Fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF: “Hemos recibido casos de solicitudes de denuncias anónimas. Ya está operando 100%”

Hace más de tres años y cerca de ocho meses que funciona la Unidad de Investigación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), dirigida por el fiscal Andrés Montes. “Este es un trabajo que me encanta, que he asumido como un desafío importante en lo profesional y donde creo que hasta ahora hemos ido avanzando positivamente”, comenta Montes.

Cuenta que el año pasado, en medio de la pandemia, el organismo tomó más de 100 declaraciones, pero esta vez por videollamada. “Afortunadamente nos pudimos adaptar rápidamente porque, en general, teníamos todo digitalizado. Eso hizo bastante fluida la posibilidad de trabajar desde las casas”, señala el fiscal.

En ese sentido, detalla que “el año pasado, en el momento más complejo de la pandemia, tomé la decisión de suspender los procedimientos sancionatorios que teníamos vigentes. Suspendimos 14, hasta que estaban dadas las condiciones para que los respectivos formulados de cargos pudieran defenderse correctamente y ejercer todos sus derechos. Nos pareció que era razonable, porque estábamos en una situación bastante extrema. Pero aparte de eso, hemos seguido y no ha habido ninguna dificultad para avanzar en los procedimientos sancionatorios”.

¿No se arrepiente de haberse ido de la fiscalía?

-No, creo que este era un paso necesario para seguir avanzando en lo profesional y, la verdad, es un orgullo formar parte de la Comisión, que cumple un rol fundamental para que funcione bien el mercado en Chile.

¿Cuál es su balance en este período? -En general, el balance es positivo. Creo que hemos avanzado bastante en varios aspectos, pero siempre vamos a seguir planteándonos desafíos.

¿Cuáles han sido los avances?

-Primero, el hecho de haber conformado un equipo de trabajo excelente, compuesto por personas que tienen mucha experiencia en distintos ámbitos (...) Creo que hemos logrado avanzar bastante en establecer procedimientos y formas de trabajo internas que nos han permitido avanzar en los casos. Además, hemos logrado implementar lo que la ley definió para la Unidad de Investigación y para el procedimiento sancionatorio de la CMF.

No solo los procedimientos generales, como le llama la ley, donde llevamos más de 100 casos en general, que hemos informado al consejo con una opinión al respecto, sino que también otras instituciones como el procedimiento simplificado, que está constituido y pensado para infracciones de menor entidad, donde también llevamos más de 90 casos en los cuales se ha ejercido la potestad sancionatoria por parte de la Comisión.

¿Y qué desafíos tienen ahora?

-Un tema que constituye ahora nuestro principal desafío es implementar esta figura del denunciante anónimo, que la verdad es una herramienta muy sustancial. Según mi percepción, el sistema del denunciante anónimo, al incentivar la detección de infracciones a la legislación y normativa del mercado financiero, sin duda promueve mayor transparencia e integridad en el mercado financiero. Creo que es una herramienta que debemos utilizar correctamente. Está plenamente operativa, ya hemos recibido casos de solicitudes de denuncias anónimas. Ya está operando 100% (...) Probablemente uno de los mayores riesgos de esto es preservar el secreto. Eso es difícil, y ahí hemos tomado una serie de medidas internas que lo que buscan es proteger el secreto de la identidad respecto de la persona que denuncia.

¿Qué medidas?

-Por ejemplo, internamente solo la Unidad de Investigación va a conocer la identidad de la persona que denuncia. Y no toda la unidad, sino que un equipo muy específico y el fiscal. Además, internamente nunca se va a usar el nombre de la persona, sino que se va a usar un código alfa numérico para referirse a ella, por lo tanto, no va a estar presente en ningún oficio, en ningún documento que se expida. Habrá trazabilidad absoluta sobre los accesos que han tenido las personas que conocemos esa información. Así, el día de mañana, vamos a poder demostrar responsablemente quiénes sabíamos y qué es lo que hicimos con esa información.

¿Se encontró con alguna dificultad legal o algo que se pueda mejorar desde el punto de vista de la legislación para ejercer sus funciones?

-Siempre habrá desafíos por implementar, pero tenemos un soporte que nos permite realizar nuestra función correctamente. No creo que haya grandes dificultades desde el punto de vista legal. Solamente destacar que con la modificación de la Ley de Transparencia y Responsabilidad de Agentes de Mercado, que es la Ley 21.314, se hicieron modificaciones muy relevantes en el ámbito sancionatorio. Por ejemplo, se subieron todas las penas de la Ley del mercado de valores a penas de crimen, lo cual tiene una serie de consecuencias, pero también en lo administrativo se subieron las sanciones que puede establecer el consejo en los procedimientos sancionatorios.

¿El nivel de dotación que tienen es suficiente?

-En la medida que hemos ido necesitando lo hemos planteado y hemos ido creciendo.

Recientemente vimos el caso de Swell Capital, una entidad que no es fiscalizada por la CMF. ¿Legalmente, cree que debieran tener la facultad de fiscalizar este tipo de empresas?

-Sin pronunciarme respecto de ese caso en particular, sí podría destacar que dentro de los fenómenos con los cuales nos hemos encontrado y hemos recibido muchas denuncias en eso, es respecto de plataformas de inversión que operan a través de internet, que les ofrecen a las personas invertir en determinado instrumento financiero. Entidades que no son supervisadas por la Comisión de ningún modo, que ni siquiera existe claridad que la información que entregan sea verdadera. Ahí nosotros lo que sí hemos propuesto al consejo, varias veces, es establecer una alerta al público, al asegurado, al inversionista y depositante, para que tengan claro que esas instituciones no son supervisadas por la Comisión, con todo lo que ello implica.

En estos más de tres años, gracias a las investigaciones que ha hecho la Unidad de Investigación, la CMF ya ha cursado 100 sanciones. Sin embargo, más allá de la situación de Blanco y Negro, no ha habido un gran caso. ¿El mercado se está portando bien?

-No me atrevería a afirmar eso, pero sí diría que, en general, el foco de nuestro trabajo está puesto en trabajar en función de los objetivos de la Comisión, en forma responsable, profesional, y muy sigilosa, porque entendemos que de esa forma podemos avanzar en cumplir nuestros objetivos. En general, el resultado de nuestro trabajo se da a conocer solamente cuando el Consejo resuelve los casos al final, mucho tiempo después de que incluso hemos iniciado los procedimientos. Eso está bien, es parte del procedimiento que tiene la Comisión y, por lo tanto, va a seguir existiendo un desfase en el conocimiento del trabajo que vamos realizando (...) Por ejemplo, en mercado de valores hemos tenido casos importantes en materia de algunas corredoras que han tenido muchas irregularidades, incluso casos con consecuencia penal, donde se ha afectado a muchas personas.

En este mercado también hemos tenido varios casos de empresas de auditoría externa, pues cumplen un rol fundamental en la calidad de la información que recibe no solo la Comisión, sino también el mercado, y ahí hemos detectado deficiencias importantes en algunos procesos de auditoría que han dado origen a procedimientos sancionatorios. Lo mismo debemos señalar en los casos de información privilegiada, hay algunos más relevantes que otros, pero hemos tenido varios casos en ese sentido, lo cual siempre es importante porque transmite al mercado, con claridad, que esto se está mirando.

¿Qué cambios ha significado para su unidad, la nueva estructura que tiene la CMF?

-Esto empezó a operar plenamente en marzo de este año. De esta manera, todavía es una cosa que está demasiado cerca, pero sin duda las perspectivas y enfoque de supervisión cambian y, por lo tanto, probablemente en el mediano o largo plazo va a haber un tipo de denuncia que va a ser distinta a la que tenemos actualmente.

Hay cierta sensación de impunidad en el país. La creación de esta unidad nació con una idea de infundir cierto grado de temor en el mercado, ante la presencia de un fiscalizador proactivo. Usted lideró el equipo de fiscales detrás del caso Cascadas en el Ministerio Público y ahora está en la CMF. Los tribunales disminuyeron fuertemente las multas que impuso la ex SVS en este caso. ¿Eso le quita, de cierto modo, la capacidad de infundir temor?

El tema es bien relevante, porque en el denominado caso Cascadas, hasta ahora, todas las sanciones que impuso la SVS han sido confirmadas por la Corte Suprema, las que han llegado allí. Lo que ocurre es que producto de una interpretación del Tribunal Constitucional (TC) que, además, fue en una votación dividida, se estimó que un artículo de la antigua ley de la SVS era inconstitucional, y en la medida que se usó ese artículo para determinar las sanciones, no podían ser mayores a 75 mil UF, y por lo tanto, lo que han hecho los tribunales es ceñirse a ese tope que de alguna forma estableció el TC.

Sin embargo, y esto es muy importante, la Ley 21.000 que crea la CMF, superó ese problema y hoy existe un marco para determinar las sanciones, existen las circunstancias que deben ser consideradas por el consejo y, por lo tanto, no se va a volver a producir una dificultad como la que se produjo con la disminución de las multas en ese caso (...) Y, en general, yo diría que la Comisión tiene un esquema robusto de procedimientos sancionatorios, un marco amplio para la determinación de las multas. Esto fue fortalecido por la Ley 21.314 sobre responsabilidad y transparencia de los agentes de mercado.