente a la escasez hídrica” sugiere que “los beneficios y subsidios deben ser focalizados en aquellos sectores vulnerables que realmente los necesitan”. Agregaron que la entrega del beneficio considere un límite de 12 m3 de agua potable al mes, que podrá ampliarse cuando más de cuatro personas habiten en una misma vivienda.

En tanto, desde la Comisión Nacional de Energía (CNE), trascendió que hay preocupación. Esto, pues la iniciativa parlamentaria nació con un foco de dar facilidades a los clientes y consolidar el acuerdo de marzo entre gobierno y privados, ahora se ha extendido “peligrosamente” a abordar transferencias de riesgos y recursos financieros entre las compañías de la cadena de pagos, materia que está reguladas en los contratos. Además, se aludió a que el proyecto terminará favoreciendo a algunas empresas en desmedro de otras.

Desde Generadoras de Chile, manifestaron que “la distribución en Chile está concentrada en cuatro grandes empresas que atienden al 95% de los clientes regulados, son remuneradas por este servicio, con tarifas reguladas que les aseguran una rentabilidad por ley, financieramente sólidas y con acceso a financiamiento internacional. Ellas son las únicas que tienen la relación con los clientes finales, y por lo tanto, pueden manejar los riesgos asociados a los atrasos o pospuesta en los pagos de sus clientes, y acceder a financiamiento para ello”.

Por último, el abogado Eugenio Evans, apuntó a que las empresas distribuidoras están haciendo un gran lobby en el Congreso para que no sean ellas las únicas que asuman la menor recaudación. “A mi no me cabe ninguna duda que esto es un lobby de las distribuidoras. Ellas lo que están haciendo es trasladar el riesgo de su negocio”.

Este viernes se discutirá y votará la iniciativa para luego ser despachada a Sala. En la instancia, se puede aprobar el proyecto que viene de la Cámara, el que viene de el Senado o cualquier indicación presentada. Lo que debe mantenerse, es que lo que se vote sea con las ideas matrices de los dos proyectos que fueron votados anteriormente.