Gratificaciones: diputados reactivan proyecto que eleva el reparto de utilidades a los trabajadores

Un nuevo proyecto que se tramita en el Congreso amenaza con generar nuevos roces entre la oposición y el gobierno e inquieta en el sector privado. Se trata de una moción presentada en noviembre de 2019 por el diputado PPD Tucapel Jiménez y que tiene como eje central modificar el actual sistema de gratificaciones. La iniciativa fue reactivada este año: el 9 de marzo, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, instancia que preside el propio Jiménez, la comenzó a analizar.

En concreto, el proyecto busca ampliar la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. La gratificación está definida en el artículo 42, letra e) del Código del Trabajo y es “aquella parte de las utilidades con que el empleador beneficia el sueldo del trabajador”.

Lo que se busca con este sistema es hacer participar a los trabajadores de las utilidades que anualmente se producen en las empresas en las que trabajan. Pero también tiene un objetivo adicional: elevar la productividad de las empresas y sus empleados a través de incentivar la generación de ganancias.

La ley establece dos sistemas opcionales para el cumplimiento de la obligación del empleador de gratificar a sus trabajadores: el previsto en el artículo 47 del Código del Trabajo y en el artículo 50 del mismo cuerpo legal.

El primero establece la obligación de gratificar anualmente a los trabajadores en proporción no inferior al 30% de las utilidades o excedentes. Y el segundo fija un método alternativo de pago que consiste en el 25% del sueldo anual, con un tope por año de 4,75 ingresos mínimos mensuales.

En la práctica, las empresas chilenas emplean solo el segundo mecanismo, volviendo casi inaplicable la distribución de utilidades líquidas. Según datos de la Encuesta laboral 2019, el 87,3% de las empresas entregó gratificaciones a sus trabajadores. El 79,1% de las empresas lo hizo con el reparto de 4,75 ingresos mínimos mensuales y tan sólo el 2,6% con el artículo 47, distribuyendo al menos el 30% de las utilidades.

El proyecto presentado en noviembre de 2019 por Tucapel Jiménez vuelve casi obligatoria la distribución del 30% de las utilidades. Primero, porque elimina el tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales establecido en el artículo 50 del Código del Trabajo y autoriza el pago de gratificaciones por esa vía solo si le permita al trabajador recibir una suma mayor al 30% de los excendentes de las empresas.

Además, la moción reforma el artículo 47 y propone que el cálculo se efectúe sobre el total de las remuneraciones anuales de los trabajadores que tienen derecho a recibirla, excluyendo a quienes no lo tienen. Hoy, el cálculo se hace en base a todos los trabajadores de una empresa, más allá de si tienen derecho a recibirlo, ampliando así la base de cálculo.

El diputado Jiménez dice que el cambio propuesto se debe a que sistema de gratificaciones “presenta una serie de deficiencias que imposibilitan que sea una eficaz herramienta para alcanzar el desarrollo y disminuir las desigualdades”. El legislador añade que, en general, las empresas han internalizado como costo fijo las gratificaciones pagadas a sus trabajadores. “Algunas dividen el monto en 12 meses en el sueldo del trabajador, con lo que se pierde el sentido de la norma”, acota.

La propuesta es apoyada por varios diputados, como los RN Francisco Eguiguren, Sofía Cid y Alejandro Santana, Karol Cariola (PC), Gastón Saavedra (PS), Gabriel Silber (DC), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Raúl Soto (Independiente) y Gael Yeomans (Convergencia Social).

En la primera sesión de la Comisión de Trabajo, el gobierno, representado por el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, alertó que esta era una materia de iniciativa propia del Ejecutivo, por lo que sería inconstitucional, ya que afecta las remuneraciones de los trabajadores. Sin embargo, planteó la idea de formar una mesa de trabajo con distintos actores para analizar el sistema y presentar propuestas en un plazo de 4 a 6 semanas.

La idea fue recogida por los parlamentarios y en especial por Jiménez. La mesa se formó a mediados de marzo y en ella participan representantes técnicos de los parlamentarios -oposición y oficialismos-, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

El trabajo de la mesa ha ido avanzando. Ya escuchó a 12 expertos y ahora está en proceso de discusión para comenzar a redactar el informe. Se espera que el texto finalizado esté a mediados de mayo.

Si bien valora el proceso que se está llevando adelante en esa instancia, el diputado Jiménez aclara que en ningún caso será vinculante, sino que un insumo para el debate legislativo. “El 4 de mayo votaremos en general el proyecto para iniciar su discusión en particular. La idea es tomar en cuenta el trabajo de la mesa técnica y buscar puntos de encuentros”, sostiene.

Entre los integrantes de la mesa técnica existe coincidencia en que el actual mecanismo de gratificación no cumple la finalidad para el cual fue creado, ya que no existe un incentivo real para los trabajadores: la mayoría de las empresas en la práctica lo han incorporado en las remuneraciones sin hacer un reparto efectivo de utilidades.

El tema ha sido de preocupación del sector empresarial desde hace tiempo. En 2013, el entonces consejero de Sofofa y más tarde presidente de la CPC, Alfonso Swett, reconocía que el sistema no era el mejor. “Creo que en las gratificaciones tenemos un tremendo problema (...) El 97% de las empresas pagan el 4,75 y el 3% se acoge al régimen de reparto de utilidades. Claramente aquí hay una oportunidad de involucrar más a los trabajadores”, aseguró Swett, quien proponía entonces bajar el reparto de 30% al 10% para incentivar efectivos mecanismos de reparto.

Otras opiniones más actuales han rechazado la propuesta. El gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, se refirió a fines de marzo a esta iniciativa en una columna en Pulso.

El ejecutivo escribió que si se aprueba la propuesta, “se destinaría a los trabajadores un 30% de las utilidades líquidas de una empresa, en la parte que excedan de un 10% del capital propio. Hoy, la utilidad se reparte en forma prácticamente igualitaria entre el Fisco y los accionistas (49,45% y 50,55%), absorbiendo estos últimos el 100% de las pérdidas cuando el negocio sale mal”. Con la iniciativa, describió, los accionistas perderían parte de la utilidad y el Fisco una parte de los impuestos. “Entonces, para recuperar el costo del capital, los precios de los productos deberían subir o las remuneraciones bajar”, alertó.

El tema inquieta en gremios como la Sofofa y el comercio. Una reciente encuesta realizada a empresas del sector comercio arrojó que a un 43% de las compañías consultadas le afectaría mucho, y a un 31,7%, medianamente.

El tema de estudiar cambios a este sistema no es nuevo. Ya en el 2011 un grupo de economistas y abogados integrado por Marcelo Albornoz, Francisco del Río, Andrea Repetto y Ricardo Solari abordó la materia en un informe llamado “Hacia una nueva legislación laboral”.

En ese texto proponían que los empleadores puedan escoger entre dos esquemas alternativos: la gratificación legal bajo la cual se negocia colectivamente el monto a repartir, con un piso del 3% de las utilidades líquidas, sin descuentos por el capital propio, o la gratificación alternativa, equivalente al 25% de la remuneración mensual del trabajador anualizada y sin tope.

Uno de sus autores, Marcelo Albornoz, exdirector del Trabajo en el gobierno de Ricardo Lagos, y socio de Albornoz & Cía., señala que “dada la situación económica actual, no es el mejor momento para avanzar en este proyecto que modifica estructuralmente el sistema de remuneraciones”. No obstante, sí es partidario de revisar el sistema de gratificaciones en una discusión más amplia.

Para Albornoz, no tiene mucho sentido forzar a las empresas a cambiar de sistema sin fórmulas intermedias. “La pregunta es si a todos les vamos a decir que tienen que repartir el 30% o vamos a ver los niveles de utilidades y ahí establecer un sistema mixto y escalonado”.

El exsubsecretario del Trabajo y socio de AMLV Abogados, Zarko Luksic, subraya que “lo interesante de la moción es que mantiene las dos dualidades, pero no estoy de acuerdo en que no haya distinción entre tamaño de empresas”. Y agrega: “una empresa que está recién partiendo le traerá mayor dificultad que un determinado monto de utilidades se vaya a gratificación en lugar de reinvertirla. No se hace cargo de la diferencia entre tamaño de empresas”.