Jeannette von Wolfersdorff: “Una de las recomendaciones de la comisión es elegir una institucionalidad que evalúe el estándar de transparencia fiscal”

En una de sus últimas actividades como ministro de Hacienda, Ignacio Briones, recibió el lunes el informe de la Comisión Asesora para Mejorar la Transparencia, Calidad y el Impacto del Gasto Público.

El documento contiene una serie de recomendaciones para mejorar, principalmente, la transparencia y la rendición de cuentas del gasto público. Todo esto con el objetivo de avanzar hacia una reforma presupuestaria.

La presidenta de la comisión, Jeannette von Wolfersdorff, entrega su balance de lo que fue este trabajo que se extendió gran parte de 2020. “Antes de referirme a la Transparencia Fiscal quiero invitar a poner el foco en un aspecto aún más relevante: la razón de ser del presupuesto nacional”, parte Von Wolfersdorff.

Según nuestra actual Constitución -prosigue-, la labor que le compete al Estado es promover el bien común y facilitar que cada persona se pudiera auto realizar. “Entonces, también al gasto público le corresponde esa misma tarea: que las personas progresen. Y quisiera agregar, que el foco ojalá esté en el bienestar. No obstante, en sus mil páginas, nuestra ley de presupuestos actualmente no explicita objetivos, ni los resultados concretosdel gasto”, sostiene.

Entrando ya en el trabajo propiamente tal de la comisión, afirma que la primera recomendación fue explicitar los objetivos finales del gasto público y definir métricas para medir el respectivo progreso. “Definir un acotado número de objetivos-país, con quizás no más de veinte o treinta indicadores estratégicos, como en Nueva Zelandia, tiene un valor transcendental, incluso si el debate sobre estos objetivos, metas y resultados no logra permear el debate presupuestario”, complementa.

¿Cuál es el diagnóstico que la comisión hizo del estado actual de transparencia fiscal?

-La última Encuesta de Presupuesto Abierto de 2019 mostró que Chile sigue siendo deficitario en supervisión presupuestaria, y también que estamos lejos de lo óptimo en materia de transparencia fiscal. Nuestro país está mejor evaluado que el promedio latinoamericano, pero tiene un desempeño inferior a Brasil, Perú y Argentina, y ha ido cayendo sucesivamente en el ranking internacional, pasando desde el número 8 en 2010 al número 42 -entre 115 países- en 2019. Hay aquí un desafío estructural, más allá de cierta información que falta ser transparentada. Actualmente, es el Ejecutivo quien define su propio estándar de transparencia fiscal. Es como un juez que define sus propias leyes. No es un problema específico de este gobierno, pero se hizo más evidente en 2020. En general, tenemos abundante información fiscal, o informes que acompañan a proyectos de leyes, pero estos casi siempre muestran lo que el Ejecutivo de turno quiere mostrar, no necesariamente lo que los usuarios de la información quisieran saber. Por ello, una de las recomendaciones más estructurales de la comisión es elegir una institucionalidad pública y autónoma existente, para ir evaluando el actual estándar de transparencia fiscal, y para emitir continuamente análisis y recomendaciones. A mi juicio, a cargo de ello pudiera estar el Consejo Fiscal Autónomo, por su conocimiento, y porque se trataría de funciones complementarias a su actual rol.

¿Se cumplió el objetivo del trabajo que fue encomendado a la comisión?

-La comisión de Gasto Público se creó para recomendar avanzar en el diseño e implementación de una agenda de modernización presupuestaria. Avanzamos más en recomendaciones, que en acompañar su implementación. Quizás la excepción fue la recomendación de rendir cuentas de forma personalizada, en el marco de la Operación Renta 2020. También acompañamos al Director de Fonasa en avanzar hacia un nuevo estándar de transparencia hospitalaria que se implementará estos días. No avanzamos en acompañar la modernización presupuestaria misma, o el tan necesario acercamiento entre Hacienda y el Congreso en estas materias. Para ello, hubiésemos requerido más interacción con el Ejecutivo, lo que estaba fuera de nuestro alcance. Pero, cumplimos, me atrevo a decir con una mezcla de orgullo colectivo y alivio, en consensuar un conjunto de recomendaciones estructurales, de forma unánime. Nuestras recomendaciones son técnicas, por lo que corresponde ahora al mundo político tomar una decisión al respecto.

¿Se pudo trabajar de manera independiente del gobierno?

-La Comisión trabajó de forma transversal e independiente del gobierno, pero también hubo diferencias sobre ciertas recomendaciones, porque algunas propuestas emitidas durante el 2020 no necesariamente acomodan a Hacienda, y también, porque el Ministerio debería reforzar más su equipo técnico, para poder avanzar realmente en estos ámbitos. Es cierto también que ser independiente del gobierno, y dar opiniones en este marco, tiene sus costos y puede cerrar puertas, en especial en un país pequeño, centralizado y concentrado. Pero aquí hicimos recomendaciones desde lo colectivo, y de forma constructiva.

¿Ve entonces que hay espacio para avanzar y que se adopten estas recomendaciones?

-En lo personal, y basado en mi experiencia del Observatorio Fiscal, espero que la actitud de las personas que están en posiciones de poder público va a evolucionar, en el sentido de estar más abiertas a reconocer las brechas a cerrar, y así también, a escuchar más a las voces escépticas en vez de exigir lealtades ciegas. Estando en el siglo XXI, ello no conversa con el Zeitgeist actual (se refiere al clima intelectual y cultural de una era). Y, aunque parezca pecar de optimismo, quiero decir que el abrir las puertas del Ministerio de Hacienda a una comisión externa, de pensamiento, experiencias y orientaciones diversas, al menos ya mostró una creciente voluntad de avanzar en temas de eficiencia y transparencia del gasto público. Es una puerta que se abrió, y que habrá que seguir abriendo porque oxigena el Estado.

El gobierno anunció esta comisión dando bastante importancia, ¿cree que el gobierno mantuvo la importancia que ameritaba esta comisión?

-La idea de la Comisión nació en un momento complejo -en noviembre 2019- después del estallido social, cuando el aire alrededor de La Moneda estaba denso y los gritos fuertes. En esta situación empezamos a conversar con el ahora exministro Briones sobre la necesidad de implementar una agenda presupuestaria, con más transparencia y participación para atender mejor las demandas sociales, y enfrentar de forma más estructural la desconexión de los ciudadanos con el Estado. La estructuramos, la convocamos, y en lo personal, renuncié a un directorio importante para hacerse cargo de ello, dado que el ministro quería dedicación prácticamente exclusiva para esta tarea. Poco después partió la pandemia. La misión de la Comisión era aún más importante, por la situación fiscal y la ejecución rápida de varios gastos.

¿Hubo algún comentario o reacciones de los parlamentarios?

-En pocos meses hubo varias recomendaciones de la comisión que fueron bien acogidas por los senadores de la Comisión de Hacienda del Senado, en especial de Ricardo Lagos Weber, Carlos Montes, Jorge Pizarro. En el segundo semestre 2020, fueron ellos que incluso pidieron al gobierno avanzar de forma concreta hacia una reforma presupuestaria. Pidieron armar un pacto político para ello, junto con elaborar una hoja de ruta. Paradójicamente, el Ejecutivo no supo tomar este guante.

En el documento se propone una reforma presupuestaria abordando los desafíos estructurales en el ámbito de la eficiencia fiscal, la transparencia y la participación ciudadana a lo largo del ciclo presupuestario, ¿cómo se puede materializar y si está la institucionalidad preparada para este cambio?

-Hay varias recomendaciones en el informe final que no necesitan necesariamente un cambio legislativo. En el marco actual hay teóricamente un foco en eficacia, eficiencia, transparencia, pero todos estos conceptos no han permeado en la práctica los distintos instrumentos del sistema. El sistema de monitoreo y evaluación podría seguir avanzando en su modernización sin necesariamente tener cambios legislativos.

Otra de las recomendaciones es el crear un Sistema de Monitoreo y Evaluación consistente y vinculado al proceso, ¿quién debe hacerse cargo de ese monitoreo?

-Recomendamos que el monitoreo tenga como foco los programas públicos, y debatimos sobre la legitimidad del proceso actual que implica que el Ejecutivo sea el que se evalúa y monitorea así mismo. Consideramos importante dar una mayor objetividad, pero sin quitarle a la Dirección de Presupuestos el rol protagónico junto con el Ministerio de Desarrollo Social. Por ello, recomendamos la creación de un Consejo de Monitoreo y Evaluación como nueva institución y que funcione de manera autónoma que tenga la misión de darle las directrices sobre los procesos y de velar por la correcta aplicación de las directrices. La recomendación nuestra es que este consejo sea elegido en base a criterios estrictamente técnicos a través del Sistema de Alta Dirección Pública. Con esto uno cumple el objetivo de evitar una eventual subjetividad que podría ser excesiva cuando el gobierno de turno se auto evalúa.

¿Cómo se enmarca este informe y los cambios que se deben hacer en el debate de la nueva Constitución?

-Muchas de las reformas propuestas no necesitan un cambio constitucional, pero consideramos que hoy día se abre una oportunidad muy interesante para poner en el centro de la discusión la pregunta de cómo avanzar hacia un sistema presupuestario más transparente y participativo y con más foco en los objetivos finales para lo que existe el gasto público.