Se esperaba un anuncio con medidas, pero no que el proyecto ingresara de manera tan repentina al Congreso. La jugada que hizo el gobierno este martes sorprendió a varios, pues ingresó una iniciativa alternativa de quinto retiro, que considera un giro más acotado bajo seis causales específicas y básicamente orientadas al pago de deudas. Los equipos de los ministerios de Hacienda y Segpres trabajaron hasta la madrugada para lograr ese objetivo.

Incluso, la misma subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, se mostró sorprendida cuando le consultaron en vivo en Radio Infinita por el ingreso de este proyecto a primera hora de la mañana. “¿Esa es una noticia oficial o un trascendido? Tengo información de algo así, pero preferiría que se refieran las autoridades correspondientes una vez anunciado el proyecto”, dijo la subsecretaria.

Y la estrategia, en parte, parece haber funcionado, al menos en primera instancia, ya que los diputados de la comisión de Constitución rechazaron el llamado quinto retiro que impulsaban parlamentarios. Sin embargo, ahora tendrá que ser votado por la sala de la Cámara, donde no hay un pronóstico cierto sobre su resultado.

Con todo, la sala de la Cámara de Diputados dio cuenta del proyecto del gobierno temprano por la mañana y lo derivó a la comisión de Trabajo. Así, desde las 14.00 horas, en tiempo récord, el gobierno comenzó a tramitar la iniciativa, la cual se aprobó en general por 11 votos a favor y 2 en contra. Todo ello ocurría mientras en paralelo sesionaba la comisión de Constitución, en el marco de la tramitación del quinto retiro, por lo que los ministros y el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, se rotaban entre una y otra instancia.

Así las cosas, luego se aprobaron todos los artículos en particular del proyecto del gobierno, con excepción del primero, que quedará pendiente para este miércoles, porque varios diputados manifestaron que esperan ingresar indicaciones.

De todas formas, el presidente de la Comisión de Trabajo, el diputado Alberto Undurraga (DC), adelantó que las declarará todas inadmisibles, por tratarse de materias de seguridad social que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. En todo caso, el gobierno podría suscribir algunas de esas indicaciones si lo estima conveniente, para que puedan ser votadas.

El artículo que quedará pendiente para este miércoles detalla todo lo referido a los seis casos en los cuales se puede acceder este retiro acotado, donde se establecen las siguientes causales, con este orden de prelación: se puede recurrir primero para pagar deudas por pensiones alimenticias; luego para el pago de deudas de salud; aumentar ahorros para postular a subsidios a la adquisición de la primera vivienda; pago de deuda hipotecaria de primera vivienda de hasta UF 4.000; pago deuda servicios básicos; y otras deudas financieras con entidades bancarias y no bancarias.

El proyecto, según el informe financiero del gobierno, no irroga gasto fiscal. Y si bien el ministro de Hacienda, Mario Marcel, había dicho por la mañana de este martes, en un seminario de Sofofa, que “en términos de liquidaciones de fondos esto es algo de una envergadura muy diferente”. Y detalló que sería “no más de la décima parte de lo que habría requerido un retiro masivo e incondicional”. Luego corrigió esa cifra en la comisión de Trabajo, donde en realidad dijo que es “la quinta parte de un retiro tal como lo hemos conocido hasta ahora”.

Ahí comentó que podría significar desembolsar unos de US$3.000 millones desde los fondos de pensiones. Eso, versus los alrededor de US$15 mil millones que se estiman para el quinto retiro sin restricciones. El detalle del cálculo de Hacienda considera que en deudas financieras son alrededor de 3 millones de personas las que podrían acceder. En el caso de deudas de servicios básicos dijo que son “probablemente alrededor de 1 millón de personas”. Por deudores de pensiones alimenticias son unas 70 mil familias. Y sobre el aumento de ahorro para la vivienda, dijo que “es más difícil de dimensionar, porque depende de un flujo”.

En total, el proyecto establece el plazo de un año para pedir este retiro acotado de fondos. El giro se solicita en la AFP adjuntando los antecedentes que acrediten la deuda a saldar, y los datos de la entidad acreedora. Luego, las AFP deben informar a dichos acreedores dentro de 15 días sobre la petición de este retiro que hizo el afiliado para saldar la deuda. Ahí, las AFP traspasan de forma directa el monto a la institución financiera. No pasa por manos de las personas, con excepción del retiro por deudas en pensiones alimenticias, que va para el bolsillo.

Además, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, aclaró que estos retiros no tributarán, “toda vez que lo que se estima es que existe una compensación entre un activo que tiene el trabajador en su fondo de pensiones versus un pasivo que se encuentra en una deuda o creencia, y por tanto, no hay un movimiento, generación de renta, propiamente tal, que era una situación distinta de los retiros de libre disponibilidad”.

Asimismo, el proyecto establece que las AFP no podrán cobrar por gestionar este proceso. La iniciativa también señala que los afiliados podrán reintegrar los fondos, si así lo desean, mediante una cotización voluntaria adicional de 5% mensual.

Este mecanismo ya se incluyó en el tercer retiro en condiciones similares, donde se propuso aumentar de forma voluntaria la cotización en un 1% adicional, sin embargo, no ha tenido mucho éxito, ya que solo 213 afiliados, de más de 7 millones que han hecho el tercer retiro de las AFP, lo han solicitado al cierre de febrero de este año.

Por otro lado, el proyecto de ley que ingresó el gobierno también contempla disposiciones que flexibilizan los requisitos de acceso y mejoran las prestaciones del seguro de desempleo de la ley Nº 19.728, lo que permitiría, señala la iniciativa, que más personas accedan a estos beneficios cuando se encuentran en situaciones que prevé el proyecto. Esto ya fue aprobado en particular por los diputados de la Comisión de Trabajo. Una vez que se despache el proyecto de dicha instancia, deberá ser visto por la Comisión de Hacienda.

La iniciativa no estuvo exenta de críticas, tanto durante la sesión que realizó la Comisión de Trabajo, como fuera de ella. El alcalde de Recoleta y militante del Partido Comunista, Daniel Jadue, publicó en su cuenta de Twitter que el proyecto “más parece un salvataje al sector financiero que a las necesidades ciudadanas”.

Desde la oposición, el diputado Cristian Labbe (UDI) dijo que acá no se da libertad a las personas para decidir qué hacer con sus ahorros, porque acusó que el gobierno estaría obligando a los chilenos a desembolsar estos recursos para algunas razones específicas.

El diputado Frank Sauerbaum (RN) sostuvo que le parecía “un abuso” que “se nos exija que en cuatro horas que votemos un proyecto de esta naturaleza, considerando que lo conocemos recién, que el gobierno no ha hecho una exposición, el gobierno ha leído una minuta. Y segundo, nosotros pensamos que debemos también invitar a algunas personas y presentar indicaciones”.

El jefe de bancada de los diputados UDI, Jorge Alessandri, indicó que “como señal política, el PC le ha doblado la mano a Mario Marcel. Ayer hicieron que Marcel expusiera tres horas en la Comisión de lo negativo, de los nefasto para la economía, de cómo afectaba esto a la inflación y estoy seguro que el único en la mesa que no sabía lo que venía era Mario Marcel. Esto pone la credibilidad y peso político de Marcel en entredicho. Es el PC el que nuevamente nos demuestra que gana”.

En tanto, el líder de la bancada de RN, Andrés Longton, señaló que “tenemos un ministro de Hacienda que no tiene piso en su sector”.

El ministro Marcel salió a hacer frente algunas de esos cuestionamientos en la Comisión de Trabajo. Ahí, frente a las críticas que ha habido de quienes acusan que con este proyecto el gobierno está ayudando al sector financiero o a los acreedores, el ministro lo descartó y aclaró que “en este proyecto, para asegurarse de que no haya algún beneficio injustificado de parte de los acreedores, se señala que el retiro de estos fondos no se puede usar para pagar intereses penales, multas u otros, y que éstos queden extinguidos por el solo imperio de la ley. Por lo tanto, este es un pago en el cual el acreedor no se va a beneficiar a través de todas estas multas de intereses, recargos que son habituales en operaciones de puesta al día o de o de prepago de deudas”.

También hubo consultas de diputados de oposición, respecto de un punto que establece el proyecto para algunos casos de retiro, por ejemplo en el pago de deudas de salud y de servicios básicos, donde la iniciativa contempla que al retirar, no podrá ser “imputado el pago de multas, intereses, u otros gastos asociados, los que se considerarán extinguidos por el solo hecho del pago a que se refiere esta ley, en proporción al monto pagado”. Sobre ello, la subsecretaria Segpres, Macarena Lobos, dijo que “estamos revisando ese aspecto”.

Y frente las críticas de que esto no da libertad a las personas para usar sus recursos como deseen, Marcel dijo que en realidad este giro no es obligación, es voluntario, “y esto ocurre dentro del marco de un sistema de pensiones, que puede ser este, o puede ser cualquier otro, pero es una característica común de todos los sistemas de pensiones que son obligatorios. Si no fueran obligatorios, no sería sistema de pensiones, serían otra cosa”, puntualizó.