Justicia ambiental cumple siete años y causas tramitadas ya superan las 500

Siete años se cumplieron esta semana desde que juraron los ministros del Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, el primero de las tres sedes que logró constituirse.

Desde entonces, y a pesar de un comienzo lento, el sistema ha ido sumando cada vez más causas. Al cierre de 2019, según consta en la cuenta pública publicada por los tres tribunales ambientales que operan en el país: Antofagasta, Santiago y Valdivia, han ingresado 545 causas, de las cuales 103 se mantienen en tramitación.

Se trata de un número que ha ido creciendo en el tiempo. Solo en 2019 ingresaron a las tres sedes 117 causas. De ellas, casi la mitad ingresó en Valdivia, sede que abarca desde la Región de Ñuble al sur. Un incremento en el trabajo que ha obligado a los tribunales a acelerar el tranco, que ha sido precisamente uno de los puntos más críticos que han tenido estos tribunales, lo que incluso ha sido levantado por la Corte Suprema.

Al analizar la evolución de la justicia ambiental varios puntos llaman la atención. Uno de ellos es el cambio en el perfil de los reclamantes: si bien en un comienzo los casos más frecuentes se relacionaban con grandes proyectos y grupos ambientalistas, hoy es creciente el rol de las comunidades.

El presidente del tribunal de Valdivia -el segundo en constituirse en el país, tras el de Santiago-, Iván Hunter, abordó este punto en el discurso de su cuenta pública, asegurando que la comunidad hoy se consolida como el principal grupo de recurrentes que inicia una acción judicial.

“Si revisamos las reclamaciones y demandas de dicho período, 32 fueron iniciadas como recurrentes por la comunidad (personas naturales o jurídicas); 4 por empresas y 10 por organismos públicos. Esto marca una diferencia respecto del 2018, dado que ese año 10 causas fueron iniciadas por la comunidad; 11 por empresas y 5 por organismos públicos”, aseguró Hunter.

El perfil geográfico de cada sede explica en gran parte la actividad que se concentra allí. Por ejemplo, el tribunal de Antofagasta es el que menos casos ha tramitado -lo que se explica también porque fue el último en constituirse, en 2017- pero es el que analiza proyectos con mayor inversión asociada, “como también por la cantidad y calidad de los recursos naturales que se ven afectados, como por ejemplo, los recursos hídricos”, subrayó en su discurso el ministro presidente del Primer Tribunal Ambiental, Mauricio Oviedo.

“Si a lo anterior se agrega la variable pueblos originarios, el resultado es un territorio jurisdiccional en permanente tensión desde el punto de vista de los conflictos socio- ambientales”, añadió Ovando, quien a la vez dijo que “estamos convencidos que, en la medida que las empresas transparentan y hacen partícipes oportunamente a las comunidades que habitan los territorios donde se emplazarán, el nivel de conflictividad disminuye”.

Uno de los temas que ha complicado el funcionamiento de los tribunales ha sido la dificultad para constituirse en su totalidad, lo que se relaciona con el complejo sistema de nombramiento de los ministros, que deben ser visados por el Senado. Esto provoca que, por ejemplo, a la fecha no se ha dado en ningún momento que los tres tribunales tengan, al mismo tiempo, todos sus ministros titulares.

Para el ministro presidente del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, Cristián Delpiano, uno de los puntos a mejorar está relacionado con la reducir los tiempos de respuesta en la resolución de causas. Esto, “a pesar de las dificultades de integración que hemos tenido”, subrayó.

“Con el apoyo de la Corte de Apelaciones de Santiago, y con la propia organización interna que se planteó el tribunal, hemos logrado dar continuidad al análisis de las causas ingresadas y salir adelante, a pesar de nuestros vacíos en materia de integración. Justamente, en este último punto, surge otro de nuestros retos más importantes; que consiste en ser cada día más eficientes y eficaces en la resolución de los conflictos ambientales”, concluyó Delpiano.