Foco del proyecto que reforma el sistema de pensiones
Es de esperar que una oposición responsable no postergue ni induzca el deterioro de un proyecto de reforma que aumenta la competencia, reduce comisiones y estimula eficiencia y especialización en el sistema de pensiones.
El proyecto de reforma al sistema de pensiones, que ha comenzado su tramitación, enfrenta adecuadamente los problemas urgentes en esta área. Desde luego, mantiene inalterado el sistema de capitalización individual de las contribuciones de los afiliados.
Esto es de la mayor importancia, pues los sistemas de reparto -además de financieramente inviables- descansan en impuestos al trabajo, que agravarían la informalidad laboral que hoy se traduce en bajas pensiones, por baja intensidad de cotizaciones, para muchos afiliados.
Un aspecto esencial del proyecto de reforma es que refuerza en forma muy importante las contribuciones solidarias del Estado, a través de la Pensión Básica Solidaria, y a través de complementos de pensión a diferentes segmentos de la población -incluidos clase media, mujeres y ancianos en situación de dependencia- que ameritan apoyo.
Otro aspecto fundamental es el aumento en la tasa de cotización para pensiones de vejez hasta 14%, que busca neutralizar el impacto sobre las pensiones que están teniendo las mayores expectativas de vida y las menores tasas de rentabilidad posibles de lograr en la inversión de los fondos.
Un tercer aspecto de importancia viene dado por las posibilidades que se entrega a las AFP de efectuar descuentos en comisiones, que debería aumentar la sensibilidad a los precios en el sistema, y que, junto a mayores posibilidades de subcontratar entre AFP parte de los servicios que estas efectúan, debería determinar menores comisiones, especialización y aprovechamiento de economías de escala y, junto a menores exigencias de capital, un incremento significativo de partícipes en el sistema previsional.
Junto a medidas de importancia real, como las ya señaladas, el proyecto introduce nuevas regulaciones para permitir que el incremento en 4% de las cotizaciones para pensiones de vejez pueda ser gestionado por entidades formalmente distintas a las AFP, y con reglas de inversión diferentes.
Todo esto parece un tanto artificioso, y se entiende mejor como una forma de acomodar los prejuicios anti AFP de un segmento de los legisladores.
Es de esperar que una oposición responsable no postergue ni induzca el deterioro de un proyecto de reforma que aumenta la competencia, reduce comisiones y estimula eficiencia y especialización en el sistema de pensiones, junto a beneficios muy relevantes e inmediatos para la población pasiva.
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