Ex presidente de Comisión para el Mercado Financiero,Carlos Pavez por fallos del TC en caso Cascada: "Se debe evitar esta sensación de impunidad que se está instalando"
El fallo del TC que en la práctica disminuye las multas a los multados por el caso Cascada, le preocupa al ex regulador. La confianza de los actores del mercado es fundamental, afirma. También responde las críticas del socio de Aurus, firma sancionada por el regulador.
Amitad de camino está Carlos Pavez, el expresidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Porque en septiembre termina su período de bloqueo para participar del sector privado luego de haber dejado su puesto a mediados de marzo. En esta etapa se ha dedicado a las consultorías internacionales, pero tiene la intención de plasmar su experiencia en el mercado local. "Me gustan las asesorías, pero también veo espacio para aportar desde la empresa. Me encantaría, por ejemplo, tener algún rol de una empresa y en el ámbito de los gobiernos corporativos", reconoce. Es que la calidad de los gobiernos corporativos es un tema que lo obsesiona.
Dice que fue uno de lo temas que marcó su gestión en la Superintendencia de Valores y Seguros, además de la creación de la CMF. Precisamente, esa materia es lo que cruza toda esta entrevista en la que aborda el caso Cascada y la polémica por la multa de Aurus. Del caso Cascada, cuenta que fue lo más complejo que le tocó vivir como regulador, aunque asegura no hubo presiones políticas. "Además, por su naturaleza es complejo de entender, y todavía se presta para confusiones. Por ejemplo, con los pronunciamientos del Tribunal Cons titucional (TC)".
El TC ha emitido resoluciones que en la práctica significa que las multas instauradas por la SVS quedan reducidas a una mínima parte. "Más que preocuparme de cómo se podría llegar a debilitar las resoluciones que sacó la Superintendencia, que en ningún caso creo que sea así, sí me preocupa el daño que se le hace al mercado", afirma.
¿Puede dar la sensación de que el regulador queda debilitado, de que va perdiendo frente a los multados, de que no son culpables?
-Queda la sensación, eso es lo preocupante. Uno lo ve en el día a día, en ámbitos muy distantes al económico. En las redes sociales por estos días hay mucha participación de la ciudadanía por la nueva regulación que apunta a sancionar a las personas que ejercen algún comentario indebido a las mujeres. El debate es muy necesario de hacer, pero lo relacionan con el caso Cascada. Dicen "oye, una sanción importante por decir esto y al que infringió la ley de valores u otros delitos económicos le sale gratis o por algo insignificante respecto de los recursos que obtuvieron irregularmente".
Eso va haciendo mella en la gente. Ahí uno tiene que preguntarse en qué estamos fallando quienes participamos en los mercados. Todos coincidimos, públicos y privados, de que la fe pública, la confianza, es muy importante.
Pero no tenemos el mismo cuidado cuando analizamos las implicancias de determinadas actuaciones o resoluciones como en este caso. Creo que es muy necesario destacar esto, se transforma en algo muy grave generar sensaciones de eventual impunidad en relación a incumplimientos graves por parte de algunos actores del mercado de capitales. Ahí queda una sensación que no es responsabilidad del TC, más allá de la diferencia que tengo con el TC en cuanto al fondo de la resolución que ha emitido. Ha emitido un pronunciamiento bien preciso, en el que dice que determinada disposición legal, el artículo 29 de la ley orgánica de Valores y Seguros cumple o no cumple con los estándares de constitucionalidad.
¿No toca el fondo, pero demuestra que se equivocaron con el nivel de las multas?
-Está dentro de su competencia, pero creo que es una conclusión errada. Hay un fundamento importante en los votos de minoría, no se olvide que esto ha sido en votación dividida. Los argumentos apuntan a que estas eran materias propias de decisión de los tribunales ordinarios de justicia. Es una disposición que, por lo demás, al momento de aplicarse estaba plenamente vigente y no estaba cuestionada (el artículo 29). Era parte de lo que la superintendencia en el ejercicio de sus facultades debía tener en consideración al momento de determinar el monto de la multa atendida la gravedad de los hechos que estaba sancionando y después los tribunales ordinarios de justicia.
Tenemos que ser todos muy cuidadosos en generar la confianza que todos entendemos que debe existir en los mercados, y evitar esta sensación de impunidad que se está instalando.
¿Es una sensación o real?
-La gente debe terminar de entender muy bien, de que está muy lejos de terminarse la culpabilidad de las personas que fueron sancionadas. Eso sólo se determinará en los tribunales de Justicia. Hasta ahora ha habido cinco resoluciones de la Justicia, de las cuales cuatro han ratificado en todas sus líneas las sanciones de la SVS en el caso Cascada. Entonces, siendo prudente y reiterando que hay que esperar hasta el final, aquí estamos muy lejos de entender que se desestimó o ha perdido el peso que tuvo el caso Cascada y la actuación que tuvo la SVS en términos de generar las sanciones que correspondía.
Un detalle, el caso relacionado a la primera sentencia del TC el caso del señor Roberto Guzmán, fue muy categórica en ratificar en todas sus líneas y todos los aspectos la resolución de sanción de la SVS. En cuanto a que ocurrieron los hechos de la manera que la SVS lo determinó como en la participación que tuvieron las personas sancionadas y, lo más importante, en la gravedad que tuvieron esas infracciones.
¿Esto se liga con su preocupación por los gobiernos corporativos?
-La preocupación por gobiernos corporativos está en todas las sociedades, sobre todo en las que administran y están a cargo de la gestión de recursos de terceros, partiendo por las sociedades anónimas, pero también en el caso de las compañías de seguros y administración de activos de terceros. Un elemento clave para que los mercados se desarrollen y funcionen bien está relacionado con el empoderamiento que deben ejercer quienes ejercen roles dentro de los gobiernos corporativos de las distintas entidades. De entender de función de director o gerente el componentes de control, mecanismos de control, de dar facultades recursos suficientes a las auditorías internas, una buena relación con empresas de auditorías externas, tener suboficiales de cumplimento. Entendiendo esto no como un gasto, no como una necesidad de cumplimiento normativo, sino que como un componente de gestión estratégico de las compañías.
Uno de los casos de administradores de terceros fue el caso Aurus. A propósito, José Miguel Musalem socio de la entidad, lo acusó de tratarlo como delincuente, que dejaba huella en los oficios. ¿Hubo algo personal en este trato?
-Siempre es importante despersonalizar estos temas, incluso cuando se te apunta directamente como responsable de decisiones que tienen algún tipo de intencionalidad que se pudiera haber alejado con las estrictamente relacionadas con la función que uno cumplía como superintendente. Tengo la tranquilidad de que eso no es así. Están los elementos de prueba a la vista de todos, por eso es importante esta transformación institucional. Prefiero que los hechos hablen por sí solos. Me correspondió formular los cargos en el caso Aurus por las eventuales -en ese minuto- infracciones que podrían haberse verificado producto del problema del que se tomó conocimiento hace un par de años, en cuanto a un tema de valorización, incumplimiento de normas que estaban vigente para la administración de fondo. Pero no fui yo el que terminó emitiendo una sanción. No se puede desconocer que hay una sanción categórica, que la emitió el consejo de la CMF, que da cuenta de la decisión unánime de los cuatro comisionados que participaron de esa decisión, en la cual se expresa con total claridad que quedó acreditado la ocurrencia de algunas infracciones y algunas negligencias que dan cuenta de infracciones muy graves, en el ámbito de la administración de recursos de terceros.
¿Cuál fue el principal error de los directores?
-Cómo va a ser posible que en el ámbito de la administración de recursos de terceros, sabiendo que hay que establecer mecanismos de control, contrapesos, que no puede ser una sola persona que tome todas las decisiones, la que verifique el cumplimiento y haga el seguimiento de las inversiones, de cómo se registran, de cómo se valorizan… que buena parte de esas decisiones está entregada a una sola persona. Todavía más grave, cuando ya se han levantado observaciones en los procesos de fiscalización sobre esas debilidades y cuando hay conocimiento de esas debilidades. Ahí es cuando queda de manifiesto la importancia de un buen gobierno corporativo. Aquí, queda demostrado que desde el punto de vista de funcionamiento de la institucionalidad, hay una tremenda distancia en relación a lo que se imputa en la entrevista que me menciona con lo que realmente fue. La resolución se expresa con claridad que hubo infracciones graves, negligencias importantes y, en definitiva, los montos de las sanciones tienen que ver con las reparaciones de los perjuicios que se ocasionaron en la oportunidad.
Musalem dijo que tenían cerco eléctrico y alarma, pero igual robaron, porque la persona los engañó ¿Era efectivo que tenían cerco eléctrico?
-En un buen sistema de control, no basta con hacer la instalación, sino con hacerlo operativo. Esa es la clave de los sistemas de control interno. Eso muchas veces falla, y debe partir por la intervención, las decisiones y el involucramiento de los directores, particularmente en compañías de seguros y administradores de activos. Hay que comprar la alarma, instalar la alarma, pero también conectarla, y complementarla con otras medidas como dejar cerrada las puertas y ventanas. Eso es particularmente grave cuando has recibido advertencias sobre las debilidades sobre el sistema de control de la administradora.
También se queja de que la SVS fue un obstáculo para la venta de algunos activos. Cerraron el problema pese a la SVS, arguyó.
- El principal rol de la CMF es resguardar los intereses de los inversionistas, en este ámbito. Difiero absolutamente con esa declaración. El legislador es claro cuando establece la importancia de los sistemas de control en una administradora de fondos de terceros. Tanto es así que la Ley Única de
Fondos fijó que la Superintendencia le puede quitar la autorización de existencia a una administradora cuando verifica elementos que dan cuenta de una actuación negligente o de sistema de control débiles. Cuando esto se aprecia, teniendo a la vista el interés de los inversionistas o aportantes, lo que se hace es hacer los requerimientos de información a los administradores y directivos para ver las alternativas de solución que se planificaban.
Eso se hizo en este caso, más allá de que uno pudo haber tomado una decisión distinta, lo que se hizo fue dar los espacios para que efectivamente se pudieran dar las soluciones como se fueron dando.
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