Hacienda fija déficit estructural de 1,2% al 2021 y evalúa dar rango constitucional al manejo fiscal

Siete días antes de que venciera el plazo legal, el Gobierno dio a conocer la meta fiscal de la administración, fijando una reducción del déficit estructural a 1,2% del PIB al último año de gestión (2021) y un déficit de 1% del PIB en el presupuesto para el Gobierno sucesor.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, detalló que la meta considera bajar el déficit en 0,2% del PIB anual partiendo este año, para el que se estimó un -1,8% (ver gráfico), sin recortes de gasto adicionales a los ya anunciados. En esta línea, el jefe de las finanzas públicas reconoció que "podríamos haber sido más agresivos en materia de metas, pero el tema central es reconocer que tenemos del orden de US$5.500 millones de presiones de gasto, que son muy difíciles o imposibles de manejar", aludiendo a las necesidades de financiamiento que implica la deuda hospitalaria.

Respecto del supuesto implícito de crecimiento para la proyección, Larraín señaló que se consideraron los parámetros estructurales con los que se elaboró la Ley de Presupuestos 2018, es decir un PIB potencial de 2,6% y de precio de referencia del cobre de US$2,77 la libra.

Reacciones

La trayectoria fue considerada realista por parte de los analistas, aunque reconocen que se podría haber sido más exigente. Cabe recordar que en la administración anterior el compromiso apuntaba a una reducción de 0,25% anual, aunque dado el dinamismo del gasto, no se cumplió.

Según Macarena García, de LyD "obviamente nos hubiese gustado mucho más acelerada la convergencia, incluso llegar a 0%, pero entre los gastos comprometidos y los bajos ingresos no es posible", idea con la que coincidió Alejandro Fernández de Gémines, quien sostuvo que "si considera el PIB Potencial, la meta es bastante conservadora y eso facilitaría que se alcance", aunque reconoció que "lo más importante es que se cumpla".

Asimismo, Manuel Agosin, enfatizó que al Gobierno "le falta ambición, habría que reducir el déficit estructural más rápido. Ahora que la economía está repuntando, es el momento preciso".

Responsabilidad fiscal en la Constitución

En cuanto a las cuentas fiscales, fuentes de Hacienda confirman que una de las posibilidades en análisis es darle rango constitucional al concepto de responsabilidad fiscal.

Esta idea estuvo consignada en el Artículo 1 del proyecto que dejó enviado al Congreso la administración Bachelet en los últimos días de gestión y existe una experiencia similar en España, que incluyó dicho cambio tras la crisis económica de 2008. Sin embargo, todavía no es una idea zanjada.

Sobre la iniciativa, la abogada de LyD, Natalia González, advirtió que lo primero sería ver cuál sería su redacción: si como la promoción del principio de responsabilidad fiscal o bien como una obligación específica de las autoridades económicas o incluso del Presidente de la República. "Tendría que ser como norma general para el Estado y quizás delinear sin caer en algo demasiado detallado porque los temas fiscales tienen un dinamismo que se debe considerar", dijo, dando como ejemplo, respecto de poner límites de la deuda pública, tema que en su momento tanto el

Ministro Larraín, como el actual titular de Economía, José Ramón Valente, abordaron de manera favorable.

Asimismo, la abogada advirtió que si se redacta como una obligación específica, podría acusarse constitucionalmente a un ministro, que de prosperar, podría inhabilitarlo para ejercer un cargo público, como ocurrió con la ahora diputada Yasna Provoste cuando fue Ministra de Educación, y Harald Beyer, en el mismo cargo.

"No por contemplar algo en la Constitución queda más resguardado el cumplimiento de una responsabilidad", señaló.