Hacienda presenta 23 indicaciones para elevar control de recursos de gobiernos regionales tras líos de plata con fundaciones

Los problemas que han tenido los gobiernos regionales con las asignaciones directas a privados que están siendo investigados por la Fiscalía generó un cambio en la forma en que se estaba tramitando el proyecto que busca darle mayor autonomía presupuestaria a los gobiernos regionales. Y si bien antes de conocer estos sucesos existían dudas entre los parlamentarios, estas se acrecentaron posteriormente.

Dado lo anterior, los parlamentarios de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados acordaron en la sesión del 11 de julio trabajar en conjunto con asesores técnicos indicaciones para perfeccionar el proyecto de rentas regionales, que está en su primer trámite en esa instancia legislativa.

Ese trabajo terminó y el resultado fue presentado este miércoles por la directora de Presupuestos, Javiera Martínez y el ministro de Hacienda Mario Marcel, quienes expusieron las indicaciones que el Ejecutivo comprometió ingresar la próxima semana, y de esa manera avanzar en la discusión.

Una de las dudas que estaba presente desde hace semanas era la necesidad de analizar este proyecto con mayor plazo. Eso fue recogido por el gobierno, quienes manifestaron su intención de debatir la propuesta con la debida calma. “A nosotros nos importa que se legisle bien. Nuestra prioridad no es sacar el proyecto con la máxima rapidez, y por eso vamos a mantener la urgencia, que es urgencia simple de manera que haya tiempo para discutir los distintos puntos del proyecto”, afirmó Marcel.

La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, fue la encargada de exponer las indicaciones, que según señaló se ingresarán la próxima semana.

En concreto fueron 23 los cambios que propone el Ejecutivo que se relacionan con siete grandes temáticas: restricción de la aplicación del DL 1263 que busca clarificar el objetivo, el rol de Contraloría General de la República, el sistema contable; modificaciones al ciclo presupuestario de los Gobiernos Regionales; limitación a la regulación del endeudamiento y demás facultades financieras, incluyendo la regla fiscal regional; modificaciones a las reglas sobre ingresos propios; modificaciones respecto al régimen de bienes; modificaciones respecto de los fondos y reforzamiento de los mecanismos de control.

La mayoría apunta a un mayor control de los recursos que administraran los gobernadores regionales.

Así, en materia de ciclo presupuestario, habrá un aumento en las exigencias asociadas a los procesos de elaboración del proyecto de presupuesto regional, agregando criterios para reforzar el rol de coordinación de la Dirección de Presupuestos para el anteproyecto de inversión regional (ARI), se fortalecerá el rol de Contraloría en el ciclo presupuestario y se reforzará la participación de municipalidades en elaboración del ARI.

En este punto se agregarán directrices, lineamientos y exigencias que Dipres pueda realizar para programas de ejecución de presupuesto. Se aumentarán los estándar de fundamentación del gobernador regional para cuando se desvía de programación financiera de mediano plazo. Y en la cuenta pública anual se indicará cuando no se ajustan a la programación.

Respecto de los mecanismos de control, las indicaciones apuntan a potenciar el rol de la Subsecretaría de Desarrollo Regional en la coordinación de la inversión regional. Se analizará que la nominación del Jefe de la Unidad de Control sea por Alta Dirección Pública, modificando algunas exigencias para funcionarios y se ampliará el rol del Consejo Regional en instancias de actuación del Gobernador Regional para aprobación de ciertas materias.

Uno de los temas que fue criticado por los legisladores fue que algunas aprobaciones presupuestarias no pasaban por el Consejo Regional. Específicamente se disminuye el umbral 7.000 UTM a 3.000 UTM los recursos que deben ser visados por los consejeros regionales. Eso en caso que sea asignación de recursos a entidades públicas. En transferencias a instituciones privadas, sin umbral, es decir, todo debe ser analizado por los consejeros regionales.

Asimismo, se mejorará la redacción de causales de infracción grave a normas de administración financiera en cuanto a destitución y se controlará la participación del gobiernos regionales en entidades privadas. En este caso se exigirá un mayor detalle en la descripción de los casos que configuran la causal de cesación del cargo para las autoridades que infrinjan gravemente las normas sobre administración financiera y presupuestaria, y faltas a la probidad, entre ellas transferencias, asignaciones directas con conflictos de interés entre otras.

Se entrega también mayor control sobre quienes participan de las entidades privadas que participa el gobernador regional. En este caso se individualizará a los miembros del directorio de las corporaciones o fundaciones en que el Gore participe. Y habrá un registro y publicación del destino, uso y movimiento de los aportes o subvenciones realizados por el gobernador.

En lo relacionado al endeudamiento y facultades financieras, se agregarán más límites y controles dentro de la regla de endeudamiento. Uno de ellos es que se incorpora un límite de endeudamiento anual correspondiente a una proporción de un indicador, por ejemplo, ingresos totales anuales del año fiscal anterior a definir mediante reglamento del Ministerio de Hacienda.

También se incorporan restricciones para controlar la deuda en un horizonte temporal más extenso al anual, a través de límites al stock de deuda como porcentaje de los ingresos (anuales, del período anterior, o un promedio) y al monto de las amortizaciones de deuda como porcentaje de los ingresos (anuales, del período anterior, o un promedio) indicadores en ambos casos a definir por el Ministerio de Hacienda.

Además se le dará mayores facultades al Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Una de ellas es que el Consejo deberá participar en la elaboración del reglamento de la deuda y de la regla fiscal regional. Y se agregan más restricciones al incumplir requisitos facultades financieras.

Entre los parlamentarios se valoró el hecho que el gobierno no quiera discutir este proyecto de manera acelerada, y por ello esperan analizar en detalle las indicaciones una vez que ingresen al texto, ya que consideran que la redacción debe quedar lo suficientemente clara para que no haya malas interpretaciones.

Una de ellas fue la diputada RN, Sofía Cid, quien dijo que “en el tema del endeudamiento no estoy de acuerdo, dado que los gobiernos regionales en rigor no tienen ingresos propios”. No obstante, resaltó que se pueda ir “mejorando las formas de controlar las transferencias”.

Miguel Mellado también RN dijo que “es bueno que el ministro no esté apurado con este proyecto. Y planteó como principal interrogante el endeudamiento. Su argumentación estuvo centrada en el cuál será el limite total de la deuda del país. “Si se endeuda el gobierno regional y luego no tiene como pagar habrá una sanción, pero me preocupa mucho cuál será el tope”. Además dijo que si se sanciona, cuál será el efecto que tendrá la región, porque los caminos o la inversión no se debería paralizar, puesto que afecta a los ciudadanos de esa región.

El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, planteó que este proyecto debería esperar cómo culmina el proceso constitucional, ya que ahí hay varias propuestas sobre el tema. Su foco también apuntó al endeudamiento: “No entiendo la razón de que se establezca la posibilidad de endeudarse, ya que al final esa deuda la tendrá que pagar el fisco, el gobierno central, ya que pese a que se remueva de su cargo al gobernador no se dejará de financiar esa región y alguien tiene que pagar esa cuenta porque no puede dejar a las personas sin obras de desarrollo”.

El independiente Carlos Bianchi reconoció “el trabajo que una vez más hace Hacienda, ya que permitió que gobierno y oposición logremos acuerdos para perfeccionar los proyectos. Eso se valora porque no siempre está esa posibilidad”. En ese contexto dijo que “si bien las indicaciones presentadas fueron bastante provechosas es necesario ver la bajada”.

El diputado Jaime Saiz de Revolución Democrática, junto con aprobar el trabajo realizado por Hacienda y la mesa técnica, dijo que este proyecto avanza en “poner al día a nuestro país en materia de descentralización”. Y por ello, enfatizó que “no me resulta aceptable que por los casos conocidos se paralice o se retrotraiga este avance y eso es peligroso. Hay que fortalecer los gobiernos regionales en fortalecer el control”.

Y Camila Rojas de Comunes puso el acento en el hecho de que habrá mayores cargos que se nombraran por sistema de Alta Dirección Pública, que, si bien para el jefe de control o de unidades presupuestarias si tiene “sentido”, no así a “otras personas” que deben ser de confianza. Por ello dijo que hay que “discutir más ese tema”.

Ante las dudas de los legisladores, el ministro Marcel afirmó que “es cierto que ha generado más discusión y controversia, pero esto no es el tema central del proyecto, sino que es un mecanismo para generar una mayor flexibilidad (presupuestaria) en el tiempo, pero no es el tema central”. Para Marcel, el tema principal “es el equilibrio entre mayores ingresos propios, mayores facultades y mayor rendición de cuentas. Eso es lo esencial”. Y por ello dijo que en el “endeudamiento tenemos mucha apertura en mejorarlo”.