Inversión y medio ambiente

Un fallo de la Corte Suprema generó debate esta semana. El tribunal revocó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para un proyecto inmobiliario en Papudo y, en consecuencia, acogió el recurso de protección presentado por los vecinos, ordenando a la empresa ingresar al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) una consulta de pertinencia en relación al proyecto.

El titular del proyecto estimó que no debía someterlo al SEIA por no reunir las características definidas en la ley, por emplazarse dentro del radio urbano de Papudo, y porque no excede de 80 departamentos y 102 estacionamientos, no tratándose así de uno de los casos señalados en el artículo 10 de la Ley N°19.300. No obstante, la Corte consideró que éste debió haber ingresado para la consideración tanto de su emplazamiento y características como de los peligros asociados al mismo. El fallo estableció que los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental no son únicamente aquellos enumerados en el artículo 10 de la Ley N°19.300 y en el artículo 3° del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Más allá del proyecto en particular, esta situación vuelve a revelar la debilidad en la tramitación ambiental de proyectos. En el fondo, se cambió el criterio con el que regían las consultas de pertinencia, pues siempre fueron de carácter voluntario. Así, la resolución le resta certeza jurídica al SEIA y abre el listado de proyectos que deben someterse al SEIA. También abre la puerta a que terceras personas vía denuncias ciudadanas, y ya no necesariamente los desarrolladores, efectúen consultas de pertinencia para definir si deben o no ingresar al SEIA.

Se hace imperioso que los legisladores mejoren los procedimientos de tramitación ambiental con el objetivo de disminuir la cada vez más creciente incertidumbre para quienes toman las decisiones de inversión.