Tras ocho años de tramitación, este jueves 29 de febrero la Comisión Regional de Uso del Bosque Costero (CRUBC) decidirá si aprueba o rechaza la creación de los Espacios Marítimos Costeros para Pueblos Originarios (ECMPO) para las comunidades de la Reserva Nacional Las Guaitecas.

Sin embargo, a pesar de que la solicitud realizada por dos comunidades de pueblos originarios por más de 621 mil hectáreas en la zona (enmarcada en la Ley Lafkenche) busca reconocer el uso consuetudinario sobre la zona costera y resguardar la riqueza natural del mar. Los gremios y sindicatos de la zona advierten sobre las implicancias de esta normativa y decidieron protestar de forma pacífica durante esta jornada.

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Las solicitudes de los ECMPO que se evaluarán son “Cisnes” e “Islas Huichas”, situación que mantiene en alerta a trabajadores, pymes y emprendedores de Aysén.

El director territorial de SalmonChile, Tomás Monge, aseguró al respecto que el 45% de su actividad en Aysén se verá amenazada de aprobarse las solicitudes de ECMPO en las Guaitecas y en Huichas. Estas ECMPO “comprenderían el área donde hoy se ubican más de 300 concesiones (acuícolas), que representan el 45% de las existentes en Aysén y, aproximadamente, el 25% de la capacidad nacional de engorda de salmones”, indicó.

La movilización pacífica cortó el km 4 del camino Aysén-Coyhaique. Además, se encuentran cortados los accesos de la rotonda Aysén-Chacabuco y el puente Presidente Ibáñez.

En la instancia, el presidente Multigremial Aysén y también presidente de la Asociación Gremial de Transporte de Carga de Aysén y Chacabuco (AGRECACH), Conrado Redlich, señaló que “el punto nuestro es que desde aquí puede salir una señal muy grave hacia el resto del país. Nosotros en esta región producimos más del 70% del salmón que se engorda en Chile, que es más allá del 30% del PIB nacional. Entonces puede tener una crisis económica muy grande, no solamente para nuestra región, sino que para todo el resto del país y puede quedar muy en evidencia que la gobernadora no ha hecho bien su trabajo”.

Por su parte, Misael Ruiz, presidente de la Asociación Gremial de Proveedores de la Industria Acuícola de Aysén (AgrupAysén), señaló que si el día jueves, a pesar de las múltiples denuncias, se vota a favor, “vamos a radicalizar totalmente esta movilización que estamos llevando aquí en Puerto Aysén”.

A su vez, desde los gremios SOFOFA de la Macrozona Centro Sur (de Ñuble a Magallanes) se sumaron al llamado a tomar conciencia sobre las consecuencias y el precedente de dicha aprobación, no solo en la región de Aysén, sino en toda la macrozona Sur. En la declaración pública, aseguraron que “este es un otorgamiento exclusivo de más de 621.000 hectáreas que desnaturaliza la interpretación de una ley que, más allá de promover y mantener las costumbres de un grupo de 59 personas, priva a la gran mayoría de las personas y trabajadores de la región de Aysén de una propuesta de desarrollo sostenible de nuestro espacio costero”.

Asimismo, acusaron que la propuesta genera conflictos ya que abre una herida latente entre un grupo reducido de personas -que tienen derechos exclusivos- y la gran mayoría de los habitantes y comunidades de la zona.

“La exclusividad de un pequeño grupo de personas en extensos terrenos se contrapone con el principio de desarrollo sostenible y armónico con el medio ambiente que promueve la política actual de borde costero (...) El hecho de otorgar territorios tan extensos a un pequeño grupo de personas ha significado el desarrollo de una tendencia de un bloqueo descomunal de espacio costero que puede generar una parálisis de inversión e incertidumbre a cualquier actividad productiva, industrial y artesanal a lo largo de más de 6.000 kilómetros de costa”, indicaron en el comunicado.

Por último, expresaron que “como Gremios de la Macrozona Sur nos preocupan las consecuencias de un proceso que no genera acuerdos en un momento en el que el país requiere urgentemente de señales que promuevan unidad, empleo, crecimiento y una mirada de futuro. Hemos visto cómo otras medidas bien intencionadas son mal diseñadas y aplicadas, lo que ha generado la lamentable pérdida de miles de empleos de calidad en regiones donde la actividad económica costera es muy relevante para sus habitantes”.