Listo para convertirse en ley quedó este martes el proyecto que busca combatir el sobreendeudamiento financiero en el país, el que fue aprobado en su último trámite constitucional con 128 votos a favor y dos en contra en la Cámara de Diputados. Como parte de él, uno de los aspectos clave fueron las modificaciones a la Ley de Fraude con Tarjetas, lo que se tomó la discusión legislativa.
Tras los cambios ingresados en el Senado, la iniciativa reduce los plazos para desconocer transacciones por parte de los clientes, acotándolos desde 120 a 60 días; impone la exigencia a los usuarios de presentar una denuncia ante Carabineros o juzgados de policía local luego de desconocer una transacción; establece la extensión de 5 a 10 días hábiles en giros en cajeros automáticos o presenciales o canal físico; así como la dictación de un reglamento para determinar los montos mínimos a ser devueltos.
Adicionalmente, la iniciativa otorga facultades a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para dictar estándares mínimos de seguridad, autenticación y registro, y propone que las instituciones puedan suspender la restitución de los montos desconocidos y ejercer acciones legales en aquellos casos donde exista información suficiente que permita presumir negligencia grave o dolo de parte del usuario.
Aprobada en 2020, la ley original detalla que a partir del momento en que el titular de una tarjeta reporta el extravío, hurto, robo o desconoce una operación realizada con el plástico, el emisor deberá abonar al titular dentro de los 5 días hábiles siguientes al aviso el monto defraudado, si es hasta UF35 ($ 1.288.000 aproximadamente). La obligatoriedad de abonar los recursos exigidos, sumado a la dificultad de acreditar dolo en casos de sospecha de una operación fraudulenta por parte del cliente, levantó las alertas en la banca y el regulador ante los crecientes montos que la ley ha implicado para el sistema.
Luis Opazo, gerente general de la Asociación de Bancos, señala que el proyecto aprobado “es un avance respecto a la situación vigente, donde el sistema financiero chileno estuvo expuesto a una anomalía regulatoria que ha generado una verdadera industria del delito en medios de pago”, pero recuerda que “la implementación integral de la ley requerirá la pronta publicación de la normativa asociada a estándares de seguridad por parte de la CMF, y de los umbrales de restitución por parte de los ministerios de Hacienda y Economía”.
En esa línea, sostiene que “es necesario seguir avanzando en políticas públicas que fomenten la inclusión financiera, a través de medios de pago seguros y adecuados a una economía y sociedad cada vez más digitalizada, balanceando la protección de los clientes con el uso responsable de sus medios de pago”.
Para Claudio Ortiz, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Retail Financiero, “la aprobación del proyecto que modifica la Ley de Fraude es un avance importante y positivo. Sin embargo, aún quedan temas pendientes por resolver, los que aspiramos se puedan ir incorporando a futuro, tales como modificar el régimen de atribución de responsabilidad, que actualmente es de culpa grave y posibilitar el término de contrato en caso de reiteración en desconocimiento de transacciones asociadas a autofraude”.
En tanto, José Gabriel Carrasco, presidente de FinteChile, comenta que “si no se reformaba esta legislación, muchas empresas FinTech corrían un serio riesgo de desaparecer, con el impacto en la competencia e inclusión financiera que eso significaría. Sin embargo, una vez promulgada, debemos estar atentos a la implementación de esta ley y que las normativas y reglamentos efectivamente minimicen el autofraude e imponga las sanciones correspondientes”.
En el marco de la discusión de la iniciativa, la Asociación de Bancos señaló que la proyección anualizada, en base a información del primer semestre de 2023, indica que los fraudes se ubicarían en torno a US$ 350 millones en doce meses. Una de las entidades más afectadas, considerando el tamaño de CuentaRut, es BancoEstado, cuyo presidente, Daniel Hojman, reveló a principios de enero que la entidad había pagado US$120 millones a noviembre de 2023 por este concepto.
Evitar el sobreendeudamiento
El proyecto también buscaba mitigar el alto endeudamiento de las personas, apoyar al sector inmobiliario y de la construcción con herramientas para combatir el sobreendeudamiento y el incremento de los costos financieros.
“Este no es un proyecto que busque resolver todos los problemas económicos que tengan las familias en el país, se focaliza en temas de carácter financiero. Y tienen que ver en primer lugar con el acceso al crédito; en segundo lugar, con la posibilidad de refinanciar créditos para reducir la carga de las deudas; en tercer lugar, para rebajar el impuesto de timbres y estampillas para la compra de viviendas”, dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Y agregó que “la combinación de la garantía de Fogaes, de 10%, más la reducción del impuesto de timbres y estampillas, significa un crédito hipotecario más barato. Asegurará mejores condiciones para el crédito hipotecario en un momento que incluso llegamos a tener este mercado prácticamente paralizado”.
El Ministerio de Hacienda sostuvo que en la tramitación del proyecto se introdujeron ajustes a los programas vigentes del Fondo de Garantías Especiales (Fogaes) de Construcción y Vivienda, eliminando el piso y flexibilizando el techo en proyectos con mandantes públicos; junto con extender su duración hasta el 31 de diciembre de 2024 e inyectar US$ 43 millones adicionales al programa, entre otros aspectos.
