Gobierno estima efecto laboral de la reforma del sistema de pensiones en 52 mil empleos y 1,5% en salarios

Si bien la reforma previsional entrará en régimen en 2030, y tiene como objetivo central subir las pensiones en un 40% y el pilar solidario en 42%, también tiene efectos colaterales.

Uno de ellos es el costo fiscal que tendrá su implementación, la cual, de acuerdo al Informe Financiero (IF), tiene una distribución desigual en un plazo de 10 años, elevando sustancialmente la carga del próximo gobierno. Es así como salta de un desembolso de US$776,8 millones en 2022 a US$1.335 millones en 2023, y a US$2.130 millones en 2025.

El documento elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) señala que el primer año de entrada en vigencia, en 2020 considerando que la reforma fuera aprobada el próximo año, sería de US$199 millones, la mayor parte debido a los cambios a las pensiones solidarias y al subsidio por dependencia.

El costo aumentaría a US$714 millones el año siguiente porque, entre otras cosas, se incorpora el subsidio a la clase media.

Y en 2022 -cabe recordar que en marzo hay cambio de gobierno- el costo no aumentaría tanto (US$776 millones) estimando que ingresarían en el neto US$107 millones por pago de impuestos debido a la reducción del encaje.

Pero en 2023, el costo fiscal se elevaría en 71% al llegar a US$1.335 millones, para elevarse a US$2.130 millones en 2025, subiendo 33% en promedio en el siguiente período presidencial. De acuerdo al IF durante ese período no sólo aumentan los costos de los cambios al pilar solidario sino que también aumentan los montos que el Estado debe desembolsar en su calidad de empleador ya que mientras en 2022 la tasa de cotización sube de 0,3% a 0,4%, en 2023 se alza a 0,6%.

Es así como el aporte del fisco por este hecho se incrementaría de US$101 millones en 2021 a US$154 millones el año siguiente, y a US$236 millones y US$318 millones los posteriores.

Después de estos saltos, los costos totales tenderían a moderarse entre 2026 y 2029 creciendo en promedio un 10% para cerrar en US$3.149 millones. Ya en 2030 el proyecto entraría en régimen con un desembolso de US$3.348 millones.

Según el IF el Estado también captará menor recaudación producto del aumento de la tasa de cotización a 4% y del seguro de dependencia, ya que lo que podría haber quedado como utilidad ahora será un costo de las empresas. A ello se suman los menores ingresos por excedentes de empresas públicas.

En total de estos cuatro ítemes en 2021 el Estado obtendrá una baja de recaudación por US$51 millones, lo cual irá remontando a US$168 millones en 2023; US$356 millones en 2025; para empinarse a US$556 millones en 2027, hasta llegar a US$686 millones en régimen.

Cabe recordar que el IF contempla el traspaso todos los años de cerca de US$3 millones del Fondo de Estabilización de Pensiones como ingreso adicional a los gastos que contempla esta reforma.

Aún así el gasto fiscal de los cambios al pilar solidario, al aporte previsional y la creación del subsidio de dependencia como el aporte a la clase media son los aspectos más elevados de la reforma.

En el primer de vigencia de esta ley se contempla un costo bajo de US$198 millones que sube a US$1.167 millones en 2023, para seguir creciendo a US$1.774 millones en 2025. Ya en 2027 el desembolso superaría la barrera de los US$2.000 millones para empinarse a US$2.474 millones en 2029.

Junto al articulado se presentaron dos informe de impacto de esta reforma sobre los fondos de pensiones y de cesantía, y el informe de productividad que contempla los costos laborales.

En ese sentido el documento indica que entre 2020 y 2029 el aumento de la cotización de 4% con cargo al empleador puede afectar la creación de 52 mil puestos de trabajo, en línea con lo señalado por la Confederación de la Producción y Comercio (CPC) en los días previos que proyectó 60 mil.

Asimismo se acota que en la transición el impacto promedio por año en el empleo sería en torno a 5.700 puestos de trabajo. El impacto máximo sobre el empleo formal en un año en particular es de 9.000 puestos de trabajo, efecto que va disminuyendo gradualmente en el tiempo.

En cuanto al efecto en los salarios reales el documento señala que disminuirían 1,5%. En este escenario el ahorro y el stock de capital aumentan 2% y 4,1%, respectivamente. El PIB se incrementa en 1,5%".

Cabe recordar que el IF acompañó ayer la presentación del proyecto de pensiones que llegó al Congreso pasado el mediodía, y que fue exhibido a la prensa por los tres ministros responsables de su despacho: de Hacienda, Felipe Larraín; de Trabajo, Nicolás Monckeberg, y de la Segpres, Gonzalo Blumel.

En ese contexto, el primero desestimó la posibilidad de dividir el proyecto como lo ha planteado la oposición para elevar con urgencia, inmediatamente en 10% la pensión básica, y no esperar la tramitación de todo el texto: "No podemos hacernos cargo solo de un problema y dejar de lado las pensiones de la clase media, además de los aportes que queremos hacer a las mujeres y los adultos mayores sin autovalencia (...) Queremos discutir este proyecto en forma integral".

La autoridad espera, no obstante, que el articulado no demore más de un año en la discusión legislativa de modo que en 2020 pueda entrar en vigencia.