Hacienda ingresa proyecto de ley con 21 materias para impulsar el crecimiento, la competitividad y simplificar la regulación

Era un tema que el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, lo había comprometido con los parlamentarios: ingresar un proyecto de ley misceláneo con distintas materias que perfeccionan algunas normas vigentes y mejorar el marco regulatorio.

En su mensaje principal, la iniciativa ingresada a la Cámara de Diputados se menciona que este proyecto de ley tiene como propósito principal “remover ciertos obstáculos que afectan a distintos sectores de la economía nacional, en un momento en que su reactivación resulta de primera importancia”.

Además, según se enfatiza, tiene como objetivo fortalecer “la competitividad del país mediante ajustes normativos puntuales, que otorguen mayor certeza jurídica y faciliten la toma de decisiones tanto en el ámbito público como privado”.

Y para hacer más explícito su mensaje y las características que tiene esta propuesta, Hacienda menciona que “en un escenario económico globalizado, contar con un marco regulatorio claro, predecible y armonizado es un requisito indispensable para atraer inversión, fomentar la innovación tecnológica y promover el desarrollo sostenible de sectores estratégicos”, y que “este proyecto refleja el compromiso del Estado con la mejora continua de su sistema regulatorio y responde a la necesidad de adaptarse a los requerimientos de un entorno económico en constante evolución”.

Una de las medidas del proyecto es sobre la modificación de un artículo de la recientemente aprobada ley de cumplimiento tributario. Con el objetivo de aclarar y precisar, se establece que para que un tribunal aplique una multa por un acto elusivo, este debe ser tras “sentencia firme”, es decir, que esté completamente determinado por el mismo tribunal. Además, se tiene que declarar que existió un abuso de la forma jurídica o una simulación de contrato para que sea considerado un acto elusivo como tal. Esto tanto como para los contribuyentes como los asesores.

Según se señala en el mismo artículo, esto no se incluyó desde un comienzo por error. “Este cambio es consistente con aquellos que se realizaron como resultado de la mesa de trabajo establecida con asesores de los Senadores de la Comisión de Hacienda del Senado, pero por error no fue incorporado en su momento”, se detalla.

También hay un punto sobre la Polla Chilena de Beneficencia. Con el objetivo de fomentar su competitividad frente al aumento de plataformas de apuestas en línea, que indica, incluso, una diferencia de 30% entre los premios de la Polla Chilena y su competencia. Para esto se señala que la norma “liberaliza los premios que puede pagar”. También se crea un sistema de pronósticos deportivos, que va en la misma línea en cuanto al propósito.

De acuerdo a lo señalado por la iniciativa, actualmente, la legislación establece un límite a los premios que puede pagar Polla Chilena de Beneficencia por los juegos que opera, lo cual restringe su competitividad frente a la proliferación de plataformas de apuestas en línea. En el caso de los concurso Xperto, los premios o “payout” no pueden superar el 55% de las ventas netas de impuestos, en circunstancias que las plataformas de apuestas en línea pagan entre el 85% y 90% de las apuestas deportivas en premios.

Pero las modificaciones también buscan revertir la merma fiscal que ha tenido la polla chilena. “Del valor total de los boletos vendidos, excluido el impuesto establecido en el artículo 2° de la Ley N° 18.110, deberá destinarse un 5% a constituir un fondo de beneficiarios, otro 5% irá a rentas generales de la Nación”.

Las patentes comerciales también son objeto de modificaciones en este proyecto. Lo que se propone es la prórroga de la vigencia de las patentes comerciales provisorias que ya vencieron, de acuerdo a la fecha en que originalmente vencían es que se establece su nueva duración, puede ser para el 2025 o hasta el 2026 en algunos casos. “La pandemia del Covid-19 generó una reducción en la capacidad de gestionar y aprobar los permisos necesarios para obtener la patente municipal definitiva”, además se sostiene que a pesar de una prórroga ya dispuesta el día 1 de septiembre de 2024 aún “se mantiene un alto volumen acumulado de solicitudes de regularización, a las que se suman las nuevas solicitudes de patentes provisorias emitidas desde el 1 de enero de 2024″, detalla el documento. El objetivo es gestionar el vencimiento masivo de patentes en un mismo período.

Sobre el mismo tema, se pretende modificar el plazo de vigencia de las patentes provisorias otorgadas según la Ley de Rentas Municipales. A propósito del tiempo que puede llevar cumplir con los requisitos necesarios para obtener una patente definitiva es que el proyecto de ley busca aumentar la duración de la patente provisoria, se establece que “el plazo inicial de las patentes provisorias sea de dos años, con una prórroga adicional de un año”, ahora bien, se precisa que “siempre y cuando los solicitantes presenten un plan de trabajo que detalle las acciones realizadas y pendientes para la obtención de los permisos definitivos, plan que debe ser aprobado por la unidad municipal correspondiente”.

El escrito sostiene que lo que se busca con estas modificaciones es “proporcionar un marco normativo que promueva la formalización de las actividades económicas, la responsabilidad de los contribuyentes y la mayor recaudación por parte de las municipalidades”, en un contexto de aumento del mercado laboral informal.

El proyecto enviado por Hacienda también busca restituir la competencia exclusiva del Sernac en lo que respecta a la protección al consumidor. “El objetivo es evitar superposición de competencias entre la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), devolviendo a este último la competencia exclusiva en materias de protección al consumidor”.

Además de restituir la exclusividad al Sernac en dicha materia propias de los derechos de los consumidores, el proyecto propone sustituir las multas de 5 UTM o 10 UTM en caso de reincidencia por un monto que puede ascender hasta 1.500 UTM, lo que se busca, según indica el documento, es “incrementar la disuasión sobre prácticas abusivas, fomentando mayor responsabilidad por parte de las entidades financieras y un mayor nivel de protección para los consumidores”. Junto con evitar el cruce de competencia entre autoridades, como pasa, eventualmente, con la CMF.

Se señala, también, una unificación a nivel sectorial de un mecanismo de compensación por cortes de servicios sanitarios, se señalan los servicios de agua potable, gas, alcantarillado, energía eléctrica, telecomunicaciones y teléfono. Actualmente cuando pasa esto, y en determinados casos, rige una norma supletoria, es por eso que con el propósito de establecer una compensación expresa se propone establecer un mecanismo de compensación al usuario que considere la suspensión de cobro tarifario ante interrupciones no autorizadas o certificadas de los servicios públicos sanitarios.

El monto de compensación estará relacionado con la duración de la infracción, su frecuencia y la cantidad de usuarios afectados. Además, se determina que la retribución “se abonará de inmediato y la Superintendencia de Servicios Sanitarios podrá ejercer sus potestades fiscalizadoras y de sanción”, como también resolver discrepancias entre prestador y usuarios.