"Agenda de Aceleración Económica" fue el nombre con el que el gobierno designó al programa mediante el cual se busca acelerar la ejecución de la inversión pública 2019-2020, y que tiene como objetivo apuntalar a la economía doméstica tras los magros resultados del primer trimestre (1,6%) y la débil partida del segundo (2,1% en el Imacec de abril).

Este contexto movilizó a los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, quienes, recogiendo los enunciados de la última cuenta pública en materia de infraestructura, anunciaron un "fast track" para la inversión pública, a través de 5 ejes que abarcan el desarrollo de obras públicas tradicionales de mayor y menor envergadura, y el adelantamiento del plan de concesiones (ver pág. 5).

Este plan en su conjunto tiene un costo de US$1.382 millones y su financiamiento será vía reasignaciones desde programas o áreas del Presupuesto que estén subejecutándose. Para 2019, el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, dijo que en el segundo semestre de este año se destinarán US$200 millones.

En términos globales, señalaron las autoridades, se consideran proyectos de vialidad (US$287 millones), obras portuarias (US$17 millones), aeropuertos (US$23 millones), obras hidráulicas (US$42 millones) y agua potable rural (US$19 millones), con un impacto en el empleo de 12 mil nuevas plazas laborales.

La recepción de los anuncios fue mixta: positiva desde la industria, con algo de escepticismo entre los expertos. Según el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Patricio Donoso, "estos anuncios rompen esa inercia, inyectando recursos en la generación de proyectos más rápida y el compromiso de agilizar los trámites. Si esas dos cosas se concretan, realmente se puede generar un impacto positivo".

El presidente de Copsa, Leonardo Daneri, también se mostró partidario: "Felicitamos los anuncios, que confirman que la infraestructura es causa del desarrollo y no consecuencia, aspecto fundamental para que los países crezcan". No obstante, dijo que "es necesario que la permisología deje de ser una traba y un obstáculo para el desarrollo de la infraestructura", subrayó.

Desde el área técnica, los economistas dudan de su impacto en el crecimiento del PIB de este año. Cecilia Cifuentes de la Universidad de Los Andes cree que "es una buena noticia, pero, como dice el dicho 'ver para creer'. Esto es parte de la reforma del Estado y los esfuerzos son bienvenidos, pero usarlo como una forma de mejorar expectativas me genera duda". Es que para la economista, "si la aceleración administrativa de los trámites es fácil de hacer, ¿por qué no se hizo antes? Esto de apurar procesos no debería depender de la necesidad de agilizar a la economía". Patricio Rojas de Rojas y Asociados, coincide en que el efecto de los anuncios apunta, en el corto plazo, a las expectativas. "El gobierno está reconociendo que se requiere dinamizar a la economía, ha estado muy pasivo y el tema estuvo ausente en la cuenta pública. Ahora, el impacto para 2019 será acotado. Si los proyectos se concretan, ese efecto se verá a fines de 2019 y principios en 2020". Macarena García de LyD, matiza que "el problema de las expectativas del sector privado está hoy en el ambiente interno relacionado con las discusiones políticas y la lentitud de las reformas, y el externo, con una guerra comercial que ya cumplió un año de incertidumbre". En todo caso, advierte que la inversión pública equivale al 2% de PIB y un 10% de la inversión total".

Se agilizarán los procesos para la aprobación de proyectos de inversión en infraestructura pública, que involucra US$1.082 millones en iniciativas que se inician en 2019-2020, más US$430 millones en obras que ya están en curso. La idea es dar celeridad a la aprobación de decretos, identificación de proyectos y dar curso a las reasignaciones presupuestarias que se requieran. ¿Qué tipo de obras? Por ejemplo, 300 km de pavimentación de caminos básicos y 60 km en caminos indígenas; 11 nuevos sistemas de agua potable rural; obras para conservar otros 65 sistemas similares, beneficiando a 3.400 familias; 60 nuevos puentes, pozos, redes de conducción; y 5 piscinas de infiltración para la recarga de los acuíferos en la cuenca del Aconcagua.

Hacienda y el MOP adelantarán la identificación de proyectos de 2020 para el segundo semestre de 2019: la idea es que estas obras ya estén en condiciones de partir a comienzos del próximo año y considera recursos adicionales por US$388 millones. Entre estas obras se incluyen pavimentos básicos, puentes menores, mejora y conservación de aeropuertos, programas de agua potable rural, obras portuarias e hidráulicas.

Se destinarán US$300 millones en acelerar la edificación de hospitales públicos en construcción. Los hospitales identificados hasta la fecha son el Hospital de Curicó, el Sótero del Río, el Marga Marga, Cordillera, Melipilla, Casablanca, Alto Hospicio, Coquimbo, Las Higueras, Ñuble, Gustavo Fricke y Provincial Quillota-Petorca.

Se contemplarán recursos adicionales destinados a estudios de obras públicas y asesorías de concesiones, fortaleciendo los equipos técnicos del MOP para favorecer y acelerar los procesos de inversión especialmente de concesiones. Para ello, se destinarán US$34 millones en nuevos estudios de ingeniería que aborden, por ejemplo, la relicitación, ampliación y modernización del acceso norte a Concepción; de la Ruta 5 Santiago-Los Vilos; de la nueva orbital en Valparaíso y Santiago norponiente, y la relicitación de la Ruta 57 Santiago-Los Andes.

Se impulsará la aceleración de concesiones que cuentan con convenios complementarios de rápido inicio de ejecución por un total de US$657 millones en 2019-2020. Se mencionó en este punto, obras emblemáticas como el acceso al aeropuerto Arturo Merino Benítez; mejorías en la Ruta 160 y en la Ruta D-43; un conjunto de ciclovías, pasarelas y la extensión de sistemas de free flow a la Ruta Norte, incorporando peajes como el de Las Vegas; y la construcción o habilitación de corredores continuos de calles de servicio de las autopistas 68 y 5 Sur. También se mencionó la destinación de recursos para la construcción del túnel Lo Ruiz en Santiago.